Rosaura Mares Rodríguez
Expediente 830/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 29 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 24/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rosaura Mares Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del seis al veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, sin que haya hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto Cuarto, Noveno, fracción I, Décimo Primero, Décimo Séptimo, Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, carece de valor jurídico e histórico y relevancia documental que amerite su conservación; además, no existen documentos originales. En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la medida cautelar y no existen documentos originales; por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses, en términos de los puntos vigésimo, fracción III, y vigésimo primero fracción III, del citado acuerdo. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que los cuadernos principal e incidental son susceptibles de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto. Notifíquese....
- Incidental
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 140 y 141 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Rosaura Mares Rodríguez, contra los actos reclamados a las autoridades, precisados en el considerando segundo, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista la determinación dictada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, a la parte quejosa, que dice: Visto el estado que guardan los presentes autos de los que aparece que en la demanda de amparo con la que se formó el expediente en que se actúa, como actos reclamados se señalaron la orden de aprehensión y su ejecución y que al rendir sus respectivos informes justificados, las autoridades señaladas como responsables Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala sede Matehuala, [foja 88], Juez Civil con residencia en Matehuala [foja 60], Juez de lo Familiar autorizado para conocer del procedimiento en materia civil y penal hasta su conclusión [foja 38], Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Venado [foja 49], Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Guadalcázar [foja 75], Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Cerritos [foja 40], Procurador General de Justicia del Estado [foja 30], Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación con residencia en Matehuala [foja 41 y 42], Agente del Ministerio Público de Investigación y Litigación con residencia en Charcas [foja 61]; Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador con residencia en Moctezuma [foja 62]; Agente del Ministerio Público con residencia en Venado [foja 43 y 44], Agente del Ministerio Público con residencia en Guadalcázar [foja 82], Agente del Ministerio Público Investigador con residencia en Cerritos [foja 76], Director de la Policía Ministerial del Estado [foja 32]; Encargado de Grupo de la Policía Ministerial del Estado comisionado en el Municipio de Venado [foja 66], Agente "C" Encargado de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Jefatura en Guadalcázar [foja 85], y Comandante de Seguridad Subteniente de la Policía Ministerial del Estado, Zona Media con destacamento en Cerritos [foja 50], todos del Estado de San Luis Potosí, niegan en forma expresa la existencia de los actos reclamados, sin que exista en autos prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa. Además, se advierte de autos que en proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó la suspensión de toda comunicación con las autoridades responsables "Subprocuraduría General de Justicia en el Estado y Director de Protección Social y Vialidad del Estado", en virtud de que no existen con tal denominación [foja 28]. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados respecto de las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Lo anterior, tomando en consideración que, conforme al contenido del numeral invocado, y toda vez que de los informes justificados se desprende indudablemente que no existen los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.... Sin efecto audiencia constitucional Por lo dicho en párrafos anteriores, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente....
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que aparece que en la demanda de amparo con la que se formó el expediente en que se actúa, como actos reclamados se señalaron la orden de aprehensión y su ejecución y que al rendir sus respectivos informes justificados, las autoridades señaladas como responsables Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala sede Matehuala, [foja 88], Juez Civil con residencia en Matehuala [foja 60], Juez de lo Familiar autorizado para conocer del procedimiento en materia civil y penal hasta su conclusión [foja 38], Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Venado [foja 49], Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Guadalcázar [foja 75], Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Cerritos [foja 40], Procurador General de Justicia del Estado [foja 30], Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación con residencia en Matehuala [foja 41 y 42], Agente del Ministerio Público de Investigación y Litigación con residencia en Charcas [foja 61]; Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador con residencia en Moctezuma [foja 62]; Agente del Ministerio Público con residencia en Venado [foja 43 y 44], Agente del Ministerio Público con residencia en Guadalcázar [foja 82], Agente del Ministerio Público Investigador con residencia en Cerritos [foja 76], Director de la Policía Ministerial del Estado [foja 32]; Encargado de Grupo de la Policía Ministerial del Estado comisionado en el Municipio de Venado [foja 66], Agente "C" Encargado de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Jefatura en Guadalcázar [foja 85], y Comandante de Seguridad Subteniente de la Policía Ministerial del Estado, Zona Media con destacamento en Cerritos [foja 50], todos del Estado de San Luis Potosí, niegan en forma expresa la existencia de los actos reclamados, sin que exista en autos prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa. Además, se advierte de autos que en proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó la suspensión de toda comunicación con las autoridades responsables "Subprocuraduría General de Justicia en el Estado y Director de Protección Social y Vialidad del Estado", en virtud de que no existen con tal denominación [foja 28]. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados respecto de las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Lo anterior, tomando en consideración que, conforme al contenido del numeral invocado, y toda vez que de los informes justificados se desprende indudablemente que no existen los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.... Sin efecto audiencia constitucional Por lo dicho en párrafos anteriores, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente....
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