Roselia Gagdug Penagos

Expediente 811/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
811/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Roselia Gagdug Penagos
  • Fiscalia General del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    "...Visto, con fundamento artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se ordena agregar a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio signado por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, a través del cual acusa recibo del diverso 2140-VII, de cuatro de mayo del año que transcurre, por el que se le informó que se tuvo por cumplido el fallo protector dictado en autos y le fue devuelto el duplicado del expediente administrativo 375/2015-S-2 en un tomo, que remitió como apoyo a su informe justificado..."

  2. Principal

    Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos se desprende que las partes no desahogaron la vista ordenada mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, respecto del informe rendido por la autoridad responsable sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento establecido en dicho auto y, consecuentemente, es dable verificar, con los elementos que obran en autos, si la ejecutoria fue acatada por la autoridad responsable. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA En primer lugar, tenemos que por sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el el amparo y protección de la Justicia Federal a Roselia Dagdug Penagos, para los efectos siguientes: "Por tanto, al derivar fundados los conceptos de violación, con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, deje insubsistente la resolución reclamada de siete de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo 375/2015-S-2, de su índice. En su lugar dicte otra resolución con plenitud de jurisdicción en la que: I. Habrá de valorar y analizar detenidamente las pruebas ofrecidas por la parte actora incidentista con las que trató de acreditar que la prestación por compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, la venía percibiendo desde antes de ser suspendida (dieciséis de febrero de dos mil once), en confrontación con el cúmulo probatorio ofrecido por su contraparte. II. Luego, señale con que pruebas en específico obtiene los datos (y cuáles son éstos) que tomará como parámetro para realizar las cuantificaciones de la prestación por compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia a que tiene derecho la quejosa, así como establezca con exactitud después de haber analizado exhaustivamente las pruebas y los puntos litigiosos de las partes el periodo a liquidar sobre esa prestación. III. Finalmente, atendiendo a que las resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes, motive (especifique) las cuantificaciones que efectúe, haciendo las operaciones aritméticas (multiplicaciones y divisiones) que sean necesarias para arribar a la conclusión de cuánto se debe liquidar a la parte actora". ACTOS DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Mediante oficio TJA-SS/095/2021, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de abril de la presente anualidad, el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, remitió copia certificada del acuerdo y resolución incidental de liquidación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictados en el expediente administrativo 375/2015-S-2 de su índice, así como de las constancias de notificación realizadas a las partes. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En el caso, la sentencia dictada en autos que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa fue para el efecto de que la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dejara insubsistente la resolución reclamada de siete de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo 375/2015-S-2, de su índice. En su lugar dictara otra resolución con plenitud de jurisdicción en la que: III. Habría de valorar y analizar detenidamente las pruebas ofrecidas por la parte actora incidentista con las que trató de acreditar que la prestación por compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, la venía percibiendo desde antes de ser suspendida (dieciséis de febrero de dos mil once), en confrontación con el cúmulo probatorio ofrecido por su contraparte. IV. Luego, señalara con que pruebas en específico obtenía los datos (y cuáles son éstos) que tomaría como parámetro para realizar las cuantificaciones de la prestación por compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia a que tiene derecho la quejosa, así como estableciera con exactitud después de haber analizado exhaustivamente las pruebas y los puntos litigiosos de las partes el periodo a liquidar sobre esa prestación. III. Finalmente, atendiendo a que las resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes, debía motivar (especifique) las cuantificaciones que efectuaría, haciendo las operaciones aritméticas (multiplicaciones y divisiones) que fueran necesarias para arribar a la conclusión de cuánto se debería liquidar a la parte actora. En esas condiciones, con las documentales allegadas se tiene que la autoridad responsable cumplió con los efectos del fallo protector, pues por oficio