Rosemberg Jiménez Sánchez y Otros.

Expediente 1532/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1532/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Rosemberg Jiménez Sánchez y Otros.
  • 1. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, causó estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo y se ordenó el archivo del expediente, señalándose como fecha para su remisión el uno de diciembre del presente año. Ahora, en obvio de dilaciones innecesarias se ordena modificar la fecha de remisión al archivo definitivo del presente expediente y en su lugar se señala el treinta de noviembre de dos mil veintidós; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el oficio suscrito por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad y anexo, con el que remite testimonio de la ejecutoria de diez de noviembre del presente año, dictada dentro del recurso de revisión 443/2021, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Este Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, carece de competencia legal para conocer del recurso de revisión. SEGUNDO. Remítanse al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, el original del escrito de agravios del recurso de revisión y el juicio de amparo indirecto 156/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, para los efectos a que se refiere esta resolución" Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho; contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad. 2. Coordinador General del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 3. Director del Servicio de Admisión Tributaria de Chiapas, con sede en esta ciudad. 4. Director del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 5. Director de Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad. 6. Grupo Médico del Municipio de Tuxtla Gutiérrez Sociedad Civil, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, y registrar bajo el número de juicio de amparo 1532/2022-2-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En efecto, del contenido integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa comparece a esta instancia constitucional, señalando como acto reclamado, el siguiente: A. La separación del cargo del quejoso como elemento de la policía adscrito a la División de la Policía Operativa dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, atribuido a las autoridades señaladas con los números 1, 2 y 5. B. El requerimiento efectuado al quejoso en el oficio *** de veinte de septiembre de dos mil veintidós, por el que se le requiere declaración de situación patrimonial por conclusión de encargo, así como la negativa de notificarle el resolutivo de baja en el ejercicio de sus labores, atribuido a la autoridad señalada con el número 4. C. Las cotizaciones que se realizaron en su nombre y con su Registro Federal de Contribuyente en el periodo del treinta de octubre de dos mil dieciséis al veinte de septiembre de dos mil veintidós atribuidas a la autoridad señalada con el número 3. D. La posible negativa en reexpedir al quejoso la credencial de prestación de servicio médico, así como la probable negativa en proporcionarle atención médica, atribuidos a las autoridades 2 y 6. Al respecto, a criterio de esta juzgadora respecto de los actos reclamados en los incisos A), B) y C) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.;" El primer párrafo de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De la interpretación del precepto legal se puede concluir que el juicio de amparo será improcedente cuando se presente la demanda en forma extemporánea, es decir, fuera de los plazos que alude la ley de la materia. En ese sentido, es necesario establecer cuáles son plazos y la forma de computarlos a efecto de demostrar la extemporaneidad de la demanda de amparo. En ese contexto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El precepto legal reproducido en primer término, establece los plazos para promover el juicio de amparo, el cual, como regla general prevé que el término para presentar una demanda de amparo será de quince días; asimismo, prevé los plazos excepcionales para ejercer la acción de amparo. En forma sistemática, en la segunda norma transcrita el legislador estableció las hipótesis para el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: a) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, c) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Como se aprecia, los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición de los quejosos respecto del acto que reclaman, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable, por las razones que indica, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto el quejoso señaló como actos de molestia: A. La separación del cargo del quejoso como elemento de la policía adscrito a la División de la Policía Operativa dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, atribuido a las autoridades señaladas con los números 1, 2 y 5. B. El requerimiento efectuado al quejoso en el oficio *** de veinte de septiembre de dos mil veintidós, por el que se le requiere declaración de situación patrimonial por conclusión de encargo, así como la negativa de notificarle el resolutivo de baja en el ejercicio de sus labores, atribuido a la autoridad señalad con el número 4. C. Las cotizaciones que se realizaron en su nombre y con su Registro Federal de Contribuyente en el periodo del treinta de octubre de dos mil dieciséis al veinte de septiembre de dos mil veintidós atribuidas a la autoridad señalada con el número 3. Sin embargo, de lo narrado en el escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso, manifestó lo siguiente: "[.] vengo a hacer de su conocimiento a esta autoridad federal que de fecha 20 de octubre de 2016, la secretaria de seguridad y protección ciudadana, por conducto del director, me separaron de mi cargo y posterior mente me corrieron sin darme ningún motivo, y mucho menos liquidarme, corriéndome como un ratero, posterior mente toque varias puertas e instancia en la secretaria se seguridad y protección ciudadana, para que me dieran una explicación del porque me separaron de mi cargo sin darme ningún documento idóneo donde justifique alguna falta o en su caso sanción alguna por lo que al verse hacechado los mando policiales y por conducto del director me negaron el acceso a las instalaciones para que pudiera laboral, a si paso un tiempo y ya en el año 2017 de fecha 15 de marzo de ese mismo año me entero por compañeros, que todavía el suscrito se encontraba activo y cotizando, en la institución por lo que de nueva cuenta fui a la institución al área de recursos humanos y del cual me negaron y me mandaron a sacar de dicha institución, así paso el tiempo y en el año 2018, me sigo enterando que seguía activo y cotizando, en la institución por lo que de nueva cuenta fui a la