Rosendo Ayala Monge

Expediente 1161/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1161/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Rosendo Ayala Monge
  • Roberto de Jesus Garcia y Otros.
  • Roberto de Jesus Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En ocho de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste.Reynosa, Tamaulipas, ocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el auto emitido el once de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, haya sido recurrido por la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios, y no obstante ello, no lo recurrió; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio sin número signado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite el oficio INM/ORTAM/ORLREY/DAJ/0914/2022, y anexos, signado por el Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, tomando en consideración que advirtió del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que el oficio de trato corresponde al juicio de amparo 1161/2022-VII, del índice de este juzgado de distrito; en tal virtud, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. En mérito de lo anterior, téngase a la autoridad responsable Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada de los procedimientos administrativos seguidos en contra de los aquí quejosos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de las constancias de mérito, se advierte que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que los quejosos reclaman primordialmente la detención que como personas extranjeras ejecuta en su contra la responsable, y como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable anexó a al oficio de mérito, copia certificada de los procedimientos administrativos seguidos en contra de los quejosos, a las cuales se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que el Sub-representante Local Encargado de la Estación Migratoria de esta ciudad, el cuatro de julio del presente año, resolvió la situación jurídica del quejoso Osmin Rosendo Ayala Monge y/o Rosendo Ayala Monge, en la cual determinó su salida definitiva del país, bajo sus propios medios. Cabe resaltar que si bien la salida del quejoso de la estación migratoria se dio en cumplimiento a la resolución para que abandone por sus propios medios el territorio mexicano por la frontera sur, por no haber itinerario de viaje a su país de origen; dicha determinación fue signada por el propio quejoso, en la que se aprecia su conformidad con la determinación de salida. Igualmente, en esa misma fecha, el Sub-representante Localdeterminó la salida del diverso quejoso Roberto Jesús García Alemán, a efecto de que inicie su trámite de regularización migratoria en este país. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraban los quejosos hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedaron en libertad; por ende, la detención que reclaman en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Al respecto, también debe mencionarse que con lo informado por la responsable se deja de manifiesto que ahora la situación migratoria de la parte quejosa depende del cumplimiento o no de las obligaciones que se le impusieron en el procedimiento migratorio que se le instaura, de ahí que ello ha generado un nuevo entorno respecto del que imperaba al presentarse la demanda de amparo, por lo que de suscitarse actos diversos relacionados con la nueva situación que guarda frente a ese procedimiento, los mismos ya no pueden ser analizables en este expediente, habida cuenta que ocurrirían con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio. Conviene agregar que, en la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, los quejosos expresaron que se encontraban bien de salud y que no habían sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; de ahí que se tenga la plena certeza de que tales actos nunca existieron; máxime que ello constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal (detención). Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572 que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se concedió a los quejosos Roberto de Jesús García y Rosendo Ayala Monge, la suspensión de plano de los actos reclamados; sin embargo, a la fecha la autoridad responsable no ha rendido el informe respectivo, no obstante de encontrase notificada del oficio por el cual se le solicitó. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado o Responsable y Personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas, haga del conocimiento de este juzgado si con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida a los citados quejosos, los mismos fueron puestos en libertad, o bien, informe si se encuentran pendiente de que cumpla con algún requisito de los que establece el artículo 102 de la Ley de Migración, distinto al de la exhibición de garantía, esto último respecto de lo que fueron exentos en el auto de suspensión de plano; en la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintidós de junio de dos mil veintidós. RAZÓN ACTUARIAL Y ADMISIÓN Vista la diligencia actuarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa directa Roberto de Jesús García y Rosendo Ayala Monge, ratificaron la demanda promovida en su favor por David Antonio Martínez Cervantes, Hugo Daniel Cuellar Gómez y José Antonio Guerrero Cobos; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de trato promovida contra actos del Delegado o Responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; sin tramitarse incidente de suspensión, en virtud de que mediante proveído de veintiuno de junio pasado, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. ... Dada la naturaleza de los actos reclamados, se desprende que no existe tercero interesado en este juicio de amparo, por no encontrarse persona alguna en el supuesto previsto por el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia, salvo que durante la tramitación de este juicio se desprenda lo contrario. VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Asimismo, como lo dispone el numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, la intervención que legalmente le corresponde; en la inteligencia de que en términos del artículo 110 de la ley de la materia, deberá entregársele copia simple de la demanda de amparo, por conducto del Actuario de la adscripción, de lo que se deberá dejar constancia legal de su recibo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. ...

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