Rosaura Catalina Contreras Pérez
Expediente 333/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rosaura Catalina Contreras Pérez
- Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de San Luis Potosí
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como las manifestaciones realizadas por la tercera interesada Hilda Karina Ramírez Quevedo, por conducto de su autorizado en escrito presentado el dieciséis de agosto del presente año, respecto del cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por resolución de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Colegido en Materia Penal de este circuito, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que el Juez Séptimo del Ramo Penal de esta ciudad, deje insubsistente el acto reclamado y: "[.] b) En su lugar dictar otro en el que al atender la petición de la inculpada, relativa al beneficio de libertad provisional bajo caución, con plenitud de jurisdicción, exponga las razones y motivos por los que arribó a la conclusión de que se actualizó la excepción contenida en el artículo 407 del código adjetivo estatal, que se refiere a los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, en específico si la procesada incurrió en el "delito de abandono de personas" ahí referido. [.]." El veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se requirió al Juez Séptimo del Ramo Penal de esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo amparatorio. En proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con el oficio 3482/2016, con un anexo, signado por el Juez responsable, por el que remitió copia certificada de la resolución de cumplimiento a la ejecutoria de mérito en el que dejó sin efectos el acto reclamado (consistente en el auto de nueve de marzo del año en curso, por el que la responsable negó otorgar el beneficio de la libertad caucional), y emitió un nuevo acuerdo, en el que siguiendo los lineamientos marcados por el Tribunal de alzada, emitió un auto en el que fundó y motivó la concesión del beneficio de libertad provisional bajo caución, al considerar que los ilícitos que se le reprochan, consistentes en homicidio y lesiones, ambos por culpa agravados, no son considerados graves. En dicha determinación, la responsable manifestó que conforme se determinó en el auto de formal prisión de siete de marzo de dos mil dieciséis, la conducta procesada actualizó la agravante prevista en el artículo 143, fracción II del Código Penal del Estado, ya que al ejecutar los delitos de homicidio y lesiones, ambos por culpa, no auxilió a las víctimas y se dio a la fuga, sin embargo, no configura el delito de delito de abandono de personas que prevé el artículo 407 del código adjetivo penal, como una de las excepciones para no conceder la libertad bajo caución; en tal virtud, estableció como monto para garantizar la libertad provisional bajo caución de Rosaura Catalina Contreras Pérez: $191,310.00 (ciento noventa y un mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.) por concepto de probable reparación del daño, por el delito de homicidio por culpa agravado cometido en perjuicio de José Martín Méndez Méndez, más $3,826.00 (tres mil ochocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) en atención a la indemnización prevista por el artículo 36 del Código Penal del Estado; $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) por concepto de la probable reparación del daño, por el delito de lesiones por culpa agravado, cometido en perjuicio de Hilda Karina Ramírez Quevedo; $32,868.00 (treinta y dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de las sanciones pecuniarias que pudieran imponerse; y $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto del cumplimiento de las obligaciones procesales. Por tanto, del análisis de dichas constancias, se considera que la responsable dictó con libertad de jurisdicción un nuevo acto en el que analizó la solicitud de libertad de la quejosa, con la única salvedad de ceñirse a los requisitos de fundamentación y motivación en la emisión de su nueva determinación. En cuanto a esta determinación, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Finalmente, respecto a las manifestaciones de la tercera interesada Hilda Karina Ramírez Quevedo vertidas en su escrito de dieciséis de agosto del año en curso, en las que expuso su desacuerdo con el cumplimiento de la autoridad responsable, dígasele que la resolución dictada por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es impugnable mediante un nuevo juicio de garantías, en virtud de que ésta fue emitida con libertad de jurisdicción, ya que la concesión del amparo fue motivada por vicios formales que destacaban el acto reclamado en este juicio, sin que en la misma se haya hecho un pronunciamiento de fondo. Por otra parte, y toda vez que no hay promociones pendientes que acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente; glósese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión en el estado en que se encuentre. Asimismo, con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, fracción IV, del invocado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, dado que por ejecutoria de veintiuno de julio de dos mil dieciséis el Tribunal Colegiado en Materia Penal de esta circuito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada y que la misma se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de cinco años que establece el punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto antes señalado, en virtud de que el presente asunto no es de relevancia documental. En mérito de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto invocado, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el punto antes precisado; además, en acatamiento a lo ordenado por el diverso punto Vigésimo Primero, fracción III, primer párrafo, del propio ordenamiento en cita, debido a que se negó la medida cautelar solicitada, deberá destruirse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de cinco años que señala el referido punto, para tal fin deberá costurarse a los presentes autos el original de referencia, mientras que el duplicado sólo se integrará al expediente sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA MARTÍN MÉNDEZ MARTÍNEZ LA DETERMINACION DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS Y NO HABERSE PRESENTADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISOS b) y c) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICARLO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, LA DETERMINACIÓN DE MÉRITO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los autos, así como las manifestaciones realizadas por la tercera interesada Hilda Karina Ramírez Quevedo, por conducto de su autorizado en escrito presentado el dieciséis de agosto del presente año, respecto del cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por resolución de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Colegido en Materia Penal de este circuito, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que el Juez Séptimo del Ramo Penal de esta ciudad, deje insubsistente el acto reclamado y: "[.] b) En su lugar dictar otro en el que al atender la petición de la inculpada, relativa al beneficio de libertad provisional bajo caución, con plenitud de jurisdicción, exponga las razones y motivos por los que arribó a la conclusión de que se actualizó la excepción contenida en el artículo 407 del código adjetivo estatal, que se refiere a los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, en específico si la procesada incurrió en el "delito de abandono de personas" ahí referido. [.]