Rosendo Enrique Correa Rayón y Otros.

Expediente 1369/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1369/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Rosendo Enrique Correa Rayón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, mediante el cual la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, vía acuse de recibo, remite la boleta de turno correspondiente, en la que se describen los datos del juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado federal, respecto del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Asimismo informa que el mismo fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad; agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Iván Martínez González, que da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio enviado vía electrónica por la delegada de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado; en atención a su contenido, téngasele desahogado el requerimiento formulado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Como las constancias exhibidas forman parte del informe justificado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por último, se hace del conocimiento a las partes que el uno de octubre de dos mil veintitrés, tomó posesión como titular de este juzgado federal, Maribel Castillo Moreno; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Omar García Leyva, que da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por********************, por conducto de su apoderado legal ********************, personalidad que se tiene por acreditada en términos de las constancias que adjunta al libelo de cuenta, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo; y promueve contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. REGISTRO DEMANDA, TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número ******************** que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico y físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la responsable de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, como parte de la eficaz e inmediata ejecución del laudo, relativa al expediente laboral ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Por lo que es relevante atender la etapa procesal del acto reclamado pues su análisis debe ser en función de la etapa en que se encuentra el procedimiento natural. Lo anterior, con apoyo en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2005150, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, visible a página 732 de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. El citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El diverso 107, fracción V, de la misma ley dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del artículo 107, fracción V, transcrito, se advierte que no se contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales, incluso, las predominantes en grado superior, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. Los razonamientos expuestos se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro digital: 2011580, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, visible a página 1086, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Al resolver la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, delimitó que por regla general la dilación procesal existe si transcurren más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo para pronunciarse de los actos procesales, tal criterio fue publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2019400, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II. Página: 1643: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En el caso, la promovente reclama de la autoridad responsable la omisión de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo dentro del juicio laboral ********************. Lo anterior, derivado de la diligencia de once de septiembre de dos mil veintitrés, de la que se advierte la imposibilidad que hizo constar la actuaria judicial adscrita al tribunal laboral responsable para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo a la parte demandada, en el entendido que el inmueble señalado se encontraba cerrado por un grupo de personas que se manifestaban en la entrada de las oficinas de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero. En relación a lo anterior, la actuaria judicial dio cuenta a la autoridad ahora señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que acordara lo que en derecho correspondiera, sin que a la fecha haya realizado un pronunciamiento al respecto. Aun cuando se está en presencia del acto que se aduce contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a que en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurre. Ello, porque en relación con la fecha en que se dio cuenta al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que acordara lo que en derecho correspondiera respecto a la diligencia de requerimiento de pago y embargo [once de septiembre pasado] y la fecha en que presenta su demanda [tres de octubre del año en curso y turnado a este Juzgado Federal el cuatro de octubre del mismo año], es que el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia laboral, incluso, en relación con el tiempo que existe entre ambas fechas. Para determinar lo anterior, debe tenerse en cuenta los artículos 9, 127 y 128, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, en concordancia con el diverso numeral 735 de la Ley Federal del Trabajo, que rigen en el procedimiento laboral de origen, y que en su orden disponen: "ARTÍCULO 9.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se tomarán en consideración las disposiciones que regulen casos semejantes y, supletoriamente, se aplicarán, en su orden, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo, los Principios Generales de Derecho, las Costumbres y el Uso." "ARTÍCULO 127.- El Tribunal tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. ARTÍCULO 128.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que lo obtuvo, se constituyan en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que de no hacerlo, se procederá a lo dispuesto en los artículos anteriores." "Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." Del contenido de los artículos citados se tiene que la autoridad señalada como responsable tendrá un plazo de tres días para acordar las promociones, en el presente caso ha fenecido dicho plazo para que la autoridad acuerde la razón actuarial, sin embargo, no puede verse de manera aislada la problemática de omitir acordar la mencionada razón actuarial, ya que las cargas de trabajo que tienen los tribunales laborales son excesivas. Así, se tienen que han transcurrido veintidós días desde el momento de la presentación de la razón actuarial al momento de la presentación de la demanda de amparo, por ello, se considera que aún está dentro de un periodo razonable la autoridad señalada como responsable para acordar la razón actuarial de referencia. Teniendo en cuenta el criterio que ilustra la jurisprudencia 2ª.J.48/2016 (10ª.), citada de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, en el caso no se advierte una dilación excesiva en el procedimiento, o la paralización total del mismo. Lo resuelto guarda congruencia con el hecho de que admitir a trámite el juicio de amparo en que se actúa a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es preferible que la parte promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado del análisis de las constancias que obran en autos y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Por lo explicado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. AUTORIZADOS. Debido a que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde la parte quejosa no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. SE AUTORIZA EL USUARIO PARA CONSULTA ELECTRÓNICA DEL EXPEDIENTE. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "********************", se autoriza la consulta del expediente electrónico, en relación con el presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por otra parte, con respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, se advierte que el promovente también señala un domicilio ubicado en calle********************número********************, colonia********************. Por tanto, debido a que no pueden coexistir las notificaciones electrónicas y las que se realizan de manera personal en el domicilio señalado se previene a la parte quejosa para que en el término de tres días posteriores a la notificación del presente auto, señale expresamente si opta porque se le realicen las notificaciones personales de manera electrónica y aceptar la totalidad de las consecuencias, o renunciar a tener el acceso electrónico y que las notificaciones personales se realicen de manera ordinaria en el domicilio señalado para ese efecto. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término señalado, las notificaciones personales se harán de manera electrónica de conformidad con el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. CONSULTA DEL EXPEDIENTE. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil********************. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Iván Martínez González, que da fe.

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