Rosaura Sánchez Cornelio

Expediente 682/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
682/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Rosaura Sánchez Cornelio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de diecisiete de junio último, respecto del informe de cumplimiento que estimaron haber dado las autoridades responsables en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de treinta y uno de mayo del año en curso, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio y en el segundo punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosaura Sánchez Cornelio, para los efectos siguientes: "(.) Notifique de inmediato, a todas las partes el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 2865/2016 de su índice, con la temporalidad suficiente y las formalidades de ley, para que estén en condiciones de ocurrir a las diligencias fijadas en dicho proveído. En la inteligencia que, de no celebrarse la diligencia de desahogo de pruebas por la incomparecencia de las partes, deberá atender lo dispuesto por el artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo, señalando nueva fecha y hora dentro de la temporalidad establecida en el numeral 883 del mismo ordenamiento. (.)" El diecisiete de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito; sin que hubiese necesidad de requerir a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector, toda vez que en autos de trece de junio anterior, se reservó acordar lo procedente respecto del oficio y anexos que remitió la Presiente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Mediante oficio 978/2022, registrado en el libro de gobierno con el folio 9124, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada de las notificaciones efectuadas a las partes (Erick Miguel Alvarado Santiago, absolvente para hechos propios, actor y demandados), el treinta de mayo y dos de junio de dos mil veintidós, correspondientemente, respecto del acuerdo de veinticuatro de mayo del mismo año, dictado en autos del juicio laboral 2865/2016 del índice de la Junta responsable, a través del cual, entre otras cuestiones, señaló fecha y hora para que tuviese verificativo la diligencia de desahogo de pruebas e instruyó la notificación personal a las partes, incluido el absolvente para hechos propios Erick Miguel Alvarado Santiago. No obstante, el tres de junio de la presente anualidad, aun contando con la comparecencia de las partes, la Junta responsable determinó la imposibilidad de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de desahogo de pruebas, pues consideró que la notificación y el emplazamiento de los demandados se encontraba fuera del término legal establecido en la Ley Federal del Trabajo, señalando como nueva fecha y hora las nueve horas del veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el entendido que las partes quedaban notificadas en esa misma audiencia. Documentos a lo que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, se observa que acató tales efectos, ya que el treinta de mayo y dos de junio de dos mil veintidós, notificó al absolvente para hechos propios Erick Miguel Alvarado Santiago, así como las partes contendientes actor y demandados, ambos por conducto de sus apoderados legales, respecto del proveído de veinticuatro de mayo del mismo año, dictado en autos del juicio laboral 2865/2016 del índice de la Junta responsable, a través del cual, entre otras cuestiones, señaló fecha y hora para que tuviese verificativo la diligencia de desahogo de pruebas e instruyó la notificación personal a las partes, incluido el absolvente para hechos; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias con las cuales, la responsable estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestasen lo que a su interés conviniere, sin que hayan hecho lo propio. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje el Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de veintiocho de junio actual, relativo a la audiencia de desahogo de pruebas inherente al expediente laboral 2865/2016 de su índice; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de lo dictado en el presente proveído. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos, de la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, mientras que en el segundo punto resolutivo, se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosaura Sánchez Cornelio; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se desprende que por acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, se reservó proveer sobre el oficio y anexo signado por la Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con el cual remitió copia certificada de las constancias de notificación a las partes del acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, así como del acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, que obran en autos del expediente laboral 2865/2016. Por lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, de la certificación de cuenta se advierte que el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, la cual fue notificada a las partes el uno de junio siguiente, por lo que se encuentra transcurriendo el termino de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan interponer el recurso de revisión correspondiente. Por lo anterior, se reserva proveer lo conducente respecto del oficio y anexo de cuenta, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 682/2022-10, promovido por *********, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cuatro de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el nueve siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diez posterior, Rosaura Sánchez Cornelio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "LA OMISIÓN DE ACORDAR un escrito de fecha 21 de OCTUBRE de 2021 y recepcionado por la H. Junta Especial Número Tres de la Local de Concitación y Arbitraje el 06 de DICIEMBRE de 2021, con sellos de recibido de la autoridad responsable, EN EL EXPEDIENTE LABORAL 2865/2016 (.) así como la notificación a las partes del acuerdo que recaiga de dicha promoción (.)." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El once de mayo de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 682/2022-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza de la controversia, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificado conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito presentado por la actora -aquí quejosa- el seis de diciembre de dos mil veintiuno, por el que solicitó señaló nuevo domicilio, revocó la personalidad de sus representantes, autorizó nuevos y peticionó se regularice el procedimiento en el expediente 2865/2016. La omisión de notificar a las partes el acuerdo que recaiga a dicha promoción. