Rosio de Carmen López Ramos
Expediente 365/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 365/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Rosio de Carmen López Ramos
- Luis Alfonso Rivas Aguilar
Actuaciones
- Principal
...Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en el que se sobreseyó este juicio de amparo promovido por Luis Alfonso Rivas Aguilar, Rocio del Carmen López Ramos y Moisés Américo Cortez Betanco, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor...
- Principal
En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas del veintinueve de abril de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 365/2022-4, promovido por Luis Alfonso Rivas Aguilar, Roció del Carmen López Ramos y Moisés Américo Cortez Betanco.El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. Primero, se tiene por recibido y se agrega a los autos el alegato Ministerial 218/2022, presentado por la Agente del Ministerio Público adscrita, de igual manera se agrega el informe justificado INM/ORTAM/ORLEY/DAJ/0297/2022, rendido por el Representante Local en Reynosa, del Instituto Nacional de Migración, mismos que serán tomados a consideración oportunamente. A continuación, el Secretario da lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 10), así como a las demás constancias de autos, y da cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración el informe justificado al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario da cuenta con las documentales de la autoridad responsable, exhibidas al rendir su informe con justificación (tomos 31 a 43). A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. Posteriormente, el Juez declara abierto el período de alegatos, y el Secretario da cuenta con los formulados por la representación social, en la intervención ministerial 218/2022. A lo que el Juez acuerda: Téngase por reproducidos los alegatos de referencia y al no haber más que reproducir se cierra esta etapa. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente: S E N T E N C I A: VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 365/2022-4; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós, ante el Secretario de guardia, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Luis Alfonso Rivas Aguilar, Roció del Carmen López Ramos y ********************promovieron juicio de amparo a contra actos del Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 11, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de doce de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 365/2022-4, y en cumplimiento al requerimiento formulado en esa misma fecha, en el acto de la notificación, Luis Alfonso Rivas Aguilar, Roció del Carmen López Ramos ratificaron la demanda de derechos fundamentales. En consecuencia, por auto de dieciséis de marzo siguiente, se admitió la demanda, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado es la aplicación de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, la privación de libertad y la orden de deportación. TERCERO. El Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, al rendir informe justificado hizo del conocimiento la situación jurídica de los quejosos, y remitió las constancias de las que se advierte que dictó resolución con oficio de salida sujeto a control, el quince de marzo de dos mil veintidós (fojas 36 y 43).A la mencionada documental le corresponde pleno valor probatorio conforme los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. El estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, cualquiera que sea el estado en que se encuentre el juicio, por lo que es obligación de todo órgano de control constitucional que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, debe entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Pues bien, en el caso el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya actualización provoca que deba sobreseerse en el juicio constitucional en términos del artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La determinación que aquí se adopta se justifica con base en el informe justificado rendido por el Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, del que se advierte que el quince de marzo de dos mil veintidós, se ordenó la salida de la Estación Migratoria en Reynosa de los extranjeros aquí quejosos. De lo anterior, es claro que se actualiza la hipótesis de improcedencia que prevé la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues se constituyó una situación idéntica a la que habría existido si se hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, pues la autoridad dejo de afectar su esfera jurídica, y con ello no deja huella que amerite ser borrada por la protección constitucional y ser restituida en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como P. CL/97, consultable en la página 71, del Tomo VI, de Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 197367), cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este mismo sentido deberá de tomarse a consideración en cuanto al quejoso ********************quien no se encuentro dentro de las instalaciones de las oficinas de migración, en virtud de que fue retornado a su país de origen el once de marzo de este año, como consta en foja 19, según acta de notificación de la actuaria adscrita, por tanto que se ha consumado el acto reclamado de manera irreparable, de acuerdo al artículo 16, fracción XVI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracciones V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse este juicio de amparo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 365/2022-4, promovido por Luis Alfonso Rivas Aguilar, Roció del Carmen López Ramos y ********************respecto de los actos reclamados, autoridad responsable y por los motivos anotados en los considerandos segundo a cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvio y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de la constancia actuarial de doce de marzo del año en curso, se advierte que Luis Alfonso Rivas Aguilar, Rosario del Carmen López Ramos y Moisés Américo Cortez Betanco manifestaron su deseo de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, contra actos del Delegado Local dela Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, asimismo, la quejosa refiere que su nombre correcto es Rocío del Carmen. En consecuencia, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida a favor de Luis Alfonso Rivas Aguilar, Rocío del Carmen López Ramos y Moisés Américo Cortez Betanco. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. Sin tramitar incidente de suspensión, toda vez que el doce de marzo del año en curso, se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de aquél al que reciban la notificación del presente proveído, mismo que inclusive podrá ser rendido utilizando la vía fax que se sirva transmitir al número telefónico 899-926-30-74, correspondiente a este Juzgado Federal, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarlos en estado de indefensión. Se reserva el señalamiento de un tercero interesado hasta en tanto obren en autos las constancias que integran el procedimiento de origen, y de las que pueda desprenderse la existencia de una persona con el carácter de víctima u ofendido, con derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, y por ende, resultarle tal carácter, conforme al artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama. En esta medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo si informan lo peticionado por vía fax, resultará innecesario que lo hagan también por telegrama o por correo oficial. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celebridad procesal, se solicita atentamente a la autoridad responsable, para que al momento de que rinda su informe justificado proporcionen a este órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan transcendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
...téngase por recibida la demanda... se advierte que los quejosos se encuentran en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración... se concede la suspensión de plano de los actos reclamados para el efecto de que la autoridad responsable no ejecute en agravio de los quejosos, deportación, rechazo, explusión o devolución a su país de origen... instruya la inmediata libertad hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfagan los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria... requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable... sin que se le requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria... los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días... manifieste si ratifica o no la demanda de amparo...
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