Rosi Lugardo Luna
Expediente 504/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 24 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 13/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rosi Lugardo Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de diecisiete de octubre del presente año, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
"... lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/69, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 45, del Núm. 75, Marzo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Asimismo, la jurisprudencia número 4, sustentada por la Segunda Sala de la Máxime si se tiene en cuenta que el quejoso no se ubica en alguno de los supuestos de excepción al plazo genérico para presentar la demanda de amparo, que enumera el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, pues los actos que reclama no se ubican en alguna de las hipótesis ahí precisadas. Conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para los quejosos a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el que la acción constitucional se inste dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario; por ende la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. En aras de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora que se había señalado para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Cabe señalar que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el numeral 93, fracciones I a III, de esa ley dispone: "al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; por consiguiente, si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia.". Ahora bien, de la interpretación sistemática de esos preceptos se advierte que ambos coinciden en cuanto a las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, es decir, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, esto es, el Juez de Distrito; por tanto, si éste -de oficio o a petición de alguna de las partes-, tuvo por actualizada una causal de improcedencia y, como consecuencia, decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, la parte afectada tiene oportunidad de impugnar dicha resolución mediante el recurso de revisión, para que el Tribunal Colegiado de Circuito examine, a la luz de los agravios correspondientes, los razonamientos en que se basó el a quo para sobreseer en el juicio, por lo que la recurrente no queda en estado de indefensión, pues si el sobreseimiento es correcto tendrá que confirmarse la sentencia recurrida o, de lo contrario, se dejará insubsistente para proceder con el estudio de fondo.
- Principal
Considerando que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente del proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se dejó aviso fijo en la puerta del domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se le notifica por lista dicho acuerdo, que en síntesis dice: "... lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/69, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 45, del Núm. 75, Marzo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Asimismo, la jurisprudencia número 4, sustentada por la Segunda Sala de la Máxime si se tiene en cuenta que el quejoso no se ubica en alguno de los supuestos de excepción al plazo genérico para presentar la demanda de amparo, que enumera el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, pues los actos que reclama no se ubican en alguna de las hipótesis ahí precisadas. Conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para los quejosos a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el que la acción constitucional se inste dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario; por ende la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. En aras de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora que se había señalado para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Cabe señalar que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el numeral 93, fracciones I a III, de esa ley dispone: "al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; por consiguiente, si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia.". Ahora bien, de la interpretación sistemática de esos preceptos se advierte que ambos coinciden en cuanto a las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, es decir, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, esto es, el Juez de Distrito; por tanto, si éste -de oficio o a petición de alguna de las partes-, tuvo por actualizada una causal de improcedencia y, como consecuencia, decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, la parte afectada tiene oportunidad de impugnar dicha resolución mediante el recurso de revisión, para que el Tribunal Colegiado de Circuito examine, a la luz de los agravios correspondientes, los razonamientos en que se basó el a quo para sobreseer en el juicio, por lo que la recurrente no queda en estado de indefensión, pues si el sobreseimiento es correcto tendrá que confirmarse la sentencia recurrida o, de lo contrario, se dejará insubsistente para proceder con el estudio de fondo..."
- Principal
Visto; el estado procesal que guarda el expediente, se advierte que transcurre el término de veinticuatro horas, que se otorgó en proveído de cuatro de octubre del año en curso, al apoderado legal de Estafeta Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que informe el trámite aplicado para llevar a cabo la entrega del oficio 8348/2018, a su destinatario, el cual se remitió a través de la guía con código de rastreo 4033557149. Por tanto, a fin de cumplimentar lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y para que tenga verificativo se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
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