Rosaura Fernández García
Expediente 1249/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 26 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1249/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rosaura Fernández García
Actuaciones
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- Principal
C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Incompetencia. La suscrita Juez Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, carece de competencia legal para seguir conociendo del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde con las consideraciones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente en el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente del juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, de las constancias con que se cuenta para resolver, se desprende que el acto reclamado en esta vía constitucional lo constituye, en esencia, la orden de aprehensión librada contra la quejosa el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, dentro del expedientillo RI/SLP/EXP-759/2023, por el hecho que la ley señala como el delito de despojo agravado; cuya ejecución atribuye al Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, Comandante de la Guardia Civil Estatal y Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación. Por su parte, del análisis al disco versátil digital (DVD) que la referida autoridad judicial remitió en vía de justificación y que contiene la audiencia relativa al expedientillo en el que se dictó el acto reclamado y que alcanza pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, ya que se trata de un documento digital expedido por autoridad judicial en ejercicio de las facultades que la ley le concede , destaca que, con base en los datos de investigación expuestos por la fiscalía, una vez que se libró el mandamiento de captura respectivo, el a quo aseveró que la impetrante puede ser localizada en el domicilio ubicado en calle Privada, sin número, del Ejido General León Martínez, Municipio de San Vicente Tancuayalab, en esta entidad federativa. Ahora bien, precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer que conforme a las características y naturaleza del aquí acto reclamado, la hipótesis de competencia aplicable es la señalada en el inciso a), específicamente en lo relativo a que será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2001, Tomo XIV, con registro digital 189167, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Lo anterior es así, toda vez que de las manifestaciones expuestas por las autoridades responsables en sus informes de ley, así como de las documentales que se adjuntaron a éstos, se aprecia que el domicilio en el que se pretende ejecutar la referida orden de aprehensión, se encuentra ubicado en el municipio de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí. Establecido lo anterior, debe traerse a colación el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece que en Estado de San Luis Potosí, corresponde el Noveno Circuito, en el que ejercen jurisdicción ocho Juzgados de Distrito Mixtos, seis con residencia en la capital del mismo nombre y dos en Ciudad Valles y, en su punto cuarto, específicamente, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Alaquines, Aquismón, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El Naranjo, Huehuetlán, Lagunillas, Matlapa, Rayón, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz de Santos, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla. Entonces como se estableció, el acto que reclama la quejosa tiene ejecución material en el municipio de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí, por ende, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo, procediéndose, en consecuencia, a declinar la competencia al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en el municipio de Ciudad Valles, en turno. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación que la autoridad señalada como ejecutora, Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado, tenga su residencia en esta ciudad, pues al margen de que en términos del artículo 57, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí , a dicha autoridad corresponde ejecutar las ordenes de aprehensión, también lo es que tal actividad no lo desempeña materialmente el titular de dicha dependencia, sino a través de los elementos que determina su estructura orgánica. Máxime que al informe justificado rendido por la diversa autoridad Vicefiscal Jurídico de la Fiscalía General del Estado, se acompaña copia certificada del oficio 660/2023, signado por el referido Vicefiscal y dirigido al aludido Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado, misiva en la que se solicita el cumplimiento de dicha orden de aprehensión y se adjunta reproducción de los puntos resolutivos del mandamiento de captura reclamada en el que expresamente se le indica que el domicilio de la impetrante se ubica en la referida municipalidad. Por las razones que la informan, se cita la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 615, tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 201357, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO, TRATANDOSE DE ORDEN DE APREHENSION. PARA FIJARLA NO CABE ATENDER A LA UNIDAD DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. Aunque la institución del Ministerio Público Federal es ciertamente una, presidida por el Procurador General de la República, y como tal puede afirmarse que su ámbito de acción abarca todo el territorio mexicano, sin embargo, de acuerdo con los artículos 2o., 7o., fracción II, 10, 12, 14, fracción I, y 21, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha institución está integrada por distintos funcionarios, agentes u órganos que ejercen sus facultades dentro de la jurisdicción territorial a la que son asignados, por lo que no es exacto que por disponer el artículo 196 del Código Federal de Procedimientos Penales, que las órdenes de aprehensión se transcribirán al agente del Ministerio Público adscrito para que éste las transcriba a la Procuraduría, a fin de que la Policía Judicial Federal o sus auxiliares procedan a su ejecución, deba estimarse que la cumplimentación de una orden de aprehensión resulte, para los efectos del amparo, legalmente imputable al Ministerio Público Federal considerado como institución, o a cualquiera de sus agentes, o a la Policía Judicial Federal como entidad en abstracto, con independencia de la circunscripción territorial del órgano específico a quien se señale como ejecutor, pues con semejante interpretación, resultaría que todo acto que realizase o pretendiese realizar un agente o funcionario determinado, vendría indistintamente a ser atribuible al titular o a cualquier otro funcionario de la misma institución, aun cuando aquél no actuase por órdenes o a petición de éstos, lo cual carece de fundamento legal; y como de conformidad con lo prescrito por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicte o ejecute el acto reclamado, y los artículos 5o., fracción II, y 116, fracción III, de ese ordenamiento, establecen que esta autoridad es parte en el juicio de garantías y como tal debe ser señalada en la demanda, si no ha sido designado como responsable de la ejecución de una orden de aprehensión, algún órgano o funcionario de la Policía Judicial Federal, o agente o auxiliar del Ministerio Público Federal, que resida o actúe dentro de la jurisdicción de uno de los Jueces de Distrito competidores, sino que la ejecución se reclama al agente del Ministerio Público Federal residente dentro de la jurisdicción del otro Juez de Distrito, debe concluirse que este último es competente para conocer de la demanda, sin importar que el quejoso haya manifestado tener su domicilio en un lugar distinto, ni la unidad del Ministerio Público Federal, porque a efecto de fincar la competencia no es dable atender a la primera circunstancia, toda vez que ello equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso su determinación; y porque el carácter único que como institución corresponde al Ministerio Público, carece de influencia para la decisión del conflicto competencial, atento a las razones expuestas". Así, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional sostiene que carece de competencia legal para seguir conociendo de la demanda de amparo presentada por *, por lo que deberá remitirse al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común en dicha municipalidad, previa formación de cuadernillo de antecedentes; solicitando atentamente el acuse de estilo a la autoridad respectiva. Cabe destacar que si bien algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia fueron integradas durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior; sin embargo, en el caso resultan aplicables, dado que no se oponen al texto del actual ordenamiento en la materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de este último. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DECLARA SU INCOMPETENCIA para seguir conociendo del presente asunto. SEGUNDO. Remítanse los presentes autos al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común en dicha municipalidad.
- Principal
ACTA CONSTITUCIONAL
- Principal
Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por medio del cual remite dos comunicaciones suscritas por la licenciada ********************, Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí; se provee: Se apersona fiscal tercera interesada. En atención al contenido de los referidos ocursos signados por la citada representación social, se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo en su carácter de tercera interesada. Domicilio para recibir notificaciones. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Correo electrónico y teléfono. Por último, téngase a la fiscal tercera interesada proporcionando un correo electrónico y un teléfono para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación, con la precisión que tal autorización no conlleva que por dichos medios se le realicen notificaciones.
- Incidental
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el amparo en revisión 203/2023, del que se advierte la admisión del medio de impugnación interpuesto en contra de la resolución interlocutoria emitida en el presente incidente de suspensión y acusa recibo del oficio 39421/2023 y sus anexos. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Rogelio Javier Salazar Zavala, Secretario que autoriza y da fe.
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