Rosemberg Juárez Arroyo

Expediente 895/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
895/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Rosemberg Juárez Arroyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de julio de dos mil veintitrés. Vista: la certificación que antecede y del estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto de diecinueve de junio del año en curso. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se ubica en la hipótesis establecida en su artículo 20, fracción I, por ser un asunto sobreseído fuera de audiencia; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20 del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos y tomos exhibidos por las partes o autoridades responsables, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto; el estado que guardan los autos de los cuales se advierte que en proveído de dieciséis de junio del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el que adjuntó copia certificada del laudo de quince de junio de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En ese tenor, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que los efectos del acto reclamado cesaron, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por lo cual, es aplicable la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Atento a lo que antecede, cabe precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo que a continuación se cita: La omisión de dictar el laudo, dentro del Juicio laboral ********************. Ahora bien, de las documentales que remitió la autoridad oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo establecido en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones; se advierte que el quince de junio del año en curso, la autoridad responsable dictó el laudo dentro del expediente laboral ********************. En las relatadas condiciones, el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo ha cesado en sus efectos, en la medida de que la situación jurídica que dio origen a este juicio amparo, dejó de producirlos, pues la omisión reclamada fue subsanada con las actuación antes descrita, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" También es aplicable el caso la diversa tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/98, localizable en la página 210 del Tomo VII correspondiente al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede SOBRESEER en este juicio de amparo fuera de audiencia. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia cuyo rubro y texto es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el término de la vista a que se refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo, en la medida de que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, no se actualizaría. En consecuencia, SE DEJA SIN EFECTOS la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finamente, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de registro de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este juzgado. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto; el estado que guardan los autos de los cuales se advierte que en proveído de dieciséis de junio del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el que adjuntó copia certificada del laudo de quince de junio de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En ese tenor, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que los efectos del acto reclamado cesaron, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por lo cual, es aplicable la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Atento a lo que antecede, cabe precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo que a continuación se cita: La omisión de dictar el laudo, dentro del Juicio laboral ********************. Ahora bien, de las documentales que remitió la autoridad oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo establecido en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones; se advierte que el quince de junio del año en curso, la autoridad responsable dictó el laudo dentro del expediente laboral ********************. En las relatadas condiciones, el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo ha cesado en sus efectos, en la medida de que la situación jurídica que dio origen a este juicio amparo, dejó de producirlos, pues la omisión reclamada fue subsanada con las actuación antes descrita, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" También es aplicable el caso la diversa tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/98, localizable en la página 210 del Tomo VII correspondiente al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede SOBRESEER en este juicio de amparo fuera de audiencia. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia cuyo rubro y texto es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el término de la vista a que se refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo, en la medida de que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, no se actualizaría. En consecuencia, SE DEJA SIN EFECTOS la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finamente, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de registro de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este juzgado. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado criptográficamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por medio del cual remite el diverso GN/UAJT/DGAC/7017/2023, suscrito por la Directora General de Amparos y Contencioso en la Unidad de Asunto Jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, recibido vía correo electrónico institucional, mediante el cual realiza lo siguiente: Informa del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario, únicamente respecto de los quejosos 2.- ********************, 9.- ********************, 10******************** y 12.- ********************; asimismo, remite constancias en apoyo a lo anterior, y solicita la intervención de este órgano jurisdiccional a efecto de realizar la notificación de los oficios 9030/2023, 9031/2023, 9032 y 9033/2023, a sus destinatarios. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo previsto por los artículos 210-A, y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, téngase por recibido y glósese a los autos el oficio de cuenta, para que obre como corresponda. Ahora bien, tocante al contenido del oficio GN/UAJT/DGAC/7017/2023, que suscribió la autoridad responsable de referencia; de la revisión a las documentales de trato, se advierte que las mismas carecen de firma electrónica FIREL; en consecuencia, de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, este juzgado no otorga valor a las mismas; por lo que se deja de efectuar mayor pronunciamiento en torno a su contenido. Lo anterior, sin soslayar que dentro del cuerpo de la comunicación, obren datos de identificación tales como el número del juicio de amparo en que se actúa, la denominación de las autoridades responsables, el nombre de la parte quejosa, o incluso que la misma contenga estampada -en forma impresa- la signatura de quien se ostenta con el carácter de Directora General de Amparo y Contencioso en la Unidad de Asunto Jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional. Ello pues, se itera, los documentos en cuestión carecen de firma electrónica, misma que es el medio idóneo para vincular la identidad del emisor con el documento electrónico que la contenga; de ahí que, su ausencia, genere incertidumbre sobre dicho aspecto, y por ende, carezca de valor procesal. Sin embargo, de la documental en cita se advierte un recibo de registro ante el Servicio Postal Mexicano, por lo que, este juzgado queda a la espera de la recepción por la vía ordinaria de las mismas, para estar en posibilidad de pronunciarse al respecto. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de licencia médica la Jueza de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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