Rosemary Christine Madrid Gould
Expediente 52/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rosemary Christine Madrid Gould
- Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Especial de Delitos de Despojo) Con Residencia En Acapulco de Juárez, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DE AMPARO... ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO...SE DEJAN A DISPOSICIÓN DE LA PARTE TERCERO INTERESADA LA COPIA CERTIFICADA QUE EXHIBIÓ...
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AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JOSE ANTONIO SAUCEDO CHAVEZ, EL AUTO DE DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: "...CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DE AMPARO... ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO...SE DEJAN A DISPOSICIÓN DE LA PARTE TERCERO INTERESADA LA COPIA CERTIFICADA QUE EXHIBIÓ...
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VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 52/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Rosemary Christine Madrid Gould, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras: 1. Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (especializada en despojos) del Distrito Judicial de Tabares. 2. Agente adscrita a la mesa de trámite número tres del Ministerio Público del Fuero Común (especializada en despojos) del Distrito Judicial de Tabares. Residentes en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "La limitación de los derechos de posesión y propiedad del bien inmueble ubicado en el lote número 34 de la Calle Pedrera, del Fraccionamiento Club Deportivo en esta ciudad de Acapulco, consistente en la abstención de realizar alguna construcción o cualquier acción a título de propietarios del predio referido. SEGUNDO. Por acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciséis, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el libro de correspondencia bajo el número 52/2016, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó notificar a los terceros interesados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII de la Constitución Federal; 36 y 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un acto suscitado dentro de un procedimiento penal -en su fase previa-, emitido por una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el expediente del presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el acuerdo de doce de enero de dos mil dieciséis, emitido dentro de la averiguación previa TAB/DES/03/0084/2015, en el que notifica a la parte agraviada aquí quejosa Rosemary Christine Madrid Gould, a su apoderado Pedro Valente Lugardo y a los inculpados José Antonio Sucedo Chávez y Adolfo González Espinosa, se abstengan de realizar alguna construcción o cualquier acción a títulos de propietarios respecto de los bienes inmuebles materia del delito de despojo (lotes números treinta y cuatro y treinta y cuatro guión "B" de la manzana 21, ubicado en la calle Pedrera del Fraccionamiento Club Deportivo, de esta ciudad) hasta en tanto se resuelva en definitiva la controversia que existe en dicho predio. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues al rendir su informe justificado, así lo reconocieron expresamente (fojas 16 y 18) certeza que además se corrobora con la copia certificada de la averiguación previa TAB/DES/03/0084/2015, remitida como apoyo a su informe, la cual conforma el tomo I de pruebas; documental públicas que tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º. CUARTO.- Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, de las manifestaciones que hizo valer el tercero interesado mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se obtiene que pretende hacer valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, a virtud de que dice, la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo al no ser propietaria del bien inmueble que en esta vía defiende; lo que se estima infundado en virtud de que el acto reclamado lo constituye el proveído de doce de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual el Agente responsable ordenó a la agraviada y a los terceros interesados, se abstuvieran de realizar alguna construcción o cualquier acción a título de propietarios en el bien inmueble objeto del delito de despojo, por lo que en este juicio únicamente se analizará la constitucionalidad o no del acto reclamado, no así cuestiones de propiedad. QUINTO.