Rosio González Torres

Expediente 1753/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1753/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Rosio González Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Autoridad manifiesta Téngase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado solicitando se le conceda prórroga para rendir informe justificado; lo anterior sin mayor proveído, toda vez que se le tuvo por rendido informe justificado mediante la promoción registrada como 28763, acordada en la audiencia constitucional de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve; así como que por auto de siete de febrero de dos mil veinte, se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se ordenó su archivo. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de garantías. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. Ha causado ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Requiérase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla para que, en el término de tres días legalmente computados, de cumplimiento a la ejecutoria del amparo, esto es: "Dicte el proveído reservado en audiencia de cuatro de julio de dos mil diecinueve, relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral D-2/211/2019, de su índice" (foja 27) Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, se hará acreedora a una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de incumplimiento, además de la sanción económica antes mencionada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Dese cuenta en breve lapso para acordar lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a ...., contra el acto y autoridad fijados en el resultando primero; por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Vista la certificación de cuenta, y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa nada manifestó con relación a la vista otorgada mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 303), con el propósito de que refiriera lo que a su interés legal conviniera en relación con los actos llevados a cabo por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y este juzgado procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias integradas al expediente el fallo protector se encuentra o no cumplido, con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, que al rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 87 a 111), misma que fue recurrida mediante recurso de revisión respecto del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual mediante ejecutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca R.A.- 1/2019, confirmó la sentencia sujeta a revisión que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para efecto de que la autoridad responsable Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, restituyera a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado, en los términos siguientes: ".1. Dejar insubsistente la resolución de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis emitida dentro del recurso de revocación 50/2013 que confirmó la diversa de cinco de septiembre de dos mil trece, dictada en el expediente 07/2011. 2. Emitir una nueva determinación, en la que: a) Prescinda de atribuir como conductas al quejoso .... las relativas a la gestión de la demanda de incumplimiento de contrato, o en su caso la aplicación de fianza de cumplimiento; la violación al ordinal 12 del Decreto de creación del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos; la obligación de signar las actas de entrega de bienes, y la violación a los numerales 22 y 23 del Manual de Procedimientos de Adquisiciones por invitación y licitación de mobiliario y equipo escolar del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos; y b) Se pronuncie sobre el agravio tercero del recurso de recurso de revocación, tomando en consideración lo expuesto en el apartado C2, del considerando último de la presente resolución. El amparo se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen al Delegado de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Educativo, porque si se concede el amparo respecto de los actos de la ordenadora, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 41, Tomo 55, Julio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." (foja 110)." Por auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 229 y 230), se tuvo por recibida la ejecutoría de mérito y se requirió cumplimiento a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio CGJ-1044/2019, de quince de octubre de dos mil diecinueve, recepcionado el dieciséis de octubre siguiente, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de quince de octubre de la presente anualidad, de la que se advierte lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución CGJ-191/2016, de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, dictada en autos del administrativo 50/2013. 2. Con relación al tercer agravio expuesto en el recurso de revocación de origen, en el que la parte quejosa argumento la falta de pruebas para acreditar las conductas que le fueron atribuidas previstas por el artículo 50 fracciones l, ll y XXl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aduciendo que se realizó un pronunciamiento general de la imputación de la conducta y una falta de adecuación de los supuesto de ley, realizó el pronunciamiento correspondiente respecto de las siguientes conductas atribuidas al aquí quejoso: a) Que en su calidad de Director Administrativo del Comité Poblano para la construcción de Espacios Educativos, le correspondía realizar las acciones necesarias para evitar deficiencias en la actuación del personal bajo su dirección, como lo es la Subdirectora de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales y el encargado del almacén del referido Comité. b) Que debió vigilar el cumplimiento a sus operaciones con apego a las disposiciones legales; y, c) Que la falta de incumplimiento a sus obligaciones origino que las unidades administrativas dependientes de la Dirección a su cargo, realizaran el pago de los diversos contratos celebrados con ... relativo a la adquisición de diverso mobiliario y equipo para beneficiar a distintas Instituciones Educativas, sin que el mismo fuera entregado en forma completa; faltante que ascendió a un importe de $866,384.66 (ochocientos sesenta y seis mil trecientos ochenta y cuatro peos 66/100 M.N). Una vez analizados los argumentos hechos valer respecto a las citadas conductas, la responsable concluyó que no obstante que no se acreditó la primera conducta imputada, precisó que la debía persistir ante ello la conducta que genero el daño al erario público estatal, y que por tanto era irrefutable el vínculo entre la conducta desplegada y el resultado destinatario y por ende agraviado último es la colectividad, siendo procedente imponer al recurrente una sanción en proporción a la conducta irregular administrativa en que incurrió, la afectación económica que resintió el erario, así como su alto grado de responsabilidad en relación al cargo que tenía. 3. Finalmente, en la resolución emitida la responsable prescindió de atribuir como conductas al aquí quejoso consistentes en: a) Las relativas a la gestión de la demanda de incumplimiento de contrato, o en su caso la aplicación de fianza de cumplimiento; b) La violación al ordinal 12 del Decreto de creación del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos; c) La obligación de signar las actas de entrega de bienes, y la violación a los numerales 22 y 23 del Manual de Procedimientos de Adquisiciones por invitación y licitación de mobiliario y equipo escolar del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos. Documental que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 303), se dio vista a la parte quejosa con el informe de cumplimento dado por la responsable. En esas condiciones, la autoridad responsable Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado, al dejar insubsistente la resolución CGJ-191/2016, de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, dictada en autos del administrativo 50/2013; pronunciarse respecto al tercer agravio hecho valer por la parte recurrente, aquí quejosa, realizando la valoración de los argumentos realizados concluyendo que debía persistir la sanción impuesta por la autoridad primigenia; y, prescindir de atribuir como conductas al aquí quejoso las señaladas en el punto 3., incisos a), b), y c); aspectos específicos con los que se cumplen cabalmente los efectos de la protección constitucional en este juicio de amparo, por lo que se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Glósese a los autos el original del incidente de suspensión y guárdese por separado el duplicado. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General.

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