Rosemberg López Mejía
Expediente 598/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 83 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 83
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Rosemberg López Mejía
- Rosemberg López Mejía y Otros.
- Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, de esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 83.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, mediante el cual comparecen en atención al requerimiento formulado en autos y, al efecto remite las constancias con las cuales señalan se encuentran realizado las gestiones necesarias para dar al cumplimiento del fallo protector otorgado a la parte quejosa; precisando que exhibió al Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Chiapas, el proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024. En mérito a lo anterior, se tiene a las autoridades responsables de mérito en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán, Chiapas, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, proporcione e informe los trámites realizados ante el Congreso del Estado de Chiapas. Se apercibe a dichas autoridades con multa Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), en términos del precepto 258, de la Ley de la materia, para el caso de no dar cumplimiento en los términos precisados; sin perjuicio de proceder como lo dispone el citado numeral 192 de la referida Ley. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. Lo anterior fue explicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del Juicio de Amparo Directo en Revisión 4832/2018, de la cual emanó el criterio jurisprudencial 1a./J. 29/2019 (10a.) de rubro "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta suscrito por Gustavo Saldaña Rodríguez, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita se requiera al Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas, para que disponga del veinticinco por ciento de los recursos que se transfieren del Fondo General de Participaciones del Fondo de Fomento Municipal y los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de dar cumplimiento al laudo pronunciado en el juico laboral 1242/2020 del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y que fue condenado del Ayuntamiento de referencia. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, disponga de los recursos que se transfieren del Fondo General de Participaciones del Fondo de Fomento Municipal y los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, correspondientes al presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024; atendiendo a que es responsabilidad del citado Ayuntamiento dar debido cumplimiento a la misma y no excusarse con trámites frívolos que finalizan en improcedencia, lo que trae como consecuencia en un retraso en la impartición de justicia en clara violación a la garantía constitucional consagrada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna y lo que produce una afectación a la esfera de la parte actora aquí quejosa. Se apercibe a dichas autoridades con multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), en términos del precepto 258, de la Ley de la materia, para el caso de no dar cumplimiento en los términos precisados, dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído; sin perjuicio de proceder como lo dispone el citado numeral 192 de la referida Ley. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Juez de Primera Instancia del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el contenido del auto de treinta y uno de octubre pasado, en el expediente laboral ******************** de su índice, en el que se advierte se pronunció respecto al impulso necesario para dar al cumplimiento del fallo protector otorgado a la parte quejosa. En mérito a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable de mérito en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Presidente (Rafael Inchong Juan) y Síndico Municipal (Danitza Sayuri González Tovar), y el Tesorero Municipal (David Chong Eng), todos del Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, mediante el cual comparecen en atención al requerimiento formulado en autos y, al efecto remite las constancias con las cuales señalan que se encuentran realizado las gestiones necesarias para dar al cumplimiento del fallo protector otorgado a la parte quejosa, al efecto se provee lo conducente: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Presidente (Rafael Inchong Juan) y Síndico Municipal (Danitza Sayuri González Tovar), y el Tesorero Municipal (David Chong Eng), todos del Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, no han dado cumplimiento al laudo de veintitrés de junio de dos mil catorce, emitido en el litigio laboral 1242/2020 del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, pues no han realizado las actuaciones o gestiones, para obtener el monto necesario para cubrir el monto por el cual fueron condenados, pues únicamente enviaron constancias relativas de las reuniones de cabildo en el cual tratan el temas, sin que se aprecie la creación de una partida presupuestaria extraordinarias para obtener fondos y solventar lo adeudado. En ese contexto, al no dar cumplimiento al mandato judicial efectuado, ni realizar manifestación respecto al impedimento legal o material para llevar a cabo tal ordenamiento, debido que a la fecha no obra constancia de en la que se advierta existe un trámite para de destinar recursos para el pago del fallo emitido en el litigio laboral 1242/2020 del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática; con fundamento en los artículos 192 en relación al 258 de la Ley de Amparo, se procede a hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, al Presidente, (Rafael Inchong Juan) Síndico (Danitza Sayuri González Tovar) y Tesorero (David Chong Eng) del Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas; al efecto, se hace efectiva la multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, pues con su conducta, retrasa innecesariamente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el presente juicio, contraviniendo lo estipulado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tal virtud, gírese oficio al a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en esta ciudad, para que se sirva realizar el cobro correspondiente a dicha autoridad. En tales condiciones, en apoyo a lo dispuesto en los numerales 21, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 193 de la Ley de Amparo; y al Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservara para su resolución y el envío de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con el instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de La Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, del referido Acuerdo General, una vez que se encuentre debidamente integrado, remítase las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, a efecto que la Superioridad determine lo que en derecho proceda, en relación al incidente de inejecución de sentencia. En ese mismo tenor, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Jugado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, para que una vez que informe el tratamiento dado a la propuesta presupuestal a fin de dar cumplimiento al laudo pronunciado en el juico laboral 1242/2020, del índice del Jugado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Debiendo remitir las copias certificadas y legibles que acrediten lo anterior. Lo anterior, atendiendo a que mediante oficio J1EMB/3erS/01647/2023, de tres de octubre pasado, comunicó que haber comisionado al actuario de su adscripción requiriera a las autoridades responsables de referencia para que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación dieran cumplimiento total y exacto al laudo pronunciado en dicho juicio; es decir, de la notificación a la fecha del presente auto, continúan siendo omisos en dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en autos, no obstante haber sido requeridos por diversas instancias jurisdiccionales, atendiendo el derecho a la tutela judicial efectiva que no comprende solamente la solución de controversias, pues la exigencia de que la impartición de justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, incluye también la plena ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. Se apercibe a las citadas autoridades, que en caso de que no realizar lo propio dentro del término de tres días contados a partir de que reciba la presente encomienda, se harán acreedores a una multa...
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