Rosiles López Díaz
Expediente 910/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Rosiles López Díaz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, con fundamento en el citado numeral, en relación con el diverso 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su precepto 2°, se declara que ha causado estado; practíquense los apuntes respectivos en el libro de gobierno. En términos del numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia constitucional emitida en el presente juicio de amparo, por lo que, se requirió a las autoridades responsable, el cumplimiento dado al fallo protector. Ahora, agréguese a los presentes autos, los oficios de la autoridad responsable de cuenta, mediante el cual, remite constancias e informa las diligencias realizadas para cumplir con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene en vías de cumplimiento de la sentencia de amparo. En ese orden, visto el estado procesal del cuaderno en que se actúa, se observa que aún no se ha dado cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO En ese sentido, resulta necesario precisar que, en el presente asunto, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a *****, para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche y Actuario de su adscripción, con residencia en Ciudad del Carmen, realice lo siguiente: ? Dentro del plazo improrrogable de tres días, contados a partir de que cause ejecutoria el presente fallo, gire los exhortos correspondientes, a fin de lograr el llamamiento a juicio de los terceros ************************; hecho lo anterior, remita a este juzgado las constancias que acrediten fehacientemente, que dicho exhorto fue debidamente diligenciado en los plazos y términos previstos por La Ley Federal del Trabajo." REQUERIMIENTO En ese tenor, y en atención al estado que guardan los presentes autos, con fundamento en los artículos 192 y 197, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche y Actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que sean notificadas del presente auto, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el total cumplimiento del fallo protector, o bien, indique el impedimento que tenga para ello. Lo anterior, con la finalidad de que este Juzgado Federal esté en posibilidad de pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria; toda vez que, los juicios de amparo no pueden permanecer paralizados, conforme con lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna. APERCIBIMIENTO Apercibiéndoles que, de no cumplir con lo anteriormente requerido dentro del término concedido, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa. En el entendido, que en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. De ahí que, ante un requerimiento de esta naturaleza, debe hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer para conseguir su cumplimiento, lo que, además, deberá comunicar a este órgano judicial. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, a seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por xxxxxxxxxxxx, quien se ostenta apoderado de xxxxxxx, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, y otra autoridad. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno, bajo el número de juicio de amparo indirecto 910/2021. Ahora bien, antes de proveer en cuanto a su admisión o desechamiento, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente no cumple con lo ordenado en los artículos 108 fracción I, y 114 fracciones II y III, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.)". "Artículo 114. El Órgano Jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, Irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; (.)". En el caso concreto, José Daniel Nápoles Flores promueve el presente juicio de amparo indirecto en su carácter de apoderado de Rosiles López Díaz; sin embargo, no exhibió documento idóneo con el que acredite dicha personalidad, para que, en su caso, pudiese ser admitida en este juicio de conformidad con los artículos 6, 10 y 11 de la Ley de Amparo, que disponen que la representación le será reconocida siempre que se acredite con las constancias respectivas. De este modo, si no se acompaña al escrito de demanda el documento que acredite la representación de quien la promueve, la misma no debe ser admitida a trámite pues falta satisfacer uno de sus requisitos de procedencia, por lo que debe requerirle a la parte promovente para que lo exhiba dentro del plazo legal, apercibida de las consecuencias que derivarían de no hacerlo, pues con ello se evita dar curso a un procedimiento que puede conducir a un fallo de sobreseimiento cuyos efectos lesivos de los intereses de la parte quejosa son evidentes, ya que se quedará sin la oportunidad de ser oído en defensa, y se crea un estado de seguridad jurídica que permite a la parte promovente satisfacer de manera oportuna la carga procesal de acreditar su personalidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2009, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 29, abril de 2009, página 7, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.". Así también, es aplicable la jurisprudencia 43/96, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, julio de 1996, del tomo 4, página 48, del tenor literal: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Junta Local Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el Junta Local revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Por las razones expuestas, a fin de determinar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda intentada, es necesario prevenir al promovente, con fundamento en los artículos 108 fracción I, y 114 fracciones II y III, ambos de la Ley de Amparo, a efecto de que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante atento escrito y con las copias a que se refiere el numeral 110 de la ley de la materia, necesarias para correr traslado a las partes, cumpla con lo que a continuación se indica: Acredite con documento idóneo tener la personalidad de apoderado de Rosiles López Díaz, por ser un requisito de procedencia de la acción constitucional. Con el apercibimiento que, de no cumplir lo ordenado en la forma y plazo señalados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En otro orden, se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del diverso 12 de la citada ley, a las personas que señala; esto, al tratarse de un asunto que versa en materia laboral y quien promueve es la trabajadora. Ahora bien, siendo que el domicilio señalado por la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano de control constitucional; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, comisione al actuario judicial de su adscripción, se constituya en el domicilio ubicado en calle Caracol, número ciento veintiuno A, Colonia Justo Sierra, Ciudad del Carmen, Campeche, y notifique personalmente el presente auto al promovente José Daniel Nápoles Flores, para lo cual se anexa copia del mismo. En esa misma actuación, deberá prevenirle para que dentro de los tres días siguientes de aquél en que sea legalmente notificado, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, y apercibirle que de no hacer manifestación alguna al respecto, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, sin ulterior acuerdo, tal y como lo disponen los artículos 26, fracción III, y 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de ser informado dónde pueda ser localizado el referido promovente, se otorga plenitud de jurisdicción para que realice la diligencia encomendada; y, diligenciada en sus términos la comunicación enviada, se solicita de la manera más atenta a la autoridad auxiliar, se sirva devolverla a la brevedad posible. De igual manera, en atención a lo solicitado por la promovente y toda vez que su autorizado está registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el usuario ABGOADOS010914; se le concede acceso al expediente electrónico para su consulta. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde ahora los días y horas inhábiles para que el actuario realice las notificaciones correspondientes en el presente asunto; ello, atendiendo a las cargas de trabajo del juzgado y con la finalidad de tutelar el derecho fundamental de acceso a justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 constitucional. En otra tesitura, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con los diversos que lo reforman respecto a su vigencia, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse, y de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En ese sentido, se tiene a la parte quejosa designando para entablar comunicaciones no procesales, el número de teléfono móvil que precisa en su demanda. Igualmente, conforme al Acuerdo General conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, así como al referido numeral 3 de la ley de la materia, fórmese tanto cuaderno impreso como electrónico del presente juicio de amparo indirecto; para ello, se ordena digitalizar las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que integren el expediente en que se actúa. También, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, prevalecerá el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, con apoyo en el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · 8,606 expedientes
- Rosendo Ivan Rodríguez Chan515/2018
- Rosendo Madrid Uribe887/2022
- Rosendo Madrid Uribe825/2023
- Rosendo Paz Torres811/2021
- Rosendo Paz Torres413/2013
- Rosendo Paz Torres356/2013
- Rosiles López Díaz y Otros.500/2023
- Rosiles López Díaz y Otros.505/2023
- Rosmeri Koyoc Chan932/2022
- Rosmery Rodríguez Gamboa y Otros.1129/2022
- Rosmery Rodríguez Gamboa1130/2022
- Rosmild Jesús De la Gala Muñoz114/2022