Rosendo Arturo González Rubio de Santiago
Expediente 906/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rosendo Arturo González Rubio de Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, José Luis Cuevas Nolasco, secretario de Juzgado certifica: a) Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del dieciséis al veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, con exclusión de los días dieciocho y diecinueve de diciembre del año pasado, por ser sábado y domingo, contra el auto que desechó de plano la demanda de derechos. b) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
CUENTA. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado José Luis Cuevas Nolasco, CERTIFICA: Que el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se indicó al quejoso que subsistía la prevención realizada el dieciséis de noviembre anterior, ante la falta de firma del escrito por el que pretendió cumplir, se notificó por lista el seis de diciembre del año en curso, misma fecha en que fue recibida la promoción con la que da cumplimiento a dicha prevención, doy fe. En la propia fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 18393.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de diciembre de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Vista la promoción de cuenta; agregase a los autos el escrito signado por el quejoso Rosendo Arturo González Rubio Santiago, y con el mismo se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en fecha dieciséis de noviembre del año en curso, y de la cual se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. Sentado lo anterior, la parte promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "IV.- Autoridad responsable: señalo como autoridad responsable: 1. al C. ALFONSO CEPEDA SALAS en su carácter de SECRETARIO GENERAL DEL Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SENTE) y representante general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (.)." "ACTOS RECLAMADOS: a la autoridad responsable se reclama LA OMISIÓN EN QUE INCURRE AL NO dar cumplimiento a la reforma laboral del año 2019 que en materia sindical le imponen tanto el artículo 123 de la Constitución Federal de nuestro país, los convenios internacionales número 87 y 98 relativos a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y del derecho de sindicación y de negociación colectiva ambos reconocidos y adoptados por nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE); específicamente lo dispuesto por los artículos 358, 371,378, el artículo transitorio Vigésimo Tercero, de la LFT., y el artículo 69, de la LFTSE, los cuales garantizan mis derechos sindicales y de libre sindicación, como agremiado al SNTE. Mismos que en su texto previenen la observancia de adecuar la norma estatutaria y reglamentaria del SNTE para la elección de sus miembros y/o afiliados en cualquier ámbito sindical; incluso como dirigente seccional y/o nacional a través del voto personal, libre, directo y secreto mediante procedimientos de elección democráticos y requisitos incluyentes, no discriminativos, ni lesivos al derecho de ser candidato como dirigente seccional y/o nacional. EN OTRAS PALABRAS, DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RECLAMA LA OMISIÓN EN QUE INCURRE AL NO ADECUAR NI ARMONIZAR LA NORMA ESTUTARIA Y REGLAMENTARIA, QUE RIGE LA VIDA INTERNA DEL SNTE., Y LOS DERECHOS V PRERROGATIVAS SINDICALES DE SUS AGREMIADOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE: LA REGULACIÓN DE REQUISITOS para votar y ser votado como dirigente seccional y/o nacional mediante sufragio personal, libre, directo y secreto de sus miembros, en términos de lo que ORDENAN los artículos 358, 371 y 378 de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. LA ADECUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS Y EL PROCEDIMIENTO para elegir representantes sindicales mediante el ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, respecto a los requisitos de elegibilidad en puestos directivos de los ámbitos seccional y nacional, de conformidad con lo que estipula la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 358, 371, 378 de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado según lo estipula el artículo 11 de la segunda ley invocada." Asimismo, en el escrito aclaratorio de la demanda señaló como acto reclamado el siguiente: "(.) Además de las OMISIONES EN QUE INCURRE LA RESPONSABLE AL NO ADECUAR SU NORMA ESTATUTARIA Y REGLAMENTARIA, conforme a la legislación laboral vigente, el acto prohibitivo del que me duelo y que de manera deliberada ejecuta la responsable, se encuentra previsto dentro del ordinal número 378 en su fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, la cual prohíbe al sindicato: "Obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivos sindicales, poniendo condiciones sin fundamento legal bajo cualquier tipo de obstáculo indebido para ejercer el derecho de votar y ser votado" (.)". Actos respecto de los cuales resulta procedente desechar de plano la demanda de derechos, al actualizarse de manera manifiesta la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, al accionar el juicio constitucional, la autoridad responsable