institución al área de recursos humanos y del cual me negaron y me mandaron a sacar de dicha institución, a si paso el tiempo y en el año 2018, me sigo enterando que seguía activo y que alguien estaba cobrando mi sueldo y todas mis prestaciones a nombre del suscrito y pues decidí ir al área de fideicomiso, de dicha institución por lo que me expidieron el día 10 de enero del 2018, una credencial para la prestación del servicio médico [.] [...] los actos de violación por parte del CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN DONDE DICHA DEPENDENCIA, nunca me dio algún resolutivo hasta el día 20 de septiembre del año 2022, que me notifica el centro de control y confianza del estado de Chiapas en donde me notifica que el suscrito se encuentra dado de baja por no aver realizado mi declaración patrimonial, en la que me dan un lapso de 60 días naturales para dicha declaración a la conclusión del cargo [.]" (Sic) [Énfasis propio] De lo anterior, se evidencia que en el caso, el quejoso fue separado del cargo desde el veinte de octubre de dos mil dieciséis, no obstante ello, a su decir, tuvo conocimiento de los actos que reputa violatorios de derechos fundamentales, hasta el veinte de septiembre de dos mil veintidós, pues, como ya se dijo, refiere en su escrito de demanda que en esa fecha recibió el oficio emitido por el Centro de Control y Confianza Certificado del Estado de Chiapas, por el que se le requirió rindiera su declaración patrimonial por conclusión del encargo que venía desempeñando del cual había causado baja; de ahí que se sostenga que la demanda de amparo de que se trata se presentó de forma extemporánea. En efecto, la manifestación del quejoso en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis[ sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL" Así, para determinar el cómputo del aludido plazo debe considerarse la segunda hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado. El vocablo conocimiento utilizado por el legislador se refiere al momento en que la persona perjudicada por un acto de autoridad tiene noticia de los actos dirigidos en su contra, el cual debe ser directo, exacto y completo, y no inferirse en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO". Es decir, para considerar que se tuvo noticia del acto que se reclama, debe existir seguridad de que el peticionario tuvo conocimiento de cuáles son los datos de identificación de éste, las autoridades responsables, así como los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento del acto a fin de poder defenderse de él, y por ende debe comenzar a correr el plazo para presentar la demanda de amparo. De lo expuesto, se colige que el aquí quejoso, si bien fue separado del cargo a partir el mes de octubre de dos mil dieciséis, tuvo conocimiento del acto que reclama, desde el veinte de septiembre de dos mil veintidós, por lo que el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a contar a partir del veintiuno de septiembre del mismo año, y feneció el once de octubre siguiente. De ahí que, resulte inconcuso que el escrito de demanda de amparo presentado el ocho de noviembre del año en curso, resulta extemporáneo. Por consiguiente, si presentó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo hasta el ocho de noviembre del presente año, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo, pues el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, feneció el once de octubre de dos mil veintidós, tal como puede advertirse de la siguiente tabla dinámica que se inserta: SEPTIEMBRE 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 Día inhábil 4 Día inhábil 5 6 7 8 9 10 Día inhábil 11 Día inhábil 12 13 14 15 16 17 Día inhábil 18 Día inhábil 19 20 21 Día 1 22 Día 2 23 Día 3 24 Día inhábil 25 Día inhábil 26 Día 5 27 Día 5 28 Día 6 29 Día 7 30 Día 8 OCTUBRE 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día inhábil 2 Día inhábil 3 Día 9 4 Día 10 5 Día 11 6 Día 12 7 Día 13 8 Día inhábil 9 Día inhábil 10 Día 14 11 Día 15 12 13 14 15 Día inhábil 16 Día inhábil 17 18 19 20 21 22 Día inhábil 23 Día inhábil 24 25 26 27 28 29 Día inhábil 30 Día inhábil 31 Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita los actos reclamados, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que ahora reclama; sin embargo, al no hacerlo la demanda resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." De ahí que, al haber presentado la demanda hasta la fecha antes mencionada, la acción de amparo resulta extemporánea, en razón de que se encuentra fuera del plazo genérico de quince días a que se refiere el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en alguna de las excepciones a la regla general que prevé el propio precepto. Lo anterior, se robustece con lo obtenido de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de la que se advirtió la existencia del juicio de amparo ***, radicado en este Juzgado, en el que el propio quejoso reclamó la falta de contestación al escrito del quejoso por el ante la Unidad de Apoyo Jurídico de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que solicitó copia certificada del procedimiento administrativo disciplinario seguido en su contra; situación que constituye un hecho notorio, de conformidad con el numeral 88, del código adjetivo invocado. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". En ese contexto, es dable advertir que con independencia de que el quejoso refiere que hasta el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, tuvo conocimiento de la separación del cargo que venía desempeñando, lo cierto es que desde dos mil diecinueve, era sabedor del procedimiento administrativo seguido en su contra, debiendo combatir los actos de molestia que resultaran de ello, desde aquella fecha, cuestión que en el particular se desconoce si aconteció, por lo que acción intentada en el demanda de amparo que ahora se provee, a todas luces resulta extemporánea. Ahora, respecto del acto reclamado marcado en el inciso C) consistente en las cotizaciones que se realizaron en su nombre y con su Registro Federal de Contribuyente en el periodo del treinta de octubre de dos mil dieciséis al veinte de septiembre de dos mil veintidós atribuidas a la autoridad señalada con el número 3, debe decirse que la parte quejosa en sus manifestaciones refiere: "paso un tiempo y ya en el año 2017 de fecha 15 de marzo de ese mismo año me entero por compañeros, que todavía el suscrito se encontraba activo y cotizando, en la institución por lo que de nueva cuenta fui a la institución al área de recursos humanos y del cual me negaron y me mandaron a sacar de dicha institución, así paso el tiempo y en el año 2018, me sigo enterando que seguía activo y cotizando" De lo expuesto, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento que se encontraba cotizando desde el quince de marzo de dos mil diecisiete, por