Rosinelva Jarquín Ríos
Expediente 1120/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosinelva Jarquín Ríos
Actuaciones
- Principal
-Mesa 4-B, Pral. 1120/2015, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil quince. I. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el proveído dictado el once de agosto del año en curso (fojas 15-17), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, sin que se hubiere interpuesto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho auto; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. II. En otro aspecto, las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto inicial, por lo que, éste y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoriada, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. III. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
*CUADERNO DE ANTECEDENTES PRAL. 68/2015 MESA AMP. 4-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diecisiete de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, la copia del oficio número CJO/OPC-M/4407/2015, suscrito por la encargada de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Mixtos de Primera Instancia, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual informa que el despacho con números de orden 1810/2015 y origen 915/2015, del índice de este Juzgado, fue remitido al Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia, con sede en esa población, para su diligenciación. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 300 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, se requiere al juez Segundo Mixto de Primera Instancia, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, devuelva diligenciada la citada comunicación oficial; apercibido que de no cumplir con lo anterior o no manifestar el impedimento legal que tuviere para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el diverso numeral 259, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
-Mesa 5-A, Pral. 1481/2014, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Vistos los autos de este juicio de amparo, por cuanto que ha transcurrido el término que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución engrosada el nueve de julio de esta anualidad (fojas 74 a 80); con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Sin que obste para lo anterior, que no se cuente con el acuse de recibo respectivo, con el cual se acredite que la autoridad responsable, Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su carácter de tercero interesado, residente en esta ciudad, hayan quedado notificadas de la sentencia de mérito; porque carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión a que se refiere el numeral 86 invocado, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer el afectado; de ahí que, en el caso, la única que pudiera resultar afectada con el fallo en cuestión es la parte quejosa; quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. Como así lo ilustra la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo XVIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Y por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, de rubro: "REVISIÓN MAL INTERPUESTA POR PARTE DE AUTORIDADES". Y en razón a lo anterior, carece de objeto la permanencia del a) toca penal número 478-(II)/2014 del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, así como la b) copia certificada del expediente penal número 205/2007 del inventario del Juzgado Sexto de lo Penal, con residencia en esta ciudad; mismos, que remitió como justificación a su informe la referida Sala Penal, los cuales en proveído de cinco de diciembre de dos mil catorce, se ordenó guardar por separado (foja 17); por tanto, devuélvanse a dicha Sala, solicitando el acuse de recibo respectivo. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Por otra parte, toda vez que mediante sentencia que obra en autos, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 74 a 80), y seguidos los trámites legales, en este proveído se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; por lo que, como no existe asunto pendiente de diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es DEPURABLE una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las parte que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
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