adquiere el carácter de parte en el procedimiento, pues de ella emanan los actos que, a consideración de la parte quejosa, vulneran su esfera jurídica; además, los particulares adquieren la condición de responsables, cuando realicen funciones equivalentes a las de las autoridades, y que con ello afecten los derechos a los que hace mención el párrafo que antecede. En ese contexto, las características que deben contener los actos realizados por particulares para que éstos sean considerados equiparables a los de autoridad, son los siguientes: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad Ahora, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, el cual ha ido evolucionando a lo largo de la historia de éste procedimiento y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública". Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis que dispone lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De lo anterior se aprecia que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, los actos de las autoridades responsables deben concebirse, fundamentalmente, excluidos de los diversos que emanan de particulares, por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y para ello es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por su parte, las relaciones de supraordinación son aquellas que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Por lo anterior, para la procedencia del juicio de amparo es imperativo que la relación jurídica entre la parte quejosa y la entidad a la que se le atribuyan ciertas actuaciones y/o omisiones, se ubique dentro de la denominada de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado cuente con atribuciones para actuar como una autoridad del Estado en un plano de superiorioridad, y lo haga en cumplimiento a un cuerpo normativo. En el caso, no se está en presencia de un acto de autoridad propiamente dicha, como tampoco de un acto de particular que se conduzca con tal carácter. Es así, en tanto que como se precisó en líneas precedentes, los actos atribuidos a las autoridades señaladas con el carácter de responsables, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SENTE) y representante legal de dicho sindicato, son relativos a la modificación de los estatutos sobre sobre la forma de elección entre los agremiados del citado sindicato y dentro de los cuales, se encuentra el promovente al pertenecer a la citada agrupación, siendo por tanto, que esa pertenencia lleva a establecer que se trata de actos entre particulares, pues la forma de elección de los representantes de los agremiados y el cumplimiento de ello, son actos de la propia organización sindical; actos que como tal, carecen de la naturaleza de un acto de autoridad, pues la relación jurídica entre el particular y las mencionadas autoridades, no corresponde a la de una autoridad y un gobernado (de supra a subordinación) sino a una relación de coordinación entre aquéllos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos. De ahí que, los referidos actos dentro de esa relación, no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no derivan de un mandamiento unilateral del Estado, sino de una relación de coordinación entre particulares. Entendiendo, que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. De acuerdo con lo cual, la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. De ahí que, las razones expuestas llevan a la conclusión, que las señaladas como autoridades responsables, no actúan con carácter de autoridades porque no ejercen facultades de imperio y de coercibilidad, debido a que no crean, modifican ni extinguen situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral; sino que su actuar es en un mismo plano de igualdad, y no en un plano de supra subordinación, como se dijo en párrafos precedentes. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." Asimismo, por su contenido resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." A lo que se abona, que la parte quejosa se encuentra en aptitud legal de dirimir la controversia que plantea en esta instancia, ante los tribunales laborales, quienes son los facultados para resolver, de primera mano, este tipo de problemática jurídica. En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar la presente demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado José Luis Cuevas Nolasco, CERTIFICA: Que el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se indicó al quejoso que subsistía la prevención realizada el dieciséis de noviembre anterior, ante la falta de firma del escrito por el que pretendió cumplir, se notificó por lista el seis de diciembre del año en curso, misma fecha en que fue recibida la promoción con la que da cumplimiento a dicha prevención, doy fe. En la propia fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 18393.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de diciembre de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Vista la promoción de cuenta; agregase a los autos el escrito signado por el quejoso Rosendo Arturo González Rubio Santiago, y con el mismo se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en fecha dieciséis de noviembre del año en curso, y de la cual se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. Sentado lo anterior, la parte promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "IV.