- No habiendo diversa causal que analizar, se procede a estudiar el fondo materia del presente asunto. Previo a abordar el estudio del concepto de violación, resulta conveniente exponer una breve reseña de los antecedentes que preceden al acuerdo reclamado en esta vía, los cuales se deducen de la averiguación previa TAB/DES/03/0084/2015, remitida en copia certificada por la autoridad ministerial responsable, valorada en el considerando tercero. Tomo I de pruebas. 1. Por escrito de catorce de mayo de dos mil quince, Pedro Valente Lugardo, en su carácter de apoderado legal de la aquí quejosa Rosemary Christine Madrid Gould, presentó denuncia de despojo ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (especializada en despojos) del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en contra de quien resultara responsable de dicho ilícito de los bienes inmuebles consistentes en los lotes de terreno números treinta y cuatro y treinta y cuatro guión "B" de la manzana 21, ubicado en la calle Pedrera del Fraccionamiento Club Deportivo, de esta ciudad, respecto de los cuales aduce ser propietaria al amparo de la escritura pública número cincuenta y un mil setecientos ochenta y siete, de veintitrés de febrero de dos mil quince, ante la fe del notario público número 19 del Distrito Notarial de Tabares, que consigna el contrato de compraventa celebrado entre Armando Tostado Hernández (parte vendedora) y la aquí quejosa Rosemary Christine Madrid Gould como compradora, cuyo primer testimonio exhibió (fojas 9 a 15). 2. Con motivo de la denuncia el Agente del Ministerio Público del Fuero Común (especializada en despojos) del Distrito Judicial de Tabares, por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil quince, dio inicio a la averiguación previa radicada con el número TAB/DES/03/0084/2015, y ordenó practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos (fojas 1 y 2). 3. Mediante comparecencia de catorce de julio de dos mil quince, el apoderado de la parte agraviada presentó formal querella por el delito de despojo del referido bien en contra de José Antonio Saucedo Chávez, Adolfo González Espinoza y la empresa Adric, Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 83). 4. Mediante diligencia de inspección de dos de septiembre de dos mil quince, el agente investigador en compañía de los testigos de asistencia, apoderado de la agraviada, testigos de identificación y perito dependiente de la Dirección General de los Servicios Periciales, se constituyeron en "CALLE PRADERA, LOTES 34 Y 34-B DEL FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO, DE ESTA CIUDAD" inmueble materia del delito de despojo, y dio fe de lo siguiente (fojas 98 y 99): "(.) SE TRATA DE UN PREDIO URBANIZADO, CON TOPOGRAFÍA PLANA, EL CUAL SE ENCUENTRA DELIMITADO EN SUS CUATRO PUNTOS CARDINALES CON MURO DE BLOC, LA CUAL SE ENCUENTRA SIN REVOCAR DÁNDOSE FE QUE EN EL MURO QUE COLINDA CON LA CALLE PREDERA SE ENCUENTRAN DOS RÓTULOS PINTADOS SOBRE EL MISMO MURO LOS CUALES CADA UNO DE ELLOS REZA LO SIGUIENTE: "AVISO, CUALQUIER ASUNTO LEGAL O DE CUALQUIER ÍNDOLE RELACIONADO CON ESTE PREDIO, FAVOR DE COMUNICARSE AL TEL. (7441835057) PROPIEDAD PRIVADA" ASIMISMO TAMBIÉN SE DA FE QUE PARA SU ACCESO SE ENCUENTRA COLOCADO UN PORTON DE HERRERÍA PINTADO DE COLOR CAFÉ, EL CUAL TIENE UNA MEDIDA DE 4.10 METROS DE ANCHO POR 2.70 DE ALTURA, DÁNDOSE FE QUE EN EL CERROJO SE ENCUENTRA COLOCADO UN CANDADO, ASÍ COMO DOS PLACAS DE SOLDADURA Y CUATRO PUNTOS TAMBIÉN DE SOLDATURA, SEÑALANDO EL APODERADO ANTES REFERIDO QUE ESTO FUE COLOCADO POR LA PARTE INCULPADA, RAZÓN POR LA CUAL NO ES POSIBLE TENER ACCESO AL PREDIO, PERO A TRAVÉS DE LA CALLE Y POR LA PARTE SUPERIOR DE MURO SE PUEDE APRECIAR PERFECTAMENTE EL INTERIOR DEL PREDIO DONDE SE DA FE QUE NO EXISTE NINGUNA CONSTRUCCIÓN YA QUE EN SU TOTALIDAD SE ENCUENTRA ENMONTADO, ASÍ TAMBIÉN SE OBSERVAN VARIOS ÁRBOLES PROPIOS DE LA REGIÓN AL IGUAL QUELA MALEZA (.)" 5. El dieciocho de septiembre de dos mil quince, compareció José Antonio Saucedo Chávez, por su propio derecho y en su carácter de apoderado de legal de Adric, Sociedad Anónima de Capital Variable, a ratificar su declaración ministerial en relación a los hechos imputados contenida en el escrito de la citada fecha, en la que negó los hechos imputados con el argumento de que dicho inmueble es propiedad de su representada al amparo de contrato de compraventa celebrado el dieciocho de octubre de dos mil cinco, consignado en el instrumento público notarial número ciento cuarenta y uno ante la fe del Notario Uno del Distrito Judicial del Estado de Guerrero, en Tixtla, Guerrero, exhibido en copia certificada y ofreció pruebas de su parte (foja 113 a 225). 