Rosario Yáñez Hernández

Expediente 113/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
113/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2018

Partes del expediente

  • Rosario Yáñez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del articulo 27 de la ley de amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el proveído de nueve de abril del año en curso, que dice: agréguese el oficio proveniente del primer tribunal colegiado del decimoquinto circuito, con residencia en Mexicali, baja california, mediante el cual informa la resolución en la que el órgano colegiado remitente resolvió lo siguiente: primero, es competente el juzgado tercero de distrito en el estado, con residencia en Mexicali, baja california, para que conozca y resuelva sobre la demanda de amparo promovida por Rosario Yáñez Hernández.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, del que se advierte que dicha autoridad insiste en declinar la competencia planteada y ordena remitir los autos originales del juicio de amparo 753/2017-5, del índice de ese órgano Federal, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia en la capital de la entidad, a fin de resolver el conflicto competencial suscitado entre ese Juzgado de Distrito y este órgano jurisdiccional. Por otra parte, agréguese la comunicación proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California; en atención a su contenido, se le tiene informando en lo que aquí interesa que admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en virtud que este Juzgado de Distrito no aceptó la competencia planteada por el órgano de referencia, el cual quedó registrado con el número 2/2018-I; tómese nota de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Asimismo, como lo solicita el Tribunal oficiante, se expone que en el caso sujeto a conflicto competencial, el suscrito Juzgador estimó que se actualizaba un criterio adverso al sostenido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, lo que conllevó a no admitir la competencia declinada, en atención a las consideraciones que a continuación se detallan. En primer término, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual ha sido criterio reiterado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra del documento, sin atender los cualificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Lo anterior, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, que al texto señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como con la diversa jurisprudencia P. VI/2004, que al texto señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese tenor, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa, consisten esencialmente en las diligencias de notificación y emplazamiento, así como todo lo actuado dentro del expediente 322/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana. Actos respecto de los cuales el Juez declinante argumenta su determinación en el hecho de que la actuación jurisdiccional que en su momento llegue a pronunciar el Juez responsable, de considerarse que le asiste la razón a la parte quejosa, dicha diligencia tendría verificativo en la ciudad de Tijuana, toda vez que es en esta ciudad donde se tramita el juicio 322/2017, de donde derivan las violaciones reclamadas, por lo que, es competente el Juez del lugar en donde se va a llevar a cabo la referida ejecución. Sin embargo, contraria a la apreciación del juez declinante, de un análisis íntegro a las actuaciones que integran el juicio que nos ocupa, se advierte en lo que aquí interesa, que la impetrante del amparo, refiere bajo protesta de decir verdad, que tiene su domicilio particular en Avenida Montedoro número 497, fraccionamiento Casa Magna, en la ciudad de Mexicali, Baja California, y no esta ciudad, circunstancia que señala tanto en el capítulo de antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación, adjuntando al efecto diversas pruebas documentales de las que se aprecia su residencia en la citada entidad. Asimismo, cabe destacar que mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez declinante admitió a trámite la demanda de amparo, fijándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, requiriendo a las autoridades señaladas como responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, los informes justificados respectivos; de igual forma, ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesa, diligencia que fue llevada a cabo tal y como se aprecia de las actuaciones que obran a fojas 28 a la 69. Hecho que fue lo anterior, sin contar con los acuses de las notificaciones hechas a las autoridades responsable en cuanto a la admisión de la presente demanda, ni contar con los informe y constancias respectivas de donde emana el acto reclamado con los cuales se le permitiera tener un panorama más amplios respecto de los actos controvertidos, mediante proveído de veintidós de enero del año en curso, se declaró incompetente para conocer del juicio por las razones que ya fueron expuestas en párrafos supra. Cabe destacar que no se pasa por desapercibido que obra a fojas 87 y 88 copia simple de impresión de las órdenes de rastreo de envíos de la empresa "Estafeta", constancias de las que no se aprecia la relación que guardan con el juicio en que se actúa, puesto que las mismas son copias fotostáticas simples que no cuenta con certificación alguna