TJA-SS/095/2021, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de abril de la presente anualidad, el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, remitió copia certificada del acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente administrativo 375/2015-S-2 de su índice, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución incidental de siete de agosto de dos mil veinte. Luego, con la misma misiva TJA-SS/095/2021, recibida en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de abril de la presente anualidad, el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, adjuntó copia certificada de la resolución incidental de liquidación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente administrativo 375/2015-S-2, de la que se desprende que realizó lo siguiente: En primer lugar, transcribió las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, después, indicó que la parte actora reclamaba el pago denominado compensación por desempeño de actividades de seguridad pública y procuración de justicia, del que la demandada afirmaba que ese apoyo empezó a pagarse a partir del año dos mil dieciocho, sin aportar medio de prueba para contrarrestar las de la actora, por lo que sí existían documentos que hacían prueba plena de los pagos anuales que se le realizaban a la actora, quejosa, como son las constancias de sueldo, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo correspondientes al año dos mil nueve y dos mil diez, las cuales remitió la Secretaría de Administración del Estado de Tabasco. Asimismo, la autoridad responsable al analizar las constancias de sueldo, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo correspondientes al año dos mil nueve y dos mil diez, advirtió la totalidad de los pagos que a manera de ingreso obtuvo la quejosa así como las retenciones que fueron efectuadas durante el año laboral bajo los rubros sueldos, salarios rayas y jornales, gratificación anual, prima vacacional y otros ingresos por salarios, con las cuales determinó que existía la presunción legal en favor de la incidentista de que le correspondía el pago de la compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia. De igual forma, la responsable estableció que si bien no se encontró registro de la prestación antes señalada, lo cierto es que tomando en consideración la sentencia definitiva de la que deriva el incidente en cuestión, en la que se condena a las autoridades responsable al pago de salarios devengados y demás prestaciones que dejó de percibir la accionante desde la fecha en que fue destituida, hasta su legal reinstalación, al haberse acreditado en el juicio la destitución ilegal de su cargo, y estas no acreditaron sus excepciones y defensas, por ende se les condenó al pago de sus prestaciones reclamadas dejadas de percibir. En razón de lo anterior la autoridad responsable condenó a las demandadas a realizar el pago de la compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, reclamada en su demanda desde la fecha en que fue destituida, esto es del dieciséis de febrero de dos mil once al quince de septiembre de dos mil diecinueve, haciendo la precisión de que las demandadas no justificaron durante la secuela procesal ni en el incidente en cuestión la cantidad que corresponde a la quejosa respecto de dicha prestación. Asimismo, estableció que del cumulo de pruebas ofertadas por las partes en el juicio de origen no se advirtió que alguna contemplara los montos que se pagaban a los servidores públicos con la categoría de la actora por ese rubro y la parte quejosa no justificó con documento alguno el importe que señalaba en sus cuantificaciones. Sin embargo, las únicas pruebas que obraban en autos de ese juicio, resultaban ser los tabuladores de sueldos de personal corporativo aplicable a puestos administrativos y operativos del poder ejecutivo de dichos años (2011-2016) en los que se encuentra señaladas como procedente al nivel tres que corresponde a la categoría de la actora, aunado a que en dichos tabuladores se establecía la cantidad de tres mil quinientos pesos moneda nacional ($3,500.00), correspondiente por tal concepto a favor de la categoría de asesor jurídico, lo cual también se observaba de los tabuladores expedidos por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, de los años dos mil diecisiete a dos mil diecinueve; documentos que le permitieron a la sala responsable establecer que la actora tenía derecho a la misma cantidad mensual aún y cuando del contenido de esos documentos no se estableciera que no se le pagaba como tal la aludida prestación, empero, si le era liquidada la prestación de ajuste complementario, además que no existió medio de prueba que demostrara lo contrario, por lo cual determino que el emolumento de esa prestación procedía al tenor de esos tabuladores. Documentales a las cuales la sala responsable otorgó valor probatorio pleno, de conformidad con la fracción I del artículo 8 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en relación con el número 269, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria a la citada ley administrativa por disposición de su arábigo 30. Posteriormente, una vez que precisó que esa prestación era procedente, señaló que la cuantificación