6. Mediante escrito de once de noviembre de dos mil quince, el apoderado de la parte agraviada expuso el diez de noviembre del citado año al pasar por el inmueble en conflicto se percató que el portón de acceso al predio se encontraba abierto, con señas de haber sido forzado, y por ende que cerró el portón, asimismo que el once de noviembre siguiente en compañía de la agraviada volvieron a encontrar abierto, motivo por el cual a fin de evitar que hicieran mal uso del inmueble, tomaron posesión de dicho predio, cerraron el portón y colocaron un candado en el cerrojo o pasador del mismo (foja 241). 7. El once de enero de dos mil dieciséis, se dio fe del escrito de veintitrés de diciembre de dos mil quince, signado por el inculpado José Antonio Saucedo Chávez, mediante el cual manifestó que aproximadamente a las once horas del veintidós de diciembre del citado año, se percató que en el inmueble materia del delito de despojo el portón café que lo encierra se encontraba abierto y en él trabajando un herrero, un ayudante y otra persona del sexo masculino, quienes le comunicaron con el representante de la supuesta agraviada en dicha indagatoria, con quien acordó se retirarían del lugar dichos empleados y cerrarían el protón de acceso al predio; sin embargo, que en esa misma fecha como a las trece horas con treinta minutos, en otro recorrido a dicho domicilio como ilustró con fotografías se encontraba nuevamente abierto el portón aludido, y en el interior material de construcción como quince o veinte bultos de cemento y uno o dos camiones de arena, motivo por el cual solicitó se apercibiera a la agraviada y a todos su representantes legales a efecto de que se abstuvieran de realizar cualquier acción a título de dueños del predio, en tanto se resolviera en definitiva la citada indagatoria (fojas 401 y 402). En la citada fecha el inculpado José Antonio Saucedo Chávez compareció a ratificar el citado escrito y solicitó al órgano investigador se trasladara el inmueble materia del delito de despojo y diera fe de lo manifestado en el aludido escrito (fojas 409 y 410). Enseguida la autoridad ministerial ordenó el traslado del personal actuante al inmueble en conflicto y una vez que se constituyó en dicho lugar dio fe de lo siguiente (foja 411): "(.) DÁNDOSE FE DE QUE EN DICHO PREDIO SE OBSERVA DESDE LA CALLE UNA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO EN OBRA NEGRA, LO CUAL SE OBSERVA A TRAVÉS DE LA PARTE SUPERIOR DEL MURO QUE LIMITA EL PREDIO Y QUE COLINDA CON EL PORTÓN DE ACCESO EL CUAL SE ENCUENTRA CERRADO SIN LOS SELLOS DE SOLDADURA QUE PRESENTABA ANTERIORMENTE DÁNDOSE FE QUE LA CONSTRUCCIÓN ES DE UN CUARTO, TODA VEZ QUE EN LA PARTE SUPERIOR DEL MURO LIMITANTE SE OBSERVA EL TECHO DE LA CONSTRUCCIÓN SIENDO ESTE DE CONCRETO ARMADO EL CUAL SE ENCUENTRA SIN REVOCAR CONSTRUCCIÓN QUE NO EXISTÍA EL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN QUE EL PERSONAL ACTUANTE TAMBIÉN SE TRASLADÓ EN COMPAÑÍA DE UN PERITO DE ESTA MISMA INSTITUCIÓN A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN OCULAR (.)" 8. Por acuerdo de doce de enero de dos mil dieciséis, la autoridad ministerial atento al estado jurídico que guarda la indagatoria, a lo manifestado por el inculpado José Antonio Saucedo Chávez, mediante escrito de veintitrés de diciembre de dos mil quince, y una vez que el personal de actuaciones dio fe de la existencia de una construcción en el predio en conflicto el cual no existía en diversa inspección de dos de septiembre de dos mil quince, además de solicitar informes al Director de Licencias de Construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública, ordenó notificar a la agraviada Rosmary Christine Madrid Gould, a su apoderado legal Pedro Valente Lugardo, así como a los inculpados José Antonio Saucedo Chávez y Adolfo González Espinoza, que se abstuvieran de realizar alguna construcción o cualquier acción a título de propietarios en el predio en conflicto en dicha averiguación previa, hasta en tanto resolviera en definitiva, apercibidos que de no hacerlo se les aplicaría una medida de apremio (lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio). SEXTO. Precisados los antecedentes del caso, se procede al análisis de los