Rosaura Ángeles Gutiérrez
Expediente 1247/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rosaura Ángeles Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el cinco de octubre del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***; para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Segundo Civil y Familiar de Ixmiquilpan,, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1247/2021-I, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de cuenta, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional una vez analizadas y valoradas previamente las constancias que conforman el presente juicio, advierte que en el caso se actualiza la contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales), establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Como ya se precisó, tales preceptos refieren uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es de definitividad, el cual consiste en que, al ser el juicio constitucional un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Sostiene lo así considerado por las razones que la informan, la jurisprudencia visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Mayo de 2002 y su Gaceta, página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sentado lo precedente, en la especie se tiene que el solicitante del amparo no cumplió con el principio de definitividad al que se hace referencia, toda vez que en contra del acto reclamado -la omisión de notificación del acuerdo mediante el cual se requiere a la quejosa para absolver posiciones y la omisión de notificar la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 1093/2019- debió interponer el incidente de nulidad de actuaciones que pudo hacer valer en el juicio natural, medio de impugnación que se encuentra previsto en términos de los artículos 75 y 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, aplicado supletoriamente, que a la letra establecen: "Artículo 75.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha." "Artículo 76.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la promoción subsecuente a cualquier acto que implique conocimiento tácito o expreso de la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." Conforme a los normativos reproducidos, se arriba a la conclusión de que en el caso concreto al reclamarse la omisión de notificar un proveído, es evidente que respecto de dicho acto procede en su contra la incidencia señalada en párrafos precedentes, donde pudo hacer valer las posibles violaciones adjetivas que considerara pertinentes, a efecto de que la potestad de primera instancia analizara sus inconformidades y de ser procedentes, ordenara la nulidad de dicha actuación y en caso de la resolución que resolviera dicha controversia accesoria, fuera adversa a sus intereses, estaría en aptitud de promover el juicio de amparo, previa interposición del recurso ordinario que en su contra proceda. Por las razones que se subrayan, ilustra lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Bajo este panorama, resulta indiscutible que el inconforme estaba obligado a interponer el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la omisión reclamada en esta instancia previamente a la instauración del juicio de amparo y al no haberlo hecho así, incumplió con el citado principio de definitividad por lo que la presente instancia constitucional deviene improcedente. Máxime que el quejoso, al tener el carácter de demandado en el procedimiento del que emana el acto reclamado, como parte formal y material se encuentra obligado a interponer el recurso ordinario que la ley le concede a través del cual los autos impugnados hubieran sido modificados o revocados. No obsta a lo anterior que a través de las alegaciones que vierte el promovente se pretenda demostrar que el acto combatido pudiera ser de difícil reparación, pues, tal como lo ha sostenido la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, de ahí que al no haberse cumplido con el principio de definitividad, resulta notoriamente improcedente la demanda de cuenta. Por las razones que se mencionan, ilustra el sentido de lo analizado la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, visible a página 350, cuyo tenor es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisito de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, robustece lo razonado, la diversa jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 1, página 729, que señala lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." De igual manera, sirve de apoyo la jurisprudencia 451, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Quinta Época, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Parte SCJN, visible a página 300, que a la letra dice: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Aunado a lo anterior, se advierte que la omisión de notificación del acuerdo mediante el cual se requiere a la quejosa para absolver posiciones, no es de aquellos que cause un acto de imposible reparación a la quejosa, ya que dicha cuestión la puede hacer valer como violación procesal, al impugnar la sentencia definitiva en amparo directo. Establecido lo anterior, se advierte también que respecto del acto reclamado consistente en -la omisión de notificación de la sentencia emitida en el expediente 1093/2019-, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Por su parte, el segundo dispositivo establece de manera general que la vía constitucional que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Además, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la fase de ejecución, establece un distingo entre: 1) Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo -definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo- por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Cobra aplicación en la especie por analogía la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, visible a página 6, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así como la jurisprudencia número P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concerniente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, a página 31 que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Sentado lo precedente, en la especie el acto reclamado consistente en todo lo actuado en la fase de ejecución de la sentencia definitiva, particularmente