respectiva la realizaría por el periodo comprendido del dieciséis de febrero de dos mil once al quince de septiembre de dos mil diecinueve, (fecha en que fue destituida hasta que fue reinstalada). Seguidamente, para realizar las operaciones aritméticas tomó en consideración lo asentado por la parte actora en su planilla, los montos señalados por la parte demandada en la cuantificación realizada por la Dirección de Recursos Financieros y Humanos de la Dirección General Administrativa de la Fiscalía, así como el informe rendido por la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Estado, por tratarse de documentos expedidos por autoridades en funciones y los tabuladores de sueldos proporcionados por la autoridad demandada emitidos por la Secretaría de Administración correspondientes a la Procuraduría General de Justicia hoy Fiscalía General del Estado, respecto de los años dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, los cuales plasmó en la resolución incidental de liquidación. Así, sobre las prestaciones ordinarias tocante a los años a cuantificar, asentó para cada año las tablas de percepciones mensuales, de lo que extrajo el salario neto, salario diario líquido, quinquenio y salario diario integrado lo que multiplicó por los meses de cada anualidad, lo que le dio como resultado la cantidad total de $816,115.59 (ochocientos dieciséis mil ciento quince pesos 59/100 M.N.). Después, por las prestaciones adicionales también plasmó la tabla correspondiente, los años por el periodo a cuantificar (dos mil once a dos mil diecinueve) los días a que tenía derecho por cada año, tocante al aguinaldo, días adicionales y prima vacacional y por lo que se refiere a las diversas consistentes en bono navideño, día de la madre y día del servidor público ya eran cantidades liquidas, por ende, tocante a cada prestación realizó la operación aritmética, dando como resultado por concepto de aguinaldo $194,872.98 (ciento noventa y cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 98/100 M.N.), días adicionales $12,453.11 (doce mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 11/100 M.N.), prima vacacional $19,254.36 (diecinueve mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 36/100 M.N.), bono navideño $12,250.00 (doce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) día de la madre $12,250.00 (doce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y día del servidor público $22,150.00 (veintidós mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). A su vez, por concepto de la compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, tomó en cuenta la constancia de sueldos del año dos mil diez, que percibió la quejosa de forma anual e indicó que como ésta acreditó esa prestación con los tabuladores de sueldos del personal corporativo aplicable a puestos administrativos y operativos del poder ejecutivo de los años dos mil once a dos mil dieciséis, tabuladores de remuneraciones de la Fiscalía General del Estado de dos mil diecisiete a dos mil diecinueve e informe rendido por la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, a través del oficio SA/SSRH/0401/2016, procedía su cuantificación, para lo cual transcribió la tabla correspondiente, en la que señaló el periodo a liquidar, la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) que es la que se le pagaba por concepto de esa prestación la cual fue multiplicando por los meses de cada año (dos mil once a dos mil dieciséis) dándole como resultado la cantidad de $290,000.00 (doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), pues de los años dos mil diecisiete a dos mil diecinueve, refirió ya se habían cuantificado en las prestaciones ordinarias. Finalmente, al realizar la suma del total de las prestaciones ordinarias y adicionales obtuvo que las demandadas deberían de liquidar a la actora Roselia Dagdug Penagos, la cantidad total de $1,379,846.04 (un millón trescientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 04/100 M.N.). En tales condiciones, se tiene que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio pues del cumulo de pruebas ofrecidas por la actora en confrontación con las de la demandada arribó a la conclusión que era procedente condenar a esta última a pagar la prestación denominada compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, desde la fecha en que fue destituida la actora, esto es, del dieciséis de febrero de dos mil once al quince de septiembre de dos mil diecinueve, en que fue reinstalada, asimismo, de manera fundada y motivada cuantificó con base en el material probatorio esa prestación, así como las diversas estableciendo las operaciones aritméticas que efectuó para obtener los resultados de cada prestación ya sea ordinaria o adicional, las cuales una vez obtenidas hizo la sumatoria de todas ellas; por tanto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA; y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, acorde a lo previsto en el ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Lo anterior, toda vez que el amparo se concedió para efectos (dejándose libertad de jurisdicción a la responsable al momento de emitir la nueva resolución), pues únicamente se le obligó a analizar el material