Rosaura Betsabé Porfiria Cortez Graciano
Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Rosaura Betsabé Porfiria Cortez Graciano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, con el que el autorizado de las quejosas solicita se declare que la sentencia dictada en autos quedó firme. Estado procesal Al respecto, visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede y dado que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las quejosas hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio y se negó la protección constitucional, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Archivo del asunto Toda vez que el expediente se encuentra integrado, háganse las anotaciones en el libro electrónico y con fundamento en lo dispuesto el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese como concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es conservable, así como los cuatro tomos de pruebas que lo integran, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo y protección de la justicia Federal, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que establece dicho numeral. Cuadernos incidentales Por otra parte, manténganse por separado los cuadernos relativos al incidente de suspensión y por lo que hace al duplicado, en términos de lo señalado por el citado acuerdo general con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 19, una vez que haya transcurrido el término de seis meses que establece dicha disposición, procédase a su destrucción, en atención a que existe el original. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción II, inciso b) del acuerdo general en cita, se determina que es conservable en un plazo de tres años, así como los dos tomos de prueba en original y duplicado que lo acompañan, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada, en razón de lo acordado en líneas precedentes, se ordena agregar copia autorizada de este acuerdo a los cuadernos incidentales. En ese orden de ideas, conforme lo ordenado en el artículo 34 del mencionado acuerdo háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Notifíquese.
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Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, por el que informa el cumplimiento de la sentencia de amparo. Atento a ello, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo, se ordena dar vista a la quejosa y requiérasele, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que, una vez trascurrido el plazo otorgado, con o sin desahogo de la vista, se realizará el estudio correspondiente y se hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la sentencia. Sin que pase inadvertido que parte de los efectos de la concesión del amparo fue que las responsables notificaran a la quejosa la contestación que recayera a su solicitud; sin embargo, en aras de una correcta impartición de justicia esta juzgadora considera necesario conceder la vista citada en el párrafo que antecede. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Consulta del expediente electrónico y notificaciones vía electrónica Vista la certificación de cuenta de la que se desprende que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en específico en el campo "Autorizados Expediente Electrónico" se obtuvo que está registrada la clave de usuario "d***********", por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 3 y 26, fracción IV de la ley de la materia, en relación con lo establecido en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía electrónica de las constancias que integran este expediente, así como que se le practiquen las notificaciones por dicha vía. Por tanto, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice los movimientos informáticos correspondientes. Finalmente, respecto a la solicitud de la oficiante en el sentido que se autorice a los juzgados de Distrito en el estado de Nayarit para que realicen funciones de oficialía de partes por los motivos que expone, dígase que deberá de estarse a lo acordado en el auto de radicación de este asunto, en el que se hizo del conocimiento a las partes que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas ante este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la oficina de correspondencia común a la que pertenece, aunado a que en párrafos que anteceden se autorizó la clave de usuario señalada por la oficiante, por lo que podrá remitir las promociones que considere a través del portal de servicios en línea. Notifíquese y personalmente a la quejosa con el oficio 18877, así como con el anexo y vía electrónica al director general del Fondo de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit a través del usuario "d*********".
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Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido en representación del presidente de la República, por el que solicita copia de la resolución dictada en el amparo en revisión 308/2017 de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, remítase la copia solicitada. Con fundamento en lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y Declaratoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte y publicado este último el siete de julio de dos mil veintiuno, se autorizan las notificaciones y consulta del expediente vía interconexión. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa no se acordó en el plazo legal con motivo de la declaratoria de los días inhábiles del dieciséis al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, ante las manifestaciones llevadas a cabo en diversas entidades federativas, por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, así como por causas de fuerza mayor. En consecuencia, se procede a acordar lo conducente en los términos siguientes: Estado procesal Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, en la que se hace constar que ha trascurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, en consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Ahora, de la sentencia se advierte que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal para los siguientes efectos: "[.] SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. El amparo se concede para el efecto de que las responsables den respuesta al escrito que les presentó la parte quejosa en la fecha indicada con anterioridad y ello le sea notificado oportunamente en el domicilio señalado para tal efecto en su ocurso; en el entendido de que se encuentran en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda respecto a lo solicitado por la parte impetrante, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarlas a pronunciarse en determinado sentido. [.]" Requerimiento de cumplimiento a la sentencia En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al director General y Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de este juzgado no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables deberán cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia ejecutoria en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal. "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Por otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días concedido a la quejosa en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, feneció sin que a la fecha haya desahogado el requerimiento de mérito. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de este auto y las subsecuentes a la quejosa en este juicio de amparo, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, situación que prevalecerá hasta en tanto señale domicilio en esta Ciudad para ese efecto. Notifíquese y por lista a la quejosa.
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