conceptos de violación. La quejosa señala que el acto reclamado transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a su favor tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en atención a lo siguiente: a) porque no se encuentra debidamente fundado y motivado, al no exponer los hechos o circunstancias especiales que tomó en consideración para pronunciarse en el sentido que lo hizo. b) que el hecho de que el artículo 1 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, otorgue al ministerio público facultades para dictar medidas cautelares, ello en modo alguno implica que tenga atribuciones de limitar los derechos de propiedad que tiene la quejosa, como agraviada en la averiguación previa. Son infundados los argumentos propuestos, en atención a lo siguiente. Al respecto, resulta conveniente recordar que el acto reclamado sujeto a examen, se hace consistir en el acuerdo de doce de enero de dos mil dieciséis, pronunciado en la averiguación previa número TAB/DES/03/0084/2015, iniciada con motivo de la denuncia presentada por Rosemary Christine Madrid Gould, por el delito de despojo de los bienes inmuebles identificados como lotes números treinta y cuatro y treinta y cuatro guión "B", de la manzana 21, ubicados en calle Pedrera del fraccionamiento Club Deportivo de esta ciudad, mediante el cual la autoridad ministerial atento al estado jurídico que guarda la indagatoria, a lo manifestado por el inculpado José Antonio Saucedo Chávez, mediante escrito de veintitrés de diciembre de dos mil quince, y una vez que el personal de actuaciones dio fe de la existencia de una construcción en el predio en conflicto el cual no existía en diversa inspección de dos de septiembre de dos mil quince, ordenó notificar a la agraviada Rosmary Christine Madrid Gould, a su apoderado legal Pedro Valente Lugardo, así como a los inculpados José Antonio Saucedo Chávez y Adolfo González Espinoza, que se abstuvieran de realizar alguna construcción o cualquier acción a título de propietarios en el predio en conflicto en la citada averiguación previa, hasta en tanto resolviera en definitiva dicha indagatoria. A partir de lo anterior, puede afirmarse que se está ante la presencia de un acto de molestia -no privativo en forma definitiva- partiendo del hecho de que mientras dure la fase de investigación de los hechos presuntivamente constitutivos de delitos, los derechos que pudieran asistirle a la quejosa al amparo de los documentos exhibidos sobre el bien inmueble materia del delito de despojo, se ven restringidos temporalmente, específicamente en lo que tiene que ver con la continuación de los trabajos de construcción de la obra que no existían el dos de septiembre de dos mil quince. Lo anterior adquiere relevancia, porque el estudio de actos de tal naturaleza debe ponderarse en función de la finalidad que persiguen. Así, los actos de molestia son aquellos que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Como una especie de tales actos, se encuentran las providencias o medidas cautelares, que no implican una decisión sustantiva, es decir, no constituyen, reconocen, ni extinguen derechos, sino que simplemente tienen por objeto conservar o asegurar la permanencia de una situación fáctica concreta, para salvaguardar la integridad de la litis. En efecto, las providencias o medidas cautelares se decretan a través de resoluciones de carácter provisional, esto es, con efectos pre procesales o intra procesales, y tienen como finalidad principal resguardar la materia sobre la que versa el juicio, o asegurar el cumplimiento de una resolución futura. En este sentido, se afirma que tales medidas se caracterizan por los siguientes elementos que le son comunes: 1. Provisionalidad o provisoriedad, en cuanto que tales medidas, decretadas antes o durante un proceso principal, sólo duran hasta la conclusión de éste, pero en ninguno de tales casos la tramitación de la medida tiene incidencia sobre el proceso principal o afecta su desarrollo; 2. Instrumentalidad o accesoriedad, en cuanto que no constituyen un fin en sí mismas, sino que nacen al servicio de un proceso principal; 3. Sumariedad o celeridad, en cuanto que, por su misma finalidad, deben tramitarse y dictarse en plazos muy breves; y por regla general, sin audiencia previa de la contraparte; y, 4. Flexibilidad, en razón de que pueden modificarse cuando varíen las circunstancias sobre las que se apoyan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 