Rosaura Godinez López
Expediente 25/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rosaura Godinez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, uno de febrero de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha se agregó en el cuaderno principal la ejecutoria que declaró firme el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y la suspensión definitiva . Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, uno de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Incidental
Abierta la audiencia. El secretario hace relación de constancias y da cuenta al juez con copia de la demanda de amparo, las constancias de notificación de las partes, las cuales obran agregadas en el presente incidente de suspensión. El juez acuerda: téngase por hecha la anterior certificación. Abierto el período probatorio, se hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción. El titular acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecerlos; de igual modo, se tiene por efectuada la relación de constancias y la certificación secretarial, para los efectos legales conducentes. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario certifica que las partes no expresaron alegatos. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución interlocutoria. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 25/2023-A-I; y, R E S U L T A N D O: Único. A petición de ********************, por auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión en relación con los actos reclamados al titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora y otra autoridad, ambos con residencia en esta ciudad; se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la quejosa consisten en la detención y traslado a diversa Estación Migratoria, con motivo del procedimiento administrativo seguido en su contra ante las responsables. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el reclamo indicado en el párrafo previo, reclamados a las autoridades responsables. Así se considera, no obstante que al rendir su informe previo el titular de la Oficina de Representación Instituto Nacional de Migración; quien rindió por sí y en representación de la diversa autoridad responsable de dicho Instituto de Migración, negó su existencia; sin embargo, del informe que se atiende se evidencia su certeza, pues refiere en su contenido que la quejosa se encuentra alojada en dichas instalaciones en virtud de que se le instruye un procedimiento administrativo migratorio. Cuarto. Procedencia de la medida suspensiva. Atento a la presunción de certeza de los actos en reclamo, que aquí se tratan, procede verificar el cumplimiento de los requisitos que se establecen en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la medida suspensional, que son: A. La solicite la parte quejosa. B. No se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Consecuentemente, para resolver sobre la suspensión solicitada debe atenderse, primero, si se cumple con los requisitos ya mencionados, los cuales se satisfacen en el caso, pues la parte quejosa, entre otras cuestiones, expresamente solicitó el otorgamiento de la medida cautelar de que se trata, y este órgano jurisdiccional estima que con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. En ese orden de ideas, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este juzgado en relación con su libertad personal y de las autoridades responsables únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo seguido en su contra, mismo que es de orden público y, por ende, insuspendible; asimismo, para que no se le traslade a diversa Estación Migratoria del país. En la inteligencia de que la medida cautelar que se otorga, deberá sujetarse en lo conducente a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional" prevista por el numeral 102 de la Ley de Migración, cuya literalidad reza: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y; d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." La interpretación sistemática del precepto legal recién transcrito, relacionado con el diverso 101 de ese propio ordenamiento, permite concluir que un inmigrante indocumentado podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, que la autoridad migratoria del conocimiento tiene la obligación de hacer saber a los extranjeros cuya situación migratoria sea irregular en este país y que se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tienen derecho a que se les proporcione información acerca de sus derechos y garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho proceda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, pueden otorgar garantía a fin de permanecer en domicilio diverso a la estación migratoria, así como dar aviso a su embajada para la obtención de asistencia y representación consular. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus derechos constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y los tratados internacionales de los que México forma parte, como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas como en el caso lo es la autoridad responsable Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en cuya se sigue el procedimiento administrativo migratorio derivado de la calidad de extranjera indocumentada. Luego, tomando en cuenta, en lo conducente los parámetros establecidos para la figura de la custodia provisional que rige en el procedimiento de origen, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 160 de la ley de la materia, así como el diverso 102 de la Ley de Migración, la autoridad responsable en comento de forma inmediata deberá proceder a la puesta en libertad de la parte quejosa, siempre y cuando se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad, mismos que habrá de vigilar este juzgado federal y que son las siguientes: A. Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerá. B. La parte agraviada no podrá ausentarse sin previa autorización del suscrito, del domicilio que para el efecto señalen para su resguardo. C. Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone a la parte quejosa como obligación, la de comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración; así como ante el juez de distrito los días lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil; bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada y, entonces será bajo el cuidado de la indicada responsable que tenga lugar el seguimiento de la misma, para su debido cumplimiento. D. Respecto a la garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; con fundamento en los artículos 150, 164 y 168 de la Ley de Amparo, resulta procedente que este órgano jurisdiccional fije de forma discrecional una garantía asequible para que la parte solicitante de amparo garantice la continuidad del procedimiento aludido. En ese sentido, se impone el equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización, esto es $4,811.00 (cuatro mil ochocientos y once pesos 00/100 moneda nacional), la cual deberá exhibir la parte quejosa ante la autoridad responsable, en cualquiera de las formas legales. Todo lo anterior, en la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, la autoridad responsable deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que los agraviados cumplan a cabalidad con la determinación aquí asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente), a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Ello, en razón de que las medidas de aseguramiento correspondientes, tienen como objeto principal garantizar la continuidad del procedimiento administrativo migratorio y devolver a la parte quejosa a la autoridad responsable. En el entendido que una vez que la parte promovente dé cumplimiento a los requisitos señalados para la concesión de la custodia provisional prevista por el numeral 102 de la Ley de Migración, la autoridad responsable deberá informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional. Es aplicable en el caso particular, la tesis aislada I.1o.P.99 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se comparte con rubro y texto que dicen: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." Cabe señalar, que la citada tesis es aplicable, según lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en cuanto a que las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población, por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la legislación citada en primer término. Asimismo, se encomienda al fedatario adscrito para que notifique a la impetrante la presente determinación. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efectos si la detención deriva de autoridades diversas o procedimiento distinto a los mencionados en la demanda de amparo, como pudiera ser que derive de la posible comisión de un delito. Finalmente, en términos del artículo 150 de la Ley de Amparo, se hace la precisión que tal medida cautelar surtirá efectos hasta en tanto se notifique a las responsables lo que se resuelva con sentencia ejecutoriada o determinación firme en el juicio principal. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se concede a ********************, la suspensión definitiva, por las razones precisadas en el cuarto considerando de esta resolución. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, once de enero de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Glósese el oficio de cuenta suscrito por el titular de la Oficina de Representación Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en lo que interesa, informa que a la aquí quejosa ********************se le otorgó oficio de salida de la Estación Migratoria, el seis de enero de dos mil veintitrés; y, al efecto remite copia certificada de las constancias respectivas. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señalan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican las primeras dos autoridades en mención. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la mencionada autoridad responsable proporcionando para cuestiones no procesales los correos electrónicos y número telefónico que refiere en su informe. Documentales. Con apoyo en lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las documentales que remite la responsable, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 120 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia Sobreseimiento por actualizarse causal de improcedencia. Del estado procesal que guardan los autos del sumario, y en concatenación a lo informado por la autoridad responsable, se advierte de forma manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos de los actos reclamados. En relación con la causa de improcedencia aludida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que destruya la totalidad de sus efectos, de forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En el caso, acorde al estudio integral del expediente, se advierte que la impetrante combate la ilegal detención, incomunicación en la Estación Migratoria (actos que afectan la libertad deambulatoria de la agraviada), así como el traslado a otra estación migratoria del país o deportación. Por su parte, de las constancias que acompaña la aludida autoridad, se advierte que el seis de enero de dos mil veintitrés, se emitió acuerdo de salida de la aludida estación migratoria a favor de la aquí quejosa. Por lo anterior, es incuestionable que durante la tramitación del presente asunto cesaron los efectos de los actos impugnados, pues se le dictó acuerdo de salida de dicha Estación Migratoria, por lo que se puso en libertad a la inconforme; por tanto, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo a la demanda y se restituyó a la quejosa en el goce de la garantía violada, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del reclamo impugnado, debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento al respecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (señalada para las nueve horas con cinco minutos del ocho de febrero del año en curso). . Notifíquese personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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