Roselia Gaudencia Hernández Aquino

Expediente 272/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
272/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
21/07/2017

Partes del expediente

  • Roselia Gaudencia Hernández Aquino
  • Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil diecisiete . Visto el estado que guardan los autos, específicamente que en el presente incidente de suspensión, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que la parte quejosa quedó notificada de lo determinado en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo vigente; en tal virtud, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, tomando en consideración que a foja ocho, obra un documento original exhibido por la parte quejosa con su demanda de amparo; por tanto, requiérasele para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, mediante el cual se le tiene informando lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal circunstancia, con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes al en que quede legalmente notificada del presente acuerdo, manifieste a este Juzgado lo que en derecho corresponda, apercibida que de no hacerlo, este Tribunal, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en el expediente. Por otra parte, glósese el oficio suscrito por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en su carácter de representante Jurídico del Gobernador Constitucional, mediante el cual informa haber girado oficio a las responsables, a efecto de que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, que el artículo 86 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio, interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Roselia Gaudencia Hernández Aquino, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley de la materia, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones y Director General de la Oficina de Pensiones, ambos del Gobierno del Estado, para que dentro del plazo de tres días, informen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibidos que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA) en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto) al momento de su conducta contumaz, en términos del numeral 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En otro aspecto, por lo que atañe a las diversas autoridades responsables: Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, y Secretario General de Gobierno, no ha lugar a requerir cumplimiento alguno, porque resultaría ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de dichas autoridades, cuenta habida que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a tales autoridades a dejar insubsistentes sus actos, pues el efecto de la sentencia es que la norma declarada inconstitucional no se aplique en perjuicio del quejoso, sin que sea factible hacer una declaración general en relación a la ley que motivó el juicio. Es de invocarse en apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que a la letra dice. "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.". Asimismo, se ordena notificar este proveído al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, en su calidad de superior jerárquico de las responsables, para que ordene a éstas cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, dentro de igual término al antes señalado, se le impondrá igual multa a la especificada en el párrafo que antecede, además de que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

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