el auto que ordenó al inconforme la entrega del bien inmueble materia de la litis, no encuadra en las hipótesis de procedencia del amparo contra actos dictados por la autoridad judicial después de concluido el juicio, pues las actuaciones reclamadas no constituyen la "última" de la fase de ejecución de sentencia -ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la misma, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún ordena el archivo definitivo del expediente- no son de naturaleza autónoma, ni afectan derechos sustantivos diversos de la cosa juzgada establecida en el procedimiento de origen. Esto es, la promovente al ser parte formal y material del juicio que se encuentra en la fase de ejecución, debe acatar lo resuelto en la sentencia definitiva, por lo cual el acto reclamado constituye una cuestión que no puede analizarse en el amparo indirecto de forma inmediata, ya que estimarlo de otro modo, su reclamo implícitamente impediría el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural. De ahí que el amparo indirecto sólo procederá si el acto reclamado goza de autonomía en relación con la ejecución de la condena decretada y afecte directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada o contra la última resolución dictada en esa fase, esto es, contra la que reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo convenido o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese sentido, el inconforme debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento y por ello las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se emita el acto conclusivo de dicho procedimiento, momento en el que podrán impugnarse las cuestiones adjetivas surgidas durante esa fase, pues no podría aceptarse la procedencia de la instancia constitucional cada vez que las partes manifestaran oposición en contra de alguna decisión que se tomara durante ese trámite. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia del tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." Además, cabe precisar que de la demanda de amparo, no se desprende otro concepto de violación dirigido a evidenciar la afectación de derechos sustantivos generados por una cuestión diversa a la cosa juzgada. No obstante, como ya se precisó, el amparo que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso -previo acatamiento al principio de definitividad-, por lo que las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se dicte el acto conclusivo de dicho asunto. Bajo este contexto, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoriamente improcedente. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que incumplió con el principio de definitividad al no haber interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la falta de notificación personal de las actuaciones que refiere y del fallo definitivo, aunado a que las actuaciones ocurridas no son las últimas en la fase de ejecución de la sentencia dictada en el sumario natural . DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; asimismo, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas autorizadas, toda vez que no cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE LA RESOLUCIÓN DE CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA RESOLUCIÓN A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL ENUNCIA: "Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Segundo Civil y Familiar de Ixmiquilpan,, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1247/2021-I, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de cuenta, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional una vez analizadas y valoradas previamente las constancias que conforman el presente juicio, advierte que en el caso se actualiza la contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales), establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Como ya se precisó, tales preceptos refieren uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es de definitividad, el cual consiste en que, al ser el juicio constitucional un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Sostiene lo así considerado por las razones que la informan, la jurisprudencia visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Mayo de 2002 y su Gaceta, página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sentado lo precedente, en la especie se tiene que el solicitante del amparo no cumplió con el principio de definitividad al que se hace referencia, toda vez que en contra del acto reclamado -la omisión de notificación del acuerdo mediante el cual se requiere a la quejosa para absolver posiciones y la omisión de notificar la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 1093/2019- debió interponer el incidente de nulidad de actuaciones que pudo hacer valer en el juicio natural, medio de impugnación que se encuentra previsto en términos de los artículos 75 y 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, aplicado supletoriamente, que a la letra establecen: "Artículo 75.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha." "Artículo 76.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la promoción subsecuente a cualquier acto que implique conocimiento tácito o expreso de la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." Conforme a los normativos reproducidos, se arriba a la conclusión de que en el caso concreto al reclamarse la omisión de notificar un proveído, es evidente que respecto de dicho acto procede en su contra la incidencia señalada en párrafos precedentes, donde pudo hacer valer las posibles violaciones adjetivas que considerara pertinentes, a efecto de que la potestad de primera instancia analizara sus inconformidades y de ser procedentes, ordenara la nulidad de dicha actuación y en caso de la resolución que resolviera dicha controversia accesoria, fuera adversa a sus intereses, estaría en aptitud de promover el juicio de amparo, previa interposición del recurso ordinario que en su contra proceda. Por las razones que se subrayan, ilustra lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Bajo este panorama, resulta indiscutible que el inconforme estaba obligado a interponer el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la omisión reclamada en esta instancia previamente a la instauración del juicio de amparo y al no