21/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 18, del Tomo VII, marzo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." El artículo 16 Constitucional prevé los actos de molestia, al establecer en su primer párrafo lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" De la interpretación del artículo anterior se deduce que los actos de molestia son permitidos por la constitución de nuestro país, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la propia ley para la ejecución de los mismos; así, para que un acto de molestia sea legal, es necesario que se cumplan con los siguientes requisitos: a) Que preceda un mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello; b) Que se funde y motive la causa legal del procedimiento. De lo anterior, podemos concluir que únicamente aquellos actos emanados de la autoridad competente que no se encuentren apegados a la legalidad exigida para los mismos, deben ser protegidos por el juicio de garantías; es decir, solamente serán protegidos los gobernados respecto de los actos de autoridad competente que no cumplan con los requisitos contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número P./J. 40/96, correspondiente a la Novena Época, del Tribunal Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 5, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.". Cierto, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora bien, para arribar a la convicción de que el acto reclamado es una medida cautelar y que dentro de la averiguación previa el ministerio público está facultado para emitir determinaciones de esa naturaleza, como parte de las atribuciones que la Carta Magna le otorga, se tiene presente que la averiguación previa que nos ocupa inició con motivo de la denuncia presentada por la quejosa por el delito despojo de los bienes inmuebles identificados como lotes números treinta y cuatro y treinta y cuatro guión "B", de la manzana 21, ubicados en calle Pedrera del fraccionamiento Club Deportivo de esta ciudad, respecto de los cuales aduce ser propietaria al amparo de la escritura pública número cincuenta y un mil setecientos ochenta y siete, de veintitrés de febrero de dos mil quince, ante la fe del notario público número 19 del Distrito Notarial de Tabares, que consigna el contrato de compraventa celebrado entre Armando Tostado Hernández (parte vendedora) y Rosemary Christine Madrid Gould (como compradora), respecto del cual también se ostenta propietaria la inculpada Adric, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante contrato de compraventa celebrado el dieciocho de octubre de dos mil cinco, consignado en el instrumento público notarial número ciento cuarenta y uno ante la fe del Notario Uno del Distrito Judicial del Estado de Guerrero, en Tixtla, Guerrero. En este punto, es importante abordar lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente antes de la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación; en relación con los diversos numerales, 77, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, anterior a las reformas del treinta de junio de dos mil catorce, 1º, 4º y 58º del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero número 357, que textualmente establecen lo siguiente: "Artículo 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas." Artículo 77.- Corresponde al Ministerio Público la persecución de todos los delitos de orden común y, por tanto, el ejercicio exclusivo de la acción penal. Tendrá bajo su mando inmediato a la Policía Ministerial. (.)" Artículo 1o.- Corresponde al Ministerio Público del Estado la averiguación previa de los delitos cometidos en esta Entidad Federativa, así como el ejercicio de la acción penal. En tal virtud, recibirá las denuncias y querellas que se presenten, realizará las investigaciones conducentes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, dictará medidas para la protección de las víctimas; resolverá o solicitará el aseguramiento de bienes e instrumentos relacionados con el delito y proveerá las medidas precautorias que estime necesarias, exigirá la reparación del daño desde el inicio de la averiguación previa; y, en general, realizará las consignaciones procedentes, aportará las pruebas de sus pretensiones, requerirá la aplicación de sanciones, promoverá la absoluta libertad de quienes resulten inocentes, hará las promociones e intentará los recursos pertinentes en el procedimiento judicial y vigilará el debido cumplimiento de las sentencias. En el desempeño de sus funciones de averiguación previa, el Ministerio Público dispondrá de la policía judicial, que estará bajo su autoridad y mando inmediato y que, en tal virtud, limitará su actuación a las diligencias que aquél ordene, en la forma y términos que disponga la Ley. Asimismo, el Ministerio Público se hará asistir de peritos, que gozarán de completa autonomía técnica para la emisión de sus dictámenes. Artículo 4.