probatorio para dilucidar si era procedente el pago de la prestación denominada compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, desde la data en que fue destituida la actora (dieciséis de febrero de dos mil once al quince de septiembre de dos mil diecinueve), así como debía establecer las operaciones aritméticas que realizó para obtener el resultado de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada, lo que satisfizo, por lo que este órgano jurisdiccional no debe examinar la legalidad de las consideraciones que sustentan la nueva resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues el estudio que debe realizar esta autoridad se limita al análisis del cumplimiento de la sentencia amparadora, sin examinar los motivos o fundamentos que sustentan dicha resolución. En el caso, tenemos que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la sentencia amparadora al emitir la resolución incidental de liquidación en los términos que se le requirió, por lo que sí a la parte quejosa le causa algún perjuicio debe ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por esta autoridad. Pues se reitera que el presente proveído, donde se estudia el cumplimiento de la sentencia amparadora, no debe contener pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución que se ha pronunciado en su acatamiento. Lo anterior, pues ha quedado establecido en diversos criterios que el amparo para efectos de fundar y motivar es suficiente que en la resolución la autoridad responsable cite los artículos que considere aplicables, resultando tal actuación suficiente para considerar cumplida la garantía de fundamentación y motivación exigida por los artículos 14 y 16 Constitucionales. VISTA A LAS PARTES Por tanto, se da vista a las partes para los efectos del tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. ANOTACIONES Luego, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1. DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DESTRUIR el cuaderno original del incidente de suspensión ya que se actualiza la hipótesis del numérico 21, inciso c) del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar definitiva. 3.- DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de destrucción, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y cumplimiento de los documentos necesarios contenidos en el artículo 29 del citado acuerdo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Finalmente, se ordena devolver al Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, el duplicado del expediente administrativo 375/2015-S-2 (un tomo), que adjuntó como apoyo a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo al recepcionar el oficio correspondiente; con el apercibimiento que en caso de omisión se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  3. Incidental

    Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos se desprende que las partes no desahogaron la vista ordenada mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, respecto del informe rendido por la autoridad responsable sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento establecido en dicho auto y, consecuentemente, es dable verificar, con los elementos que obran en autos, si la ejecutoria fue acatada por la autoridad responsable. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA En primer lugar, tenemos que por sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el el amparo y protección de la Justicia Federal a Roselia Dagdug Penagos, para los efectos siguientes: "Por tanto, al derivar fundados los conceptos de violación, con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, deje insubsistente la resolución reclamada de siete de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo 375/2015-S-2, de su índice. En su lugar dicte otra resolución con plenitud de jurisdicción en la que: I. Habrá de valorar y analizar detenidamente las pruebas ofrecidas por la parte actora incidentista con las que trató de acreditar que la prestación por compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, la venía percibiendo desde antes de ser suspendida (dieciséis de febrero de dos mil once), en confrontación con el cúmulo probatorio ofrecido por su contraparte. II. Luego, señale con que pruebas en específico obtiene los datos (y cuáles son éstos) que tomará como parámetro para realizar las cuantificaciones de la prestación por compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia a que tiene derecho la quejosa, así como establezca con exactitud después de haber analizado exhaustivamente las pruebas y los puntos litigiosos de las partes el periodo a liquidar sobre esa prestación. III. Finalmente, atendiendo a que las resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes, motive (especifique) las cuantificaciones que efectúe, haciendo las operaciones aritméticas (multiplicaciones y divisiones) que sean necesarias para arribar a la conclusión de cuánto se debe liquidar a la parte actora". ACTOS DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Mediante oficio TJA-SS/095/2021, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de abril de la presente anualidad, el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, remitió copia certificada del acuerdo y resolución incidental de liquidación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictados en el expediente administrativo 375/2015-S-2 de su índice, así como de las constancias de notificación realizadas a las partes. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En el caso, la sentencia dictada en autos que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa fue para el efecto de que la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dejara insubsistente la resolución reclamada de siete de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo 375/2015-S-2, de su índice. En su lugar dictara otra resolución con plenitud de jurisdicción en la que: III. Habría de valorar y analizar detenidamente las pruebas ofrecidas por la parte actora incidentista con las que trató de acreditar que la prestación por compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, la venía percibiendo desde antes de ser suspendida (dieciséis de febrero de dos mil once), en confrontación con el cúmulo probatorio ofrecido por su contraparte. IV. Luego, señalara con que pruebas en específico obtenía los datos (y cuáles son éstos) que tomaría como parámetro para realizar las cuantificaciones de la prestación por compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia a que tiene derecho la quejosa, así como estableciera con exactitud después de haber analizado exhaustivamente las pruebas y los puntos litigiosos de las partes el periodo a liquidar sobre esa prestación. III. Finalmente, atendiendo a que las resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes, debía motivar (especifique) las cuantificaciones que efectuaría, haciendo las operaciones aritméticas (multiplicaciones y divisiones) que fueran necesarias para arribar a la conclusión de cuánto se debería liquidar a la parte actora. En esas condiciones, con las documentales allegadas se tiene que la autoridad responsable cumplió con los efectos del fallo protector, pues por oficio TJA-SS/095/2021, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de abril de la presente anualidad, el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, remitió copia certificada del acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente administrativo 375/2015-S-2 de su índice, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución incidental de siete de agosto de dos mil veinte. Luego, con la misma misiva TJA-SS/095/2021, recibida en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de abril de la presente anualidad, el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, adjuntó copia certificada de la resolución incidental de liquidación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente administrativo 375/2015-S-2, de la que se desprende que realizó lo siguiente: En primer lugar, transcribió las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, después, indicó que la parte actora reclamaba el pago denominado compensación por desempeño de actividades de seguridad pública y procuración de justicia, del que la demandada afirmaba que ese apoyo empezó a pagarse a partir del año dos mil dieciocho, sin aportar medio de prueba para contrarrestar las de la actora, por lo que sí existían documentos que hacían prueba plena de los pagos anuales que se le realizaban a la actora, quejosa, como son las constancias de sueldo, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo correspondientes al año dos mil nueve y dos mil diez, las cuales remitió la Secretaría de Administración del Estado de Tabasco. Asimismo, la autoridad responsable al analizar las constancias de sueldo, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo correspondientes al año dos mil nueve y dos mil diez, advirtió la totalidad de los pagos que a manera de ingreso obtuvo la quejosa así como las retenciones que fueron efectuadas durante el año laboral bajo los rubros sueldos, salarios rayas y jornales, gratificación anual, prima vacacional y otros ingresos por salarios, con las cuales determinó que existía la presunción legal en favor de la incidentista de que le correspondía el pago de la compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia. De igual forma, la responsable estableció que si bien no se encontró registro de la prestación antes señalada, lo cierto es que tomando en consideración la sentencia definitiva de la que deriva el incidente en cuestión, en la que se condena a las autoridades responsable al pago de salarios devengados y demás prestaciones que dejó de percibir la accionante desde la fecha en que fue destituida, hasta su legal reinstalación, al haberse acreditado en el juicio la destitución ilegal de su cargo, y estas no acreditaron sus excepciones y defensas, por ende se les condenó al pago de sus prestaciones reclamadas dejadas de percibir. En razón de lo anterior la autoridad responsable condenó a las demandadas a realizar el pago de la compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, reclamada en su demanda desde la fecha en que fue destituida, esto es del dieciséis de febrero de dos mil once al quince de septiembre de dos mil diecinueve, haciendo la precisión de que las demandadas no justificaron durante la secuela procesal ni en el incidente en