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el reclamo señalado en el considerando precedente, aun cuando lo haya negado la presidente de la Junta responsable, al rendir el informe justificado, ya que, de la copia certificada del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral 2865/2016 de su índice, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -cuatro de mayo de dos mil veintidós- efectivamente no había acordado la promoción presentada por la actora -aquí quejosa- el seis de diciembre de dos mil veintiuno en el citado procedimiento laboral, asimismo, tampoco se advierten constancias de notificación a la parte demandada respecto del auto en comento; lo cual constituye la fuente del reclamo en la presente controversia constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." También resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en relación al acto reclamado identificado con el inciso a. del considerando segundo de esta sentencia, de la constancia que la presidente de la Junta responsable acompañó a su informe se advierte que, mediante auto de veinticuatro de mayo dos mil veintidós [Foja 20], acordó la promoción presentada por la actora -aquí quejosa- el seis de diciembre de dos mil veintiuno, al respecto le tuvo por señalado nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, por revocada la personalidad de anteriores representantes y por autorizados a las personas que señaló y ordenó expedir la copias certificadas que solicitó; además, fijó las nueve horas del dieciséis de mayo de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y las diez horas del tres de junio de dos mil veintidós para que tenga la audiencia de desahogo de pruebas. Para mejor proveer, se reproduce digitalmente el contenido del citado acuerdo. / / En mérito de lo anterior, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es -cuatro de mayo de dos mil veintidós-, indudablemente existía la conducta dilatoria de parte de la autoridad responsable ya que no había proveído el escrito presentado por la quejosa el seis de diciembre de dos mil veintiuno ni había regularizado el trámite de la controversia de origen; sin embargo, en la fecha en que esta juzgadora resuelve este sumario constitucional, los efectos de dicho acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. En las relatadas circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Respecto al acto reclamado identificado con el inciso b. del considerando segundo de esta ejecutoria, la parte quejosa reclama, en esencia, la falta de notificación de las partes del acuerdo que recaiga a la promoción presentada el seis de diciembre de dos mil veintiuno dentro del expediente 2865/2016 del registro de la Junta responsable. Sobre el particular, concretamente aduce que la responsable viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no desarrolla el juicio dentro de los términos y plazos establecidos en la ley. Esta juzgadora considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el aludido concepto de violación. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento, como el dictado de la resolución a través de la cual se dirima la controversia. Esto es, los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda, hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Así, la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, se fundan en la necesidad de que no transcurra tiempo excesivo para que los derechos y obligaciones de las partes, sometidos al litigio, queden definidos. En efecto, la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio, y se iniciará a instancia de parte, para lo cual las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Ahora, en la especie los citados lineamientos no se cumplen, ya que, no obstante que la autoridad responsable en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós [Foja 20], dictado en el juicio natural, entre otras cuestiones, señaló fecha y hora para que tuviesen verificativo la diligencia de desahogo de pruebas e instruyó la notificación por personal a las partes, incluido el absolvente para hechos propios Erick Miguel Alvarado Santiago, sin que se hayan acompañado las respectivas constancias de notificación. Así, en virtud de que no obra en el presente sumario constitucional constancia alguna con la que se constate fehacientemente el enteramiento de las demandadas, actora y absolvente por hechos propios, respecto del citado proveído donde se señaló fecha de audiencia, en la controversia laboral de origen, es que resulta innegable que la autoridad responsable, transgredió los derechos fundamentales de la parte accionante del amparo, relativos a que la administración de Justicia se imparta por los tribunales legalmente establecidos, en los plazos y términos que fijen las leyes, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, el numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo siguiente: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". Del numeral anteriormente citado, se desprende que la autoridad laboral tiene la obligación de notificar a las partes dentro del proceso laboral, dentro de los cinco días siguientes en el que fue emitido el auto en el que se ordenó. En mérito de lo anterior, es evidente que el acto en estudio vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrado por el artículo 17 Constitucional, habida cuenta que éste le ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia. Luego, el actuar de la autoridad responsable de no tramitar el proceso laboral dentro de los plazos y términos que la legislación le marca, viola en primera forma el dispositivo constitucional en comento, que consagra el principio de economía procesal, entendiéndose éste como aquél que expresa que el proceso ha de desarrollarse con la mayor economía de tiempo, de energías y de costo, de acuerdo con las circunstancias de cada caso; es por ello que, la omisión en la forma que se ha precisado, implica denegación de justicia, al no aplicar la ley para lograr una justicia pronta, como obliga dicho numeral de la Carta Magna. Con base en las anteriores consideraciones, lo procedente es conceder a la parte impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la Junta Especia Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad: Notifique de inmediato, a todas las partes el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 2865/2016 de su índice, con la temporalidad suficiente y las formalidades de ley, para que estén en condiciones de ocurrir a las diligencias fijadas en dicho proveído. En la inteligencia que, de no celebrarse la diligencia de desahogo de pruebas por la incomparecencia de las partes, deberá atender lo dispuesto por el artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo, señalando nueva fecha y hora dentro de la temporalidad establecida en el numeral 883 del mismo ordenamiento. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de once de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Rosaura Sánchez Cornelio, por las razones establecidas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *********** por las razones y para los efectos establecidos en el considerando quinto y sexto de la presente resolución. TERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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