Rosendo Martínez Pérez

Expediente 887/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
887/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Rosendo Martínez Pérez
  • Juez de Control del Poder Judicial de Michoacán, Región Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que por una parte se sobreseyó el juicio y por otra se negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la suspensión provisional, así como la suspensión definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Billete de depósito. Ahora, dado que resulta innecesaria la retención del billete de depósito N 911808, valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) que exhibió la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida el veinticuatro de septiembre del año en curso; déjese a su disposición para que comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo. Apercibido que de no acudir a recogerlo dentro del plazo de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación y 31 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se hará efectivo a favor del Erario Federal. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Rosendo Martínez Pérez, por las razones dadas en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Rosendo Martínez Pérez, por la autoridad, actos y razones dadas en el considerando sexto de la presente resolución. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el octavo considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, ante el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas, con quien actúa y da fe.

  3. Incidental

    Acto seguido, la secretaria hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Demanda de amparo promovida por Rosendo Martínez Pérez; 2. Auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete, en que se concedió la suspensión provisional; 3. Pedimento Ministerial; 4. Informes previos de la Unidad de Atención a Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada en atención a Delitos de Violencia Familiar y Genero y Jefe de la Unidad de la Policía de Investigación adscrito a la Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con residencia en esta ciudad. Asimismo, en este acto se hace constar que no obra el informe previo de la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial de Michoacán, Región Morelia, con residencia en esta ciudad, no obstante de haber sido notificado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, según consta del acuse de recibo que obra en autos. A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones, y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes previos de las autoridades responsables Unidad de Atención a Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada en atención a Delitos de Violencia Familiar y Genero y Jefe de la Unidad de la Policía de Investigación adscrito a la Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con residencia en esta ciudad. En relación a la falta de informe por la responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado, Región Morelia, provéase al momento de resolver el presente incidente. Acto continuo se CERTIFICA: que el plazo concedido a la parte quejosa en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se le dio vista para que señalara la denominación correcta de la autoridad que señaló como "Agencia de Investigación contra Discriminación" y "Comandante de Policía Investigadora, subordinada a la Agencia de Investigación de Delitos Sexuales", ambos con sede en esta ciudad; sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, no obstante que dicho término transcurrió del trece al quince de octubre del año en curso. La Juez acuerda: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el quejoso Rosendo Martínez Pérez, no desahogó la vista ordenada en proveído de veintinueve de septiembre de la presente anualidad; por tanto se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y se tiene por inexistentes a las autoridades responsables que denominó como "Agencia de Investigación contra Discriminación" y "Comandante de Policía Investigadora, subordinada a la Agencia de Investigación de Delitos Sexuales". Se abre el periodo probatorio en que la secretaria hace constar que las partes fueron omisas en exhibir medios de prueba. La Juez acuerda: Con sustento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a las partes omisas en ofrecer medios de convicción. Se cierra el periodo probatorio. Enseguida, abierta la etapa de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita, hizo manifestaciones en esta vía. La Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase a la representante social adscrita exhibiendo alegatos de su parte. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA V I S T O S, los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 887/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Rosendo Martínez Pérez, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENAUTORIDAD RESPONSABLESENTIDO DEL INFORME Del informn1 JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DE MICHOACAN, REGION MORELIA. OMISO2 UNIDAD DE ATENCIÓN A DELITOS SEXUALES DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y GÉNERO. NEGÓ 3 JEFE DE LA UNIDAD DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. NEGÓ 4 AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CONTRA DISCRIMINACIÓN INEXISTENTE 5 COMANDANTE DE POLICÍA INVESTIGADORA, SUBORDINADA A LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES INEXISTENTE ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión. SEGUNDO. Mediante auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó abrir este incidente de suspensión y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental la que, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Actos inexistentes. En la audiencia incidental se tuvieron por inexistentes a las autoridades responsables que el quejoso denominó como "Agencia de Investigación contra Discriminación" y "Comandante de Policía Investigadora, subordinada a la Agencia de Investigación de Delitos Sexuales", con residencia en esta ciudad; por tanto, no existen los actos a ellas reclamados; ante ello, se impone negar la suspensión definitiva respecto de dichas autoridades, al no existir materia sobre la cuál decretarla. SEGUNDO. Verificación de certeza de los actos reclamados. El Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Michoacán, fue omiso en rendir su informe previo, no obstante habérsele solicitado con la debida anticipación, según se advierte del acuse de notificación que obra en autos, por lo que, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen, Por su parte, las autoridades responsables Unidad de Atención a Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada en atención a Delitos de Violencia Familiar y Genero y Jefe de la Unidad de la Policía de Investigación adscrito a la Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta capital, negaron los actos; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa dada la presunción de certeza de la autoridad ordenadora; por lo que procede tener por cierto el acto que se les atribuye. TERCERO. Procedencia de la suspensión. A efecto de proveer respecto de la suspensión solicitada, resulta indispensable atender los requisitos contenidos en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." El promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito. La segunda condicionante también se actualiza, habida cuenta que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, pues si bien la sociedad está interesada en que éstos se cumplan, igualmente le importa que previamente a cualquier acto de autoridad a los gobernados se les hayan respetado los derechos fundamentales, sobre todo tratándose de cuestiones relativas a la libertad personal. Por último, conviene asentar