." El veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se requirió al Juez Séptimo del Ramo Penal de esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo amparatorio. En proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con el oficio 3482/2016, con un anexo, signado por el Juez responsable, por el que remitió copia certificada de la resolución de cumplimiento a la ejecutoria de mérito en el que dejó sin efectos el acto reclamado (consistente en el auto de nueve de marzo del año en curso, por el que la responsable negó otorgar el beneficio de la libertad caucional), y emitió un nuevo acuerdo, en el que siguiendo los lineamientos marcados por el Tribunal de alzada, emitió un auto en el que fundó y motivó la concesión del beneficio de libertad provisional bajo caución, al considerar que los ilícitos que se le reprochan, consistentes en homicidio y lesiones, ambos por culpa agravados, no son considerados graves. En dicha determinación, la responsable manifestó que conforme se determinó en el auto de formal prisión de siete de marzo de dos mil dieciséis, la conducta procesada actualizó la agravante prevista en el artículo 143, fracción II del Código Penal del Estado, ya que al ejecutar los delitos de homicidio y lesiones, ambos por culpa, no auxilió a las víctimas y se dio a la fuga, sin embargo, no configura el delito de delito de abandono de personas que prevé el artículo 407 del código adjetivo penal, como una de las excepciones para no conceder la libertad bajo caución; en tal virtud, estableció como monto para garantizar la libertad provisional bajo caución de Rosaura Catalina Contreras Pérez: $191,310.00 (ciento noventa y un mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.) por concepto de probable reparación del daño, por el delito de homicidio por culpa agravado cometido en perjuicio de José Martín Méndez Méndez, más $3,826.00 (tres mil ochocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) en atención a la indemnización prevista por el artículo 36 del Código Penal del Estado; $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) por concepto de la probable reparación del daño, por el delito de lesiones por culpa agravado, cometido en perjuicio de Hilda Karina Ramírez Quevedo; $32,868.00 (treinta y dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de las sanciones pecuniarias que pudieran imponerse; y $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto del cumplimiento de las obligaciones procesales. Por tanto, del análisis de dichas constancias, se considera que la responsable dictó con libertad de jurisdicción un nuevo acto en el que analizó la solicitud de libertad de la quejosa, con la única salvedad de ceñirse a los requisitos de fundamentación y motivación en la emisión de su nueva determinación. En cuanto a esta determinación, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Finalmente, respecto a las manifestaciones de la tercera interesada Hilda Karina Ramírez Quevedo vertidas en su escrito de dieciséis de agosto del año en curso, en las que expuso su desacuerdo con el cumplimiento de la autoridad responsable, dígasele que la resolución dictada por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es impugnable mediante un nuevo juicio de garantías, en virtud de que ésta fue emitida con libertad de jurisdicción, ya que la concesión del amparo fue motivada por vicios formales que destacaban el acto reclamado en este juicio, sin que en la misma se haya hecho un pronunciamiento de fondo. Por otra parte, y toda vez que no hay promociones pendientes que acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente; glósese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión en el estado en que se encuentre. Asimismo, con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, fracción IV, del invocado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, dado que por ejecutoria de veintiuno de julio de dos mil dieciséis el Tribunal Colegiado en Materia Penal de esta circuito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada y que la misma se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de cinco años que establece el punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto antes señalado, en virtud de que el presente asunto no es de relevancia documental. En mérito de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto invocado, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el punto antes precisado; además, en acatamiento a lo ordenado por el diverso punto Vigésimo Primero, fracción III, primer párrafo, del propio ordenamiento en cita, debido a que se negó la medida cautelar solicitada, deberá destruirse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de cinco años que señala el referido punto, para tal fin deberá costurarse a los presentes autos el original de referencia, mientras que el duplicado sólo se integrará al expediente sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada.
- Principal
Para que obre como corresponda y surta los efectos legales consiguientes, agréguese a estos autos el escrito de cuenta presentado por Antonio Ramírez Alfaro, representante legal de la tercera interesada, y en atención a su contenido se provee. Téngase por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Finalmente, dígase al promovente que respecto a la solicitud de apertura del incidente por defecto en la ejecución de la sentencia; esta no es procedente en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, pues transcurrido el plazo de la vista otorgado a las partes, el órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; en tal virtud, las manifestaciones que hace valer el representante de la tercera interesada, se estudiaran al momento de resolver sobre el cumplimiento del amparo y no por vía incidental.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito presentado por el representante de la quejosa Hilda Karina Ramírez Quevedo, y en atención a su contenido se acuerda: Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas de todo lo actuado en el cuaderno principal; téngase por autorizada para recibirlas a la persona que refiere, previa identificación, toma de razón y recibo que se deje en autos. Finalmente, por lo que respecta a las copias certificadas de todo lo actuado en el incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, pues éste se lleva por cuerda separada.
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