lo que resulta evidente que si la demanda de amparo se presentó el ocho de noviembre de dos mil veintidós en relación a dicho acto, el término previsto por el artículo 17 de la ley de la materia también ha transcurrió en exceso. Por otra parte, por lo que respecta al acto reclamado consistente en D) la posible negativa en reexpedir al quejoso la credencial de prestación de servicio médico, así como la probable negativa en proporcionarle atención médica, atribuidos a las autoridades, a consideración de quien esto determina, se estima que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o., y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional; preceptos que disponen:, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha normatividad, como puede apreciarse, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva. Por ende, quien alega una afectación a su interés jurídico debe demostrar ser titular del derecho que aduce fue violado, y que derivado de esa violación resultó afectado en su esfera jurídica. Luego, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, esto es, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir de la obligada la satisfacción de ese interés con la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona, sujeto activo, tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés y otra persona, sujeto pasivo, que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados, tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada, que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. ". Por su parte, el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico, según se advierte de la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, en la que se exceptúa expresamente a los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Es pues, el interés legítimo, aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, a diferencia del interés simple o jurídicamente irrelevante que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado, y por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE." Como puede apreciarse, el interés legítimo abrió la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues no se exige la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado con la concesión del amparo. Empero, dicho interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo) y debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otro tipo. En otros términos, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no está dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica de la persona, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, en cuyo caso cabe hablar de un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Lo anterior, impone al juez constitucional la obligación de analizar en el caso concreto las relaciones jurídicas en que se insertan las personas. Para ello no sólo interesa la relación directa de la autoridad o de la ley con el quejoso (dimensión vertical), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentra, por ejemplo, con otros particulares (dimensión horizontal), en virtud de las cuales exista una correa de transmisión con los efectos perjudiciales de los actos reclamados. En suma, quien acude al juicio de amparo debe acreditar que le asiste interés jurídico, o en su caso, interés legítimo, para reclamar la insubsistencia del acto reclamado, y no inferirse con base en presunciones. En el primer supuesto debe demostrar, como elementos constitutivos del interés jurídico: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En el segundo caso, deberá probar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Así lo sostuvo la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión del que emanó la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En el particular, como se dijo, el quejoso señala como acto reclamado la posible negativa en reexpedir la credencial de prestación de servicio médico, así como la probable negativa en proporcionarle atención médica, atribuidos a las autoridades 2 y 6; actos que no vulneran directamente algún derecho subjetivo público ni producen una afectación de imposible reparación. Lo anterior, en virtud de que de lo narrado por el propio quejoso se desprende que el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, le fue expedida una credencial para la prestación del servicio médico, la cual se encuentra vigente hasta el quince de noviembre del presente año. En ese orden, se tiene que los actos que pretende combatir el peticionario del amparo hasta este momento no le causan ningún perjuicio pues las responsables expidieron una credencial para atención médica del quejoso, la cual aún está activa En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo se encontraba supeditada a que la parte quejosa acreditara en forma fehaciente la existencia de un derecho subjetivo y que el acto de autoridad lo haya afectado, lo que en la especie no aconteció. Se dice lo anterior, pues atendiendo a que la sola vigencia de la credencial de prestación de servicios médicos, no hace patente una negativa por parte de las responsables de que la misma pueda ser expedida nuevamente en favor del quejoso, de ahí que también se puede obtener que los actos que pretende reclamar sean de realización incierta. Por actos futuros e inciertos se entienden aquellos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones; en contraposición, los actos futuros de inminente realización son aquellos que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de forma que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve. Así, la probable negativa reclamada no se actualiza en el particular, en virtud de que su realización no es segura, sino que depende de la conducta que despliegue la autoridad responsable. Lo anterior máxime que el propio quejoso refiere en su demanda de amparo que siempre le han expedido su credencial para el servicio médico a la que tienen derecho los trabajadores del Estado del sector policial, siendo que cuando un trabajador ha sido dado de baja en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya no cuenta con ese servicio. Así las cosas, se estima que el acto reclamado, no afecta sus prerrogativas fundamentales, por lo que carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracciones XII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional y fracción XIV, del artículo 61 en cita, relacionado con el diverso 17, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso. Háganse las anotaciones correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la citada Ley, a la diversa persona que indica por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medio electrónicos y en su caso, los que se encuentran en su disposiciones a través el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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