Rosaura Cetina Canche
Expediente 149/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rosaura Cetina Canche
Actuaciones
- Principal
MESA VII.- Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado de los autos y toda vez que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplido el plazo al que se refiere el citado numeral, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de garantías en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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CITATORIO.- MESA VII.- Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado de los autos y toda vez que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplido el plazo al que se refiere el citado numeral, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de garantías en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN".
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MESA VII.- Promoción. Se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por ***, contra actos del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Se ordena formar expediente; registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 149/2022-VII. Ahora bien, de análisis de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de mérito, por encontrar motivos manifiesto e indudable de improcedencia, como se expondrá. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la presente demanda se presentó de manera extemporánea. En el caso particular, la hoy quejosa reclama la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en la cual confirmó el no ejercicio de la acción penal; en la causa penal 436/2021. Asimismo, el término para la interposición de la demanda de amparo contra dicho acto es el de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor, toda vez que no se encuentra en ninguno de los casos de excepción previstos en las fracciones I, II, III y IV del referido numeral, pues en la especie no se trata de un acto que ataca la libertad personal fuera de procedimiento, ni resulta ser una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. Establecido lo anterior, la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, el artículo 17 y 18 de la ley de la materia, establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De dichos numerales, se desprende que el término de quince días para promover el juicio de amparo, se computa a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, que prevén cuando se reclame una norma auto aplicativa, o el procedimiento de extradición; cuando sea la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, supuestos que no se dan en el caso concreto. Sustenta lo anterior la siguiente contradicción de tesis entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expuesto lo anterior, en el caso, se actualiza lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, ya que de autos se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acuerdo dictado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno en la causa penal 436/2021 en el cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal; audiencia que solicitó para la tramitación del incidente innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cual manifestó en su demanda bajo protesta de decir verdad, por lo que el término de quince días para interponer la demanda de amparo en su contra, comenzó a correr y contarse a partir del día hábil siguiente, al en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, se advierte que ha transcurrido más de los quince días hábiles previstos en el referido numeral. Así las cosas, es indudable, que si la demanda de amparo se presentó el dieciocho de enero de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, resulta evidente que fue interpuesta después del plazo previsto por la ley, habida cuenta que el lapso para la interposición del juicio de amparo ha transcurrido en demasía, como se explicó en párrafos precedentes. Como puede verse, tomando en consideración que la demanda de amparo, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito el dieciocho de enero de dos mil veintidós, es evidente que había transcurrido en exceso el término a que se ha hecho alusión, y por ende resulta extemporánea la presentación de la demanda de que se trata. En estas condiciones, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, lo que procede es desechar la demanda de mérito, por encontrar motivos manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en el numeral 113 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional. Cabe destacar que los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Domicilio para oír y recibir notificaciones . Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito. Téngase como como autorizados de la parte quejosa a Carlos Alberto Herrera Garnica, Daniel González Martínez y Rogelio Arcadio Lope Martínez, con las limitaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; en virtud de que la presente demanda versa en materia penal, y no acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, ya que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal; y respecto de los dos últimos, además porque así lo solicitó el promovente. Transparencia. Hágase saber a las partes que... la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. . Expediente Electrónico . se ordena integrar cronológicamente el expediente electrónico, con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en este expediente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que tiene la obligación de recibir los oficios que le sean entregados por el Actuario de este Juzgado de Distrito, ya que en el caso de negarse a tal situación, éste procederá conforme a lo dispuesto por el Artículo 28 fracción I de la Ley de Amparo. Exhortación a las partes. Asimismo, de conformidad con el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. En el caso de las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede. 2. A que en su primera comparecencia luego de la reactivación de este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las pates y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. 3. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que en el presente juicio se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, así como en el incidente de suspensión relativo o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegaré a derivar de este expediente a cualesquiera de las partes que intervienen en los mismos y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 26 y 27, fracción I de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuar las mismas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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