- Todas las autoridades están obligadas a brindar auxilio al Ministerio Público y a los Tribunales, según sus atribuciones y conforme a las solicitudes que reciban, para los fines de la justicia penal. La misma obligación tienen los particulares, que sean legítimamente requeridos para auxiliar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. "Artículo 58.- Inmediatamente que el Ministerio Público o los funcionarios encargados de practicar, en su auxilio diligencias de averiguación previa, tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, alteren, obstruyan, sustraigan, o manipulen, de cualquier forma, las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas, objetos o efectos del mismo; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante. Lo mismo se hará tratándose de delitos que solamente podrán perseguirse por querella, si ésta ha sido formulada. Iniciada la averiguación, el Ministerio Público adoptará todas las medidas legales conducentes a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de las personas contra quiénes se dirijan la denuncia o la querella, la salvaguarda de los legítimos intereses del ofendido, el aseguramiento de personas o cosas relacionadas con los hechos y las demás medidas tendientes al desarrollo de la averiguación, según las finalidades de ésta. Tratándose de delitos de violencia familiar y contra la libertad sexual el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades, acordará: a) La separación del agresor del domicilio donde habita la víctima, la cual deberá de ejecutarse de inmediato en un plazo no mayor a tres días; b) Prohibición al agresor de acercarse al domicilio de las víctimas, o a su lugar de trabajo o de estudio; y c) La prohibición de intimidar, amenazar o molestar a la víctima. Para suspender cualquiera de estas medidas, el Ministerio Público o juzgador, deberá cerciorarse de que la integridad física y emocional de la víctima no se encuentra en peligro. Las diligencias practicadas por el Ministerio Público en los términos previstos en este Código, tendrán pleno valor en el proceso. El Ministerio Público levantará acta de todas las actuaciones que disponga o practique, dejará en el expediente constancia de los acuerdos que dicte y agregará a aquél los documentos pertinentes. Conforme a los numerales reproducidos, en la parte que interesa, se deriva en primer término, que el Ministerio Público es la entidad del Estado Mexicano encargada de la investigación de los hechos presuntamente constitutivos de delitos, en el que se deposita el monopolio para ejercer la acción penal ante las autoridades jurisdiccionales, dotándolo de facultades para ello, entre las que se encuentran la de asegurar los bienes relacionados con el delito que se investiga y las cosas objeto o efecto de él, o bien, de dictar las medidas precautorias que estime necesarias, previo reconocimiento e inspección de los mismos, ello con miras a evitar que se alteren, destruyan o desaparezcan. Precisado lo anterior, se concluye que el acuerdo de doce de enero del año en curso, por el que se ordena a la agraviada aquí quejosa, a su apoderado, así como los inculpados que se abstengan de realizar alguna construcción o cualquier acción a título de propietarios en el inmueble objeto del delito de despojo, hasta en tanto se resuelva en forma definitiva la indagatoria, constituye una medida cautelar la cual fue pronunciada por una autoridad facultada expresamente para ello, como lo es el Agente del Ministerio Público del Fuero Común (especializada en despojos) del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, dentro de la averiguación previa número TAB/DES/03/0084/2015. Lo anterior se estima así partiendo del hecho de que como se estableció en los antecedentes 7 y 8, la parte inculpada José Antonio Saucedo Chávez, por sí y en representación de Adric, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien también se ostenta propietaria del inmueble afecto, mediante escrito