que de no conceder la suspensión solicitada se ocasionaría al peticionario, daños y perjuicios de difícil reparación, pues si se llevara a cabo se le afectaría en uno de los bienes jurídicos de mayor valía como lo es, precisamente, la libertad personal. CUARTO. Se concede la suspensión. Con fundamento en los artículos 136, 139, 162, 163, 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión definitiva a Rosendo Martínez Pérez, del acto reclamado para los siguientes efectos: a) En caso de que el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y el delito se trate de aquellos que impliquen prisión preventiva oficiosa (o delito de los considerados graves, si es que el proceso se lleva conforme con el anterior sistema penal), la suspensión decretada solo surtirá el efecto de que el quejoso, una vez aprehendido, quede a disposición de este juzgado de Distrito, por lo que hace a su libertad personal, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora, en el lugar en que quede recluido; y a disposición del juez de la causa respecto a la continuación del procedimiento, sin perjuicio de la práctica de diligencias en averiguación de delitos, lo que es de orden público y por tanto, insuspendible; b) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, siempre y cuando cumpla con las medidas de aseguramiento que este juzgado federal le imponga. Lo anterior, en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la ejecutoria que se dicte en el juicio principal, y siempre que la orden que reclama no derive de casos urgentes, cuando se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, en cuyo caso, dicha autoridad deberá fundar y expresar los indicios que motiven su proceder y, además, que el quejoso no sea sorprendido en flagrante delito. QUINTO Requisitos de eficacia de la suspensión. Para estar en condiciones de fijar los requisitos de eficacia a fin de que la presente medida cautelar surta efectos, es conveniente establecer que el imperativo 168 del cuerpo legal en consulta, establece textualmente lo siguiente: "Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes. Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; II. Las características personales y situación económica del quejoso, y, III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia." Como se advierte, son tres los requisitos que debe tomar en cuenta el órgano de control constitucional para la fijación de la garantía que deberá satisfacer la parte quejosa. En relación al primero "la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso", no se advierte de que delito se trata. En cuanto al segundo de los elementos referente a las "características personales y situación económica del quejoso" no señala ninguna. Respecto al tercero de los elementos consistente en valorar la "posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia", no existe ningún dato revelador de dicha circunstancia. GARANTÍA. Al tenor de las anteriores consideraciones, se estima necesario fijar de manera discrecional la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), para garantizar la suspensión definitiva de los actos reclamados, la cual deberá exhibir la parte quejosa, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, pudiendo hacerlo en su caso en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), y en la inteligencia que si opta por garantizar en póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si fenece antes, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos previo acuerdo; lo anterior, sin perjuicio de que pueda ser modificada. En el entendido que de no exhibirla en el plazo de cinco días, se comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 377, tomo XXVIII, Octubre de 2008, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)". Al respecto es pertinente señalar que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este debe ser constituido ante el banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), de conformidad con el artículo 52, fracción I, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LA GARANTÍA RESPECTIVA, YA SEA EN BILLETE DE DEPÓSITO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER EL TEXTO SIGUIENTE EN EL APARTADO "CONCEPTO": "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA A ROSENDO MARTÍNEZ PÉREZ, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN II-887/2021". En el entendido que, no se aceptará el billete si tiene inscripción diversa; asimismo, en el momento procesal en que se considere procedente la devolución de la citada garantía, el billete será endosado a nombre de la persona que aparezca como depositante; pero solo se entregará a la parte quejosa, o bien, a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Además, se impone al quejoso la obligación de presentarse ante el Juez de Control del Poder Judicial de Michoacán, Región Morelia, con residencia en esta ciudad, en un plazo de TRES DÍAS, para la práctica de las diligencias correspondientes; lo anterior, sin que deba privarlo de la libertad, ello en atención a lo establecido por el artículo 162, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo y la tesis cuyo rubro y texto a continuación se citan. "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso". Se apercibe al quejoso que aún y cuando haya exhibido la caución que se le exige, deberá acreditar que compareció dentro del plazo referido, ante la autoridad emisora del acto, para tal efecto, deberá exhibir constancia donde obre sello, firma, día y hora de la audiencia judicial mencionada, con el apercibimiento que de no hacerlo la medida suspensional otorgada dejará de surtir sus efectos y la caución exhibida se hará efectiva a favor de la Federación. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J. 94/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre de 2001, página 26, que establece: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia". La medida decretada no surtirá efecto en los siguientes casos: 1. Si la orden combatida tiene como propósito que el quejoso cumpla con alguna sentencia ejecutoriada dictada en su contra. 2. Si la orden de detención, fue materia de un diverso juicio de amparo en que se haya negado la protección constitucional solicitada. 3. Si el quejoso es sorprendido en flagrante delito o urgencia a la que alude el artículo 16, párrafo quinto constitucional; y, 4. Si la orden reclamada fue dictada con posterioridad a la promoción de este amparo. Esta medida cautelar deberá ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que, en caso de desobediencia, se procederá conforme con lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva respecto de las autoridades que en la audiencia se decretó su inexistencia, en términos del considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a Rosendo Martínez Pérez, la suspensión definitiva respecto de las autoridades señaladas en el considerando segundo. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días, concedido a la parte quejosa para que desahogue la vista ordenada en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, virtud a la inexistencia de las autoridades responsables "Agencia de Investigación contra Delitos de Discriminación y Comandante de la Policía Investigadora Subordinada a la Agencia de Investigación de Delitos contra la Discriminación"; auto que fue notificado por lista el día de hoy ocho de octubre del año en curso, surtiendo sus efectos el once siguiente, sin contar el doce por ser inhábil; en consecuencia, el plazo transcurre del trece al quince de octubre de dos mil veintiuno. Diferimiento. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, y a fin de que la parte quejosa desahogue la vista ordenada en autos, la audiencia incidental señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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