cuestión la cantidad que corresponde a la quejosa respecto de dicha prestación. Asimismo, estableció que del cumulo de pruebas ofertadas por las partes en el juicio de origen no se advirtió que alguna contemplara los montos que se pagaban a los servidores públicos con la categoría de la actora por ese rubro y la parte quejosa no justificó con documento alguno el importe que señalaba en sus cuantificaciones. Sin embargo, las únicas pruebas que obraban en autos de ese juicio, resultaban ser los tabuladores de sueldos de personal corporativo aplicable a puestos administrativos y operativos del poder ejecutivo de dichos años (2011-2016) en los que se encuentra señaladas como procedente al nivel tres que corresponde a la categoría de la actora, aunado a que en dichos tabuladores se establecía la cantidad de tres mil quinientos pesos moneda nacional ($3,500.00), correspondiente por tal concepto a favor de la categoría de asesor jurídico, lo cual también se observaba de los tabuladores expedidos por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, de los años dos mil diecisiete a dos mil diecinueve; documentos que le permitieron a la sala responsable establecer que la actora tenía derecho a la misma cantidad mensual aún y cuando del contenido de esos documentos no se estableciera que no se le pagaba como tal la aludida prestación, empero, si le era liquidada la prestación de ajuste complementario, además que no existió medio de prueba que demostrara lo contrario, por lo cual determino que el emolumento de esa prestación procedía al tenor de esos tabuladores. Documentales a las cuales la sala responsable otorgó valor probatorio pleno, de conformidad con la fracción I del artículo 8 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en relación con el número 269, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria a la citada ley administrativa por disposición de su arábigo 30. Posteriormente, una vez que precisó que esa prestación era procedente, señaló que la cuantificación respectiva la realizaría por el periodo comprendido del dieciséis de febrero de dos mil once al quince de septiembre de dos mil diecinueve, (fecha en que fue destituida hasta que fue reinstalada). Seguidamente, para realizar las operaciones aritméticas tomó en consideración lo asentado por la parte actora en su planilla, los montos señalados por la parte demandada en la cuantificación realizada por la Dirección de Recursos Financieros y Humanos de la Dirección General Administrativa de la Fiscalía, así como el informe rendido por la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Estado, por tratarse de documentos expedidos por autoridades en funciones y los tabuladores de sueldos proporcionados por la autoridad demandada emitidos por la Secretaría de Administración correspondientes a la Procuraduría General de Justicia hoy Fiscalía General del Estado, respecto de los años dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, los cuales plasmó en la resolución incidental de liquidación. Así, sobre las prestaciones ordinarias tocante a los años a cuantificar, asentó para cada año las tablas de percepciones mensuales, de lo que extrajo el salario neto, salario diario líquido, quinquenio y salario diario integrado lo que multiplicó por los meses de cada anualidad, lo que le dio como resultado la cantidad total de $816,115.59 (ochocientos dieciséis mil ciento quince pesos 59/100 M.N.). Después, por las prestaciones adicionales también plasmó la tabla correspondiente, los años por el periodo a cuantificar (dos mil once a dos mil diecinueve) los días a que tenía derecho por cada año, tocante al aguinaldo, días adicionales y prima vacacional y por lo que se refiere a las diversas consistentes en bono navideño, día de la madre y día del servidor público ya eran cantidades liquidas, por ende, tocante a cada prestación realizó la operación aritmética, dando como resultado por concepto de aguinaldo $194,872.98 (ciento noventa y cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 98/100 M.N.), días adicionales $12,453.11 (doce mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 11/100 M.N.), prima vacacional $19,254.36 (diecinueve mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 36/100 M.N.), bono navideño $12,250.00 (doce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) día de la madre $12,250.00 (doce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y día del servidor público $22,150.00 (veintidós mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). A su vez, por concepto de la compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, tomó en cuenta la constancia de sueldos del año dos mil diez, que percibió la quejosa de forma anual e indicó que como ésta acreditó esa prestación con los tabuladores de sueldos del personal corporativo aplicable a puestos administrativos y operativos del poder ejecutivo de los años dos mil once a dos mil dieciséis, tabuladores de remuneraciones de la Fiscalía General del Estado de dos mil diecisiete a dos mil diecinueve e informe rendido por la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, a través del oficio SA/SSRH/0401/2016, procedía su cuantificación, para lo cual transcribió la tabla correspondiente, en