Rosauro Batres Berumen y Otros.

Expediente 1072/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1072/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Rosauro Batres Berumen y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio que remite electrónicamente el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante el cual transcribe el acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra la resolución de once de agosto del año en curso, el cual se registró como recurso de queja administrativo 191/2023. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Se agrega escrito de queja. Agréguense a los autos el ocurso signado por los peticionarios de amparo, mediante el cual interponen recurso de queja contra el proveído de once agosto del presente año, en el cual se desechó la demanda de amparo. II. Se tiene por interpuesto recurso de queja. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101 y demás relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer los promoventes y una vez integrada la queja, de inmediato remítase el escrito relativo al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito en esta ciudad y la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Asimismo, ríndase el informe a que se refiere el numeral 101 señalado. Notifíquese.

  3. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, *** y ***, contra actos de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Durango y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1072/2023. III. Decisión sobre la instancia. 1. Desechamiento. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del ocurso inicial, puesto que conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto implica que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En el caso particular, esta resolutora advierte que se patentiza el motivo de sobreseimiento que prevé la facción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.), aplicada analógicamente, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO". Los arábigos invocados son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]". De los preceptos legales reproducidos, destaca que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; y que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, entre otros órganos jurisdiccionales. En tanto que mediante la jurisprudencia arriba citada, el Pleno del Alto Tribunal del País, fijó el criterio de observancia obligatoria, en el sentido de que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio de amparo, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada. La jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación analógica, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 1101, dispone: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO". En ese sentido, se estima que para reclamar el acto por la vía biinstancial consistente en "la omisión de realizar los incrementos a la cuota diaria pensionaria, conforme lo establece la Ley del ISSSTE vigente al momento de nuestra jubilación", se requiere que previo a la promoción del juicio de amparo, la autoridad administrativa encargada de otorgar dichos incrementos, pronuncie de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada. En efecto, es necesario que el asunto se plantee ante la autoridad administrativa encargada de la gestión de su pensión que ha omitido dictaminar, pagar, incrementar y actualizar la pensión por jubilación por ser la instancia facultada legalmente para ello y se desarrollen los procedimientos atinentes que se encuentran comprendidos en la legislación secundaria. No se desconoce que si bien el acto se propone como de naturaleza omisiva, lo cierto es que no ha solicitado ante la autoridad administrativa competente que dictamine, pague, incremente y actualice su pensión, por lo que no existe una omisión de ésta que actualice la procedencia del juicio de amparo. Sin que ello implique un menoscabo al derecho de las personas pensionadas de plantear aquella situación, en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CIV/2015 (10a.), determinó que el derecho a reclamar los incrementos de la jubilación y las diferencias es imprescriptible, por lo que la quejosa puede en cualquier tiempo instar ante la autoridad administrativa y derivado de la respuesta que se le otorgue promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el juicio contencioso administrativo federal. El criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aludido, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 209, con número de registro digital: 2010159, es el siguiente: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009 (*)". Esta conclusión es congruente con el derecho de acceso a la justicia, el cual no tiene el alcance de que se actúe sin observancia de los requisitos formales previstos por el legislador. Por las razones que informan, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 8/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO". Consecuentemente, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia es dable concluir que resulta objetivamente correcto el desechamiento de la demanda de amparo, por las razones sustentadas en esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosos: ***, *** y ***. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el proporcionado en la presente demanda. b. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 a ***, toda vez que si cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24 de la ley de la materia, a ***, toda vez que no cuenta con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VI. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

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