haberlo hecho así, incumplió con el citado principio de definitividad por lo que la presente instancia constitucional deviene improcedente. Máxime que el quejoso, al tener el carácter de demandado en el procedimiento del que emana el acto reclamado, como parte formal y material se encuentra obligado a interponer el recurso ordinario que la ley le concede a través del cual los autos impugnados hubieran sido modificados o revocados. No obsta a lo anterior que a través de las alegaciones que vierte el promovente se pretenda demostrar que el acto combatido pudiera ser de difícil reparación, pues, tal como lo ha sostenido la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, de ahí que al no haberse cumplido con el principio de definitividad, resulta notoriamente improcedente la demanda de cuenta. Por las razones que se mencionan, ilustra el sentido de lo analizado la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, visible a página 350, cuyo tenor es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisito de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, robustece lo razonado, la diversa jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 1, página 729, que señala lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." De igual manera, sirve de apoyo la jurisprudencia 451, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Quinta Época, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Parte SCJN, visible a página 300, que a la letra dice: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Aunado a lo anterior, se advierte que la omisión de notificación del acuerdo mediante el cual se requiere a la quejosa para absolver posiciones, no es de aquellos que cause un acto de imposible reparación a la quejosa, ya que dicha cuestión la puede hacer valer como violación procesal, al impugnar la sentencia definitiva en amparo directo. Establecido lo anterior, se advierte también que respecto del acto reclamado consistente en -la omisión de notificación de la sentencia emitida en el expediente 1093/2019-, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Por su parte, el segundo dispositivo establece de manera general que la vía constitucional que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Además, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la fase de ejecución, establece un distingo entre: 1) Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo -definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo- por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Cobra aplicación en la especie por analogía la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, visible a página 6, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así como la jurisprudencia número P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concerniente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, a página 31 que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Sentado lo precedente, en la especie el acto reclamado consistente en todo lo actuado en la fase de ejecución de la sentencia definitiva, particularmente el auto que ordenó al inconforme la entrega del bien inmueble materia de la litis, no encuadra en las hipótesis de procedencia del amparo contra actos dictados por la autoridad judicial después de concluido el juicio, pues las actuaciones reclamadas no constituyen la "última" de la fase de ejecución de sentencia -ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la misma, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún ordena el archivo definitivo del expediente- no son de naturaleza autónoma, ni afectan derechos sustantivos diversos de la cosa juzgada establecida en el procedimiento de origen. Esto es, la promovente al ser parte formal y material del juicio que se encuentra en la fase de ejecución, debe acatar lo resuelto en la sentencia definitiva, por lo cual el acto reclamado constituye una cuestión que no puede analizarse en el amparo indirecto de forma inmediata, ya que estimarlo de otro modo, su reclamo implícitamente impediría el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural. De ahí que el amparo indirecto sólo procederá si el acto reclamado goza de autonomía en relación con la ejecución de la condena decretada y afecte directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada o contra la última resolución dictada en esa fase, esto es, contra la que reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo convenido o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese sentido, el inconforme debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento y por ello las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se emita el acto conclusivo de dicho procedimiento, momento en el que podrán impugnarse las cuestiones adjetivas surgidas durante esa fase, pues no podría aceptarse la procedencia de la instancia constitucional cada vez que las partes manifestaran oposición en contra de alguna decisión que se tomara durante ese trámite. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia del tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." Además, cabe precisar que de la demanda de amparo, no se desprende otro concepto de violación dirigido a evidenciar la afectación de derechos sustantivos generados por una cuestión diversa a la cosa juzgada. No obstante, como ya se precisó, el amparo que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso -previo acatamiento al principio de definitividad-, por lo que las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se dicte el acto conclusivo de dicho asunto. Bajo este contexto, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoriamente improcedente. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que incumplió con el principio de definitividad al no haber interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la falta de notificación personal de las actuaciones que refiere y del fallo definitivo, aunado a que las actuaciones ocurridas no son las últimas en la fase de ejecución de la sentencia dictada en el sumario natural . DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; asimismo, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas autorizadas, toda vez que no cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente."
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