la que señaló el periodo a liquidar, la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) que es la que se le pagaba por concepto de esa prestación la cual fue multiplicando por los meses de cada año (dos mil once a dos mil dieciséis) dándole como resultado la cantidad de $290,000.00 (doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), pues de los años dos mil diecisiete a dos mil diecinueve, refirió ya se habían cuantificado en las prestaciones ordinarias. Finalmente, al realizar la suma del total de las prestaciones ordinarias y adicionales obtuvo que las demandadas deberían de liquidar a la actora Roselia Dagdug Penagos, la cantidad total de $1,379,846.04 (un millón trescientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 04/100 M.N.). En tales condiciones, se tiene que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio pues del cumulo de pruebas ofrecidas por la actora en confrontación con las de la demandada arribó a la conclusión que era procedente condenar a esta última a pagar la prestación denominada compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, desde la fecha en que fue destituida la actora, esto es, del dieciséis de febrero de dos mil once al quince de septiembre de dos mil diecinueve, en que fue reinstalada, asimismo, de manera fundada y motivada cuantificó con base en el material probatorio esa prestación, así como las diversas estableciendo las operaciones aritméticas que efectuó para obtener los resultados de cada prestación ya sea ordinaria o adicional, las cuales una vez obtenidas hizo la sumatoria de todas ellas; por tanto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA; y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, acorde a lo previsto en el ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Lo anterior, toda vez que el amparo se concedió para efectos (dejándose libertad de jurisdicción a la responsable al momento de emitir la nueva resolución), pues únicamente se le obligó a analizar el material probatorio para dilucidar si era procedente el pago de la prestación denominada compensación por desempeño por actividades de seguridad pública y procuración de justicia, desde la data en que fue destituida la actora (dieciséis de febrero de dos mil once al quince de septiembre de dos mil diecinueve), así como debía establecer las operaciones aritméticas que realizó para obtener el resultado de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada, lo que satisfizo, por lo que este órgano jurisdiccional no debe examinar la legalidad de las consideraciones que sustentan la nueva resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues el estudio que debe realizar esta autoridad se limita al análisis del cumplimiento de la sentencia amparadora, sin examinar los motivos o fundamentos que sustentan dicha resolución. En el caso, tenemos que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la sentencia amparadora al emitir la resolución incidental de liquidación en los términos que se le requirió, por lo que sí a la parte quejosa le causa algún perjuicio debe ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por esta autoridad. Pues se reitera que el presente proveído, donde se estudia el cumplimiento de la sentencia amparadora, no debe contener pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución que se ha pronunciado en su acatamiento. Lo anterior, pues ha quedado establecido en diversos criterios que el amparo para efectos de fundar y motivar es suficiente que en la resolución la autoridad responsable cite los artículos que considere aplicables, resultando tal actuación suficiente para considerar cumplida la garantía de fundamentación y motivación exigida por los artículos 14 y 16 Constitucionales. VISTA A LAS PARTES Por tanto, se da vista a las partes para los efectos del tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. ANOTACIONES Luego, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1. DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DESTRUIR el cuaderno original del incidente de suspensión ya que se actualiza la hipótesis del numérico 21, inciso c) del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar definitiva. 3.- DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de destrucción, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y cumplimiento de los documentos necesarios contenidos en el artículo 29 del citado acuerdo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Finalmente, se ordena devolver al Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, el duplicado del expediente administrativo 375/2015-S-2 (un tomo), que adjuntó como apoyo a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo al recepcionar el oficio correspondiente; con el apercibimiento que en caso de omisión se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  4. Principal

    por lo que procedo a efectuar la notificación del acuerdo de cuatro de mayo de abril de dos mil veintiuno por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Fedaración a las nueve horas del trece de mayo de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Doy fe. se tiene por cumplida sentencia de amparo

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