Rosenda Diaz Gervacio

Expediente 1917/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1917/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
02/02/2018

Partes del expediente

  • Rosenda Diaz Gervacio
  • Benjamin Cruz Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 3519, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda el contenido del oficio en mención y su anexo, en la secretaría de este juzgado, a la vista a la parte quejosa y del tercero interesado por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifiesten o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Marco Antonio Magadán Ocampo, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita: Copia certificada de las constancias de notificación a las partes, respecto del acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete dictado en el juicio laboral 06/03/17-III, de su estadística. No obstante lo anterior, se apercibe a Marco Antonio Magadán Ocampo, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Por otra parte, se tiene por recibido el escrito registrado con folio 2591, signado por el autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Miguel Ángel Rojas Araos, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Por recibido el escrito registrado con número de folio 1730, signado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita se requiera a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en atención a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Miguel Ángel Rojas Araos, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veintiún minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, abierta la audiencia pública el licenciado Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1917/2017, promovido por Rosenda Díaz Gervacio, por su propio derecho; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el secretario encargado del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Abierto el mismo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, la documentales que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado consistentes en copia certificada de las constancias existentes en el expediente laboral 06/03/17-III. Enseguida, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento, consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la siguiente resolución. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1917/2017, promovido por Rosenda Díaz Gervacio; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Rosenda Díaz Gervacio, reclama de los integrantes de Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye la denegación de justicia por el acto no acción u omisión de la autoridad responsable los CC. integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, par omitir dictar el auto que señale día y hora hábil para el desahogo de la audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCION, dentro del Juicio Especial Declaración de Beneficiarios bajo el número de expediente 06/03/17-III, omitiendo la autoridad responsable observar lo que establece el artículo 895 de la Ley Federal del Trabajo vigente y demás relativos aplicables." Acto que estima violatorio de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 8, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías, registrándose con el número 1917/2017, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, además, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 118, la sentencia que se dicte en este juicio se hará con el testado de los datos sensibles, o con palabras genéricas para no ocultar la información que pueda ser divulgada. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, se emplazó al tercero interesado; y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que se emite en los términos siguientes. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por razón de materia y territorio, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales números 03/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y por tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, conforme a la demanda de amparo, y de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención del quejoso y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que el impetrante en esencia reclama: *La omisión por parte de los integrantes de la Junta responsable de dictar el auto que señale la fecha para el desahogo de la audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCION, dentro del Procedimiento Especial de Declaración de Beneficiarios, radicado con el número de expediente 06/03/17-III.* TERCERO. La presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, en representación del pleno de dicho órgano colegiado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, y agregó que en el caso particular había dejado de existir el acto reclamado, en virtud de que el seis de noviembre pasado, se había señalado nuevamente fecha para el verificativo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Pruebas y Resolución, dentro del Juicio Especial de Declaración de Beneficiarios en el expediente 06/03/17-III. En este contexto, el acto de omisión se tiene plenamente probado al tenor de la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. En virtud de que ninguna de las partes hace valer, de manera destacada y congruente alguna causa de improcedencia, y como quien resuelve tampoco advierte que se actualice alguna de ellas, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Se considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sostenida por la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Resultan substancialmente fundados los conceptos de violación aducidos por el solicitante de amparo, en suplencia de la deficiencia de la queja, prevista en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa tiene el carácter de beneficiaria del trabajador en el juicio laboral de origen. Como se dijo, el impetrante reclama: La omisión por parte de los integrantes de la Junta responsable de dictar el auto que señale la fecha para el desahogo de la audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCION, dentro del Procedimiento Especial de Declaración de Beneficiarios, radicado con el número de expediente 06/03/17-III. Como se ve, se patentiza que el motivo de inconformidad del impetrante es en cuanto al retardo en la impartición de justicia al violentarse los plazos establecidos en la ley ordinaria, lo que de suyo implica que se tenga en cuenta que el quejoso se duele de una afectación a la garantía de debido acceso a la justicia, específicamente en cuanto a la prontitud y expeditez con que debe impartirse, según lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Así, y una vez que se ha precisado que el motivo de inconformidad trasciende a la garantía de debido acceso a la justicia, a fin de abordar el fondo del asunto, deben conocerse los alcances de dicha garantía: En el artículo 17 constitucional se establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El precepto en análisis pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica; en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. L/2002 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de mayo de dos mil dos, visible en la página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral y al laudo. Conforme con lo anterior y apreciado el precepto constitucional en análisis, en función del procedimiento burocrático laboral local, puede decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje faltarán a la garantía de administración de justicia pronta cuando no tramiten ni resuelvan los juicios laborales en los plazos y términos precisados con antelación. A su vez, en los artículos 771 y 750 de la Ley Federal del Trabajo, se establece: "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." De la primera disposición legal se colige que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo; el artículo 771 reitera el criterio prevaleciente en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea pronta y expedita y que los juicios no queden inactivos. Asimismo, de una interpretación armónica de los preceptos jurídicos trascritos, se puntualiza que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. De manera que el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por la Junta responsable, consistente en copias fotostáticas certificadas del expediente laboral número 06/03/17-III, a las que por ser documentos públicos, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se advierte que mediante acuerdo dictado seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Junta responsable dictó acuerdo en el que proveyó respecto de la audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCION, dentro del Juicio Especial Declaración de Beneficiarios bajo el número de expediente 06/03/17-III, sin que obre constancia de notificación de la aquí quejosa. (Fojas 113). De lo anterior se desprende que si bien es cierto, el seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Junta responsable acordó lo procedente respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, cuya omisión se reclama; también lo es, que de las constancias que la responsable anexó al informe, no se desprende que haya notificado el contenido del acuerdo a la parte actora en el juicio laboral de origen, por lo que para tener por cumplida la garantía prevista por el artículo 17 Constitucional, no basta el hecho de haberse dictado el acuerdo relativo, sino que es menester hacerlo del conocimiento a las partes, porque las citadas garantías que tutelan el derecho ejercido por el impetrante, tienen su alcance precisamente hasta el conocimiento total de lo resuelto por la autoridad. En relatadas condiciones, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en el Estado de Morelos, notifique el acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete (mediante el que provee los relativo a la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Pruebas y Resolución, dentro del Juicio Especial Declaración de Beneficiarios bajo el número de expediente 06/03/17-III), a las partes en el juicio laboral de origen, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. No se desatiende que, en la fecha en que se celebra la audiencia constitucional, aun no transcurría el término de ocho dúas otorgado a las partes para imponerse del sentido del informe justificado, empero, esto no les causa perjuicio alguno, ya que justamente de lo que se duele la quejosa, es el retraso en la administración de justicia, y diferir la audiencia constitucional, también sería en detrimento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 fracción V y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Rosenda Díaz Gervacio, en contra del acto y autoridad señalados en el resultando primero de esta sentencia y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de noviembre de dos mil diecisiete; ante la Secretaria, Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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