Rosendo Aparicio Sánchez

Expediente 68/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
68/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Rosendo Aparicio Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del presente asunto y atento a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término para impugnar el pronunciamiento de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de inconformidad por la parte quejosa y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que venció el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, y del Comisionado Federal, todos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (Registro: 192,174, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, página: 243). En esa tesitura, los efectos de la protección federal concedida fueron para que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que desincorpore de la esfera jurídica del quejoso los dispositivos los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción II, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como cannabis o marihuana. Lo anterior, siendo extensiva la protección de la Justicia de la Unión al acto de aplicación, por lo cual, la autoridad antes mencionada deberá deja sin efectos el oficio 193300EL354245 de nueve de enero de dos mil veinte, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud del quejoso para obtener el permiso o autorización para el consumo individual de la cannabis sativa, índica, y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas; del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol); isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, (11) y sus variantes estereoquímicas. En este contexto, mediante oficio registrado bajo el número de correspondencia 11488 del índice de este juzgado, el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, y del Comisionado Federal, todos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, remitió copia certificada del oficio número CAS/DEREPSQ/9695/2020, con el que se dejó sin efectos el oficio número 193300EL354245 de nueve de enero de dos mil veinte, y se concede la autorización bajo los términos y para los efectos señalados en la sentencia referida, firmado por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, ya que la autoridad responsable acreditó haber dejado insubsistente oficio número 193300EL354245 de nueve de enero de dos mil veinte, desvinculo de la esfera jurídica del quejoso los preceptos reclamados de la Ley General de Salud y emitió autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente conocido como marihuana, por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. También, es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2ª./J. 1/2001, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. (No. de Registro: 190356, página doscientos tres (203), Novena Época, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Se hace del conocimiento lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio suscrito por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, en suplencia por ausencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, ésta última, a su vez, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, del Comisionado Federal y del Comisionado de Autorización Sanitaria, todos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, a través del cual, exhibe las constancias con las que aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, se da vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; apercibido que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión R.A. 61/2020, por el órgano colegiado citado. Se hace del conocimiento de las partes que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia del recurso SE CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 68/2020, promovido por ROSENDO APARICIO SÁNCHEZ, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto del fallo recurrido. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rosendo Aparicio Sánchez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados unos y otras en el considerando cuarto, en términos y para los efectos precisados en el considerando último de la sentencia sujeta a revisión, por las razones precisadas en el considerando último de esta ejecutoria. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Acúsese recibo. Ahora, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil tres prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." (Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional. Al respecto, el artículo 192 de la ley de la materia, prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, con apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Ahora, toda vez que en la sentencia dictada por este juzgado el veintinueve de mayo de dos mil veinte, confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de uno de julio de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes? efectos: (.) "Por lo tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado en contra de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción II, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como cannabis o marihuana, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso los dispositivos legales referidos. Declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la importación, enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, asimismo, no podrá conducirse vehículos bajo el influjo de dicha sustancia. Protección constitucional que se hace extensiva al acto de aplicación de los preceptos reclamados, consistente en el oficio 193300EL354245 de nueve de enero de dos mil veinte, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud del quejoso para obtener el permiso o autorización para el consumo individual de la cannabis sativa, índica, y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas; del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol); isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, (11) y sus variantes estereoquímicas. Por lo tanto, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá dejar insubsistente el oficio reclamado, desvincular de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos reclamados y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud del quejoso, le otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo anterior puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. De tal forma que la presente sentencia no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que, una vez firme, debe dar cumplimiento a este fallo. Además, se indica que la autorización que se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor de los quejosos para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados. Asimismo, la autorización que de ser el caso otorgue la autoridad, tendrá que observar los controles administrativos conducentes y limitarse al consumo estrictamente personal del quejoso." (.) Debe destacarse que, como se mencionó en párrafos precedentes, el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos; sin embargo, debido a que el amparo y protección de la Justicia Federal, se otorgó contra los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción II, 247, último párrafo, y 248,? todos de la Ley General de Salud, no ha lugar a requerir a las autoridades responsables que participaron en el proceso legislativo, respecto de las porciones normativas declaradas inconstitucionales, en razón de que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos sus actos aun parcialmente, sino que, el efecto de la ejecutoria es que la norma declarada inconstitucional no se aplique en perjuicio de la parte quejosa. Lo anterior de conformidad con la tesis CXV/97, cuyo rubro es: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDE INCURRIR EN ELLAS LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. (Registro: 197512, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, página 414)." Así como lo dispuesto en la tesis P CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. (Época: Novena Época, Registro: 200006, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV Noviembre de 1996, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. CXXXVII/96, Página: 135)." Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el oficio 193300EL354245 de nueve de enero de dos mil veinte, por el que se declaró improcedente la solicitud de los quejosos para obtener el permiso o autorización para el consumo individual de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas; del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol); isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, (11) y sus variantes estereoquímicas. 2. Desvincular de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos reclamados. 3. De no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de la parte quejosa, emitir otra determinación en la que le otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se le impondrá multa equivalente a cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su calidad de superior jerárquico de la referida autoridad, para que la conmine a cumplir con el fallo protector y dentro del mismo término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita las constancias con las que lo acredite, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; ello, toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismos. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes; parte quejosa, autoridades responsables, y Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario,?? incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

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