de veintitrés de diciembre de dos mil quince, hizo saber a la autoridad ministerial que el veintidós del citado mes y año se percató que el portón café que encierra el inmueble materia del delito se encontraba abierto, y que en él encontró trabajando a un herrero, un ayudante y otra persona del sexo masculino, advirtiendo en su interior material de construcción, esto es, como quince o veinte bultos de cemento y arena, y previa inspección ocular realizada el once de enero de dos mil dieciséis, se dio fe de que en dicho predio existía una construcción de concreto sin revocar de un cuarto, el cual no existía el dos de septiembre de dos mil quince, en que personal actuante se trasladó al citado inmueble supuestamente despojado. De esa forma queda de relieve el hecho de que la citada medida tiene por objeto prevenir que mediante algún acto de disposición por quienes se ostentan como propietarios dichos bienes raíces sean alterados. Es decir, la resolución sujeta a examen, dadas las atribuciones de la autoridad ministerial, no puede sino exclusivamente asegurar que el bien inmueble permanezca en el estado que guarda, precisamente porque con motivo de la denuncia, habrá de dilucidarse si la parte ofendida efectivamente colmó el requisito de procedibilidad, esto es, que como parte de las facultades que le asiste al ministerio público, encontró eficaz el instrumento en el que justificó la violación al bien jurídico tutelado (la posesión del inmueble antes descrito), o en su defecto, que esto último no aconteció, bien sea por la ineficacia de dicho documento, o porque ello debe ser objeto de una contienda civil al estar ante la presencia de justos títulos de igual calidad. De ahí que, de proceder en los términos solicitados por la agraviada aquí quejosa, esto es, que mediante esta instancia se deje sin efectos aquella decisión en su persona, lo que se traduciría en la posibilidad de continuar realizando las obras de construcción aducidas, traería como consecuencia implícitamente el reconocimiento de un mejor derecho de propiedad en su favor, lo que no es propio de la autoridad ministerial, aunado a que propiciaría la alteración del bien raíz; extremo que resulta incongruente con las obligaciones que la ley le impone a la autoridad ministerial en la persecución de los delitos. Por tanto, dicha medida, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, cumple con el requisito de legalidad previsto en artículo 16 constitucional, en tanto que la autoridad ministerial responsable citó entre otros artículos aquellos que le otorgan facultades para dictar las medidas cautelares a fin de conservar el bien inmueble objeto del delito, así como las razones particulares que tomó en consideración para hacerlo, pues atento al estado jurídico que guarda la indagatoria, a lo manifestado por la parte inculpada, y una vez que el personal de actuaciones dio fe de la existencia de una construcción en el predio en conflicto el cual no existía el dos de septiembre de dos mil quince, ordenó notificar a la agraviada Rosmary Christine Madrid Gould, a su apoderado legal Pedro Valente Lugardo, así como a los inculpados José Antonio Saucedo Chávez y Adolfo González Espinoza, que se abstuvieran de realizar alguna construcción o cualquier acción a título de propietarios del predio en conflicto en dicha averiguación previa, hasta en tanto resolviera en definitiva dicha indagatoria, ello tiene por objeto el aseguramiento del bien raíz afecto a la indagatoria, y por ende, debe estimarse que la decisión sujeta a examen se ajustó a los parámetros de legalidad que exige el referido numeral 16 constitucional. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación examinados y no advertir motivo para suplir la queja, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó Rosemary Christine Madrid Gould, respecto del acto precisado en el considerando segundo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente . Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rosemary Christine Madrid Gould, contra el acto precisado en el considerado segundo reclamado a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el ocho de abril de dos mil dieciséis, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA AUTORIZADA EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: "... SE DICTÓ SENTENCIA EN LA CUAL LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.,,
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