- Autoridad responsable: señalo como autoridad responsable: 1. al C. ALFONSO CEPEDA SALAS en su carácter de SECRETARIO GENERAL DEL Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SENTE) y representante general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (.)." "ACTOS RECLAMADOS: a la autoridad responsable se reclama LA OMISIÓN EN QUE INCURRE AL NO dar cumplimiento a la reforma laboral del año 2019 que en materia sindical le imponen tanto el artículo 123 de la Constitución Federal de nuestro país, los convenios internacionales número 87 y 98 relativos a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y del derecho de sindicación y de negociación colectiva ambos reconocidos y adoptados por nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE); específicamente lo dispuesto por los artículos 358, 371,378, el artículo transitorio Vigésimo Tercero, de la LFT., y el artículo 69, de la LFTSE, los cuales garantizan mis derechos sindicales y de libre sindicación, como agremiado al SNTE. Mismos que en su texto previenen la observancia de adecuar la norma estatutaria y reglamentaria del SNTE para la elección de sus miembros y/o afiliados en cualquier ámbito sindical; incluso como dirigente seccional y/o nacional a través del voto personal, libre, directo y secreto mediante procedimientos de elección democráticos y requisitos incluyentes, no discriminativos, ni lesivos al derecho de ser candidato como dirigente seccional y/o nacional. EN OTRAS PALABRAS, DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RECLAMA LA OMISIÓN EN QUE INCURRE AL NO ADECUAR NI ARMONIZAR LA NORMA ESTUTARIA Y REGLAMENTARIA, QUE RIGE LA VIDA INTERNA DEL SNTE., Y LOS DERECHOS V PRERROGATIVAS SINDICALES DE SUS AGREMIADOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE: LA REGULACIÓN DE REQUISITOS para votar y ser votado como dirigente seccional y/o nacional mediante sufragio personal, libre, directo y secreto de sus miembros, en términos de lo que ORDENAN los artículos 358, 371 y 378 de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. LA ADECUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS Y EL PROCEDIMIENTO para elegir representantes sindicales mediante el ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, respecto a los requisitos de elegibilidad en puestos directivos de los ámbitos seccional y nacional, de conformidad con lo que estipula la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 358, 371, 378 de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado según lo estipula el artículo 11 de la segunda ley invocada." Asimismo, en el escrito aclaratorio de la demanda señaló como acto reclamado el siguiente: "(.) Además de las OMISIONES EN QUE INCURRE LA RESPONSABLE AL NO ADECUAR SU NORMA ESTATUTARIA Y REGLAMENTARIA, conforme a la legislación laboral vigente, el acto prohibitivo del que me duelo y que de manera deliberada ejecuta la responsable, se encuentra previsto dentro del ordinal número 378 en su fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, la cual prohíbe al sindicato: "Obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivos sindicales, poniendo condiciones sin fundamento legal bajo cualquier tipo de obstáculo indebido para ejercer el derecho de votar y ser votado" (.)". Actos respecto de los cuales resulta procedente desechar de plano la demanda de derechos, al actualizarse de manera manifiesta la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, al accionar el juicio constitucional, la autoridad responsable adquiere el carácter de parte en el procedimiento, pues de ella emanan los actos que, a consideración de la parte quejosa, vulneran su esfera jurídica; además, los particulares adquieren la condición de responsables, cuando realicen funciones equivalentes a las de las autoridades, y que con ello afecten los derechos a los que hace mención el párrafo que antecede. En ese contexto, las características que deben contener los actos realizados por particulares para que éstos sean considerados equiparables a los de autoridad, son los siguientes: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad Ahora, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, el cual ha ido evolucionando a lo largo de la historia de éste procedimiento y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública". Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis que dispone lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De lo anterior se aprecia que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, los actos de las autoridades responsables deben concebirse, fundamentalmente, excluidos de los diversos que emanan de particulares, por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y para ello es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por su parte, las relaciones de supraordinación son aquellas que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Por lo anterior, para la procedencia del juicio de amparo es imperativo que la relación jurídica entre la parte quejosa y la entidad a la que se le atribuyan ciertas actuaciones y/o omisiones, se ubique dentro de la denominada de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado cuente con atribuciones para actuar como una autoridad del Estado en un plano de superiorioridad, y lo haga en cumplimiento a un cuerpo normativo. En el caso, no se está en presencia de un acto de autoridad propiamente dicha, como tampoco de un acto de particular que se conduzca con tal carácter. Es así, en tanto que como se precisó en líneas precedentes, los actos atribuidos a las autoridades señaladas con el carácter de responsables, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SENTE) y representante legal de dicho sindicato, son relativos a la modificación de los estatutos sobre sobre la forma de elección entre los agremiados del citado sindicato y dentro de los cuales, se encuentra el promovente al pertenecer a la citada agrupación, siendo por tanto, que esa pertenencia lleva a establecer que se trata de actos entre particulares, pues la forma de elección de los representantes de los agremiados y el cumplimiento de ello, son actos de la propia organización sindical; actos que como tal, carecen de la naturaleza de un acto de autoridad, pues la relación jurídica entre el particular y las mencionadas autoridades, no corresponde a la de una autoridad y un gobernado (de supra a subordinación) sino a una relación de coordinación entre aquéllos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos. De ahí que, los referidos actos dentro de esa relación, no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no derivan de un mandamiento unilateral del Estado, sino de una relación de coordinación entre particulares. Entendiendo, que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. De acuerdo con lo cual, la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. De ahí que, las razones expuestas llevan a la conclusión, que las señaladas como autoridades responsables, no actúan con carácter de autoridades porque no ejercen facultades de imperio y de coercibilidad, debido a que no crean, modifican ni extinguen situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral; sino que su actuar es en un mismo plano de igualdad, y no en un plano de supra subordinación, como se dijo en párrafos precedentes. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." Asimismo, por su contenido resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." A lo que se abona, que la parte quejosa se encuentra en aptitud legal de dirimir la controversia que plantea en esta instancia, ante los tribunales laborales, quienes son los facultados para resolver, de primera mano, este tipo de problemática jurídica. En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar la presente demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el licenciado José Luis Cuevas Nolasco, CERTIFICA: que el término de cinco días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para que cumpla la prevención formulada, al veintitrés de noviembre actual en que presentó el escrito mediante el cual pretende dar cumplimiento, no ha empezado a transcurrir, en tanto que de ello fue notificado por lista el veintidós de noviembre de los corrientes doy fe. En la propia fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 17545.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. QUEJOSO PRETENDE CUMPLIR PREVENCIÓN. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito mediante el cual, el quejoso Gonzalo Arturo González Rubio Santiago, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciséis de noviembre actual y de la cual se provee lo siguiente. No ha lugar a tener cumplida la prevención formulada en proveído de dieciséis de noviembre actual, dado de que al carecer de la firma de Gonzalo Arturo González Rubio Santiago, no se expresa la voluntad de este y ante esta omisión dicho escrito no tiene valor alguno, en tanto que la voluntad del suscriptor se manifiesta a través de la firma y con ello se responsabiliza del contenido, de modo que al no encontrarse signado el escrito que se agrega es que carece de valor alguno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 119, del tomo 187-192 Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Instancia Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de registro 248942 que establece: "PROMOCIONES SIN FIRMA. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar el mismo conducentemente.". SUBSISTE REQUERIMIENTO. Por lo anterior, dígasele al quejoso que subsiste el requerimiento formulado en autos, en la inteligencia que una vez que surta efectos la notificación de la presente determinación, comenzará a transcurrir el plazo otorgado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". Notifíquese personalmente al quejoso.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Rosaura Esparza Lechuga1971/2018
- Rosaura Hernández Díaz1424/2018
- Rosaura Sánchez Ortiz3071/2014
- Rosauro Falcon Rosales2743/2014
- Rosel Abrego Gamboa3518/2014
- Rosenda Solis Ortiz2430/2014
- Rosendo Guzmán Madera2542/2014
- Rosendo Guzmán Valdez3335/2014
- Rosendo López Bravo1190/2015
- Rosvelt Maldonado Ramírez367/2022
- Roy Rubio Salazar503/2023
- Roy Rubio Salazar521/2023