que avale su contenido. Lo anterior es así, ya que por sistemática jurídica, el juzgador no debe basarse únicamente con la afirmación de las autoridades responsables en el sentido de la inexistencia o existencia del acto reclamado, toda vez que para realizar un análisis más profundo en cuanto a las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, debe tener a la vista más elementos de prueba que le permitan dilucidar dicha controversia, como en el caso sería el estudio integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio natural del cual emana el acto reclamado. Consideración que encuentra sustento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el sentido que las documentales que obran en autos, deben ser tomadas en consideración para fijar la litis en todo juicio de amparo y, de esta suerte, emitir una sentencia que analice de manera correcta la verdadera pretensión del quejoso, ya que las pruebas aportadas en autos se refieren a un hecho que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, estimar lo contrario, la parte quejosa quedaría en estado de indefensión. Luego, en el supuesto de que las autoridades responsables se constriñeran en precisar que no son ciertos los actos reclamados, respecto a la diligencia de notificación y emplazamiento, es claro que dichos informes resultarían incompletos y ambiguos, razón por la que no es dable tomárseles en cuenta. Ello, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO." Así como la diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Aunado a lo anterior, el hecho de que el acto reclamado versa respecto de una diligencia de emplazamiento a juicio por vicios propios, es decir, por una indebida práctica y como consecuencia todas y cada una de las actuaciones realizadas con posterioridad, acorde a criterios sostenidos por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, será competente el Juez que previno, si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención serán competentes; por lo que, al haber sido presentada la demanda que nos ocupa inicialmente ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se considera que es a quien le resulta la competencia respectiva al haber radicado y admitido a trámite el presente juicio. De ahí que, conforme a la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, contrario a lo manifestado por el Juzgado declinante, los actos reclamados no se circunscriben a la diligencia de notificación y emplazamiento practicadas en el expediente 322/2017, sino también, consisten en todo lo actuado dentro de dicho juicio, lo que incluye todos los pronunciamientos y actuaciones posteriores al emplazamiento. De ahí que, al atender las manifestaciones que vierte el juez declinante en cuanto a que la actuación jurisdiccional que se realizó y que deba realizar la responsable para el efecto del cumplimiento de la sentencia que se llegue a emitir dentro del juicio de amparo, tendrían verificativo en Tijuana; contraria a su aprecia, no debe pasarse por alto, que la parte quejosa es reiterativa en su demanda de amparo en señalar que su domicilio se ubica en la ciudad de Mexicali, Baja California, y no en esta ciudad, lugar en el que de concedérsele el amparo y protección de la justicia federal, deberá ejecutarse la diligencia de emplazamiento en comento, es decir, conforme lo previsto en el párrafo segundo del artículo 37 de la ley de la materia, continuará ejecutándose. Máxime que si en la demanda de garantías se señala como acto reclamado la diligencia de emplazamiento llevada a cabo en el juicio natural, manifestándose que no se ajustó a las disposiciones legales, tal acto procesal de contenido negativo por su naturaleza, no requiere de ejecución material. Así entonces, como lo determinó nuestro máximo tribunal de justicia, es competente para conocer del juicio de constitucionalidad, el Juez de Distrito que previno, acorde al contenido del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que si el acto ha comenzado a ejecutar en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente en el caso que se analiza el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Sirve de apoyo a lo anterior la anterior contradicción, dio lugar a la Jurisprudencia 2a./J. 110/2013 (10a.), consultable en la página 1204, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando en una demanda de amparo se reclaman el emplazamiento a juicio por su indebida práctica (no por su ausencia) y todas las actuaciones del juicio de origen, incluida la sentencia o el laudo que pone fin a la contienda y la ejecución, resulta competente para conocer del juicio del Juez de Distrito que previno, acorde con el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente." De igual forma se cita como sustento a los argumentos expuestos en el presente auto, en atención a las razonamientos que la integran la anterior contradicción, dio lugar a la Jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), consultable en la página 293, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." No se inadvierten los criterios hechos inicialmente por el órgano jurisdiccional declinante, los cuales se considera no resultan aplicables en el presente asunto, dado que la controversia no versa sobre actos de ejecución en los cuales se hubiese ordenado la reposición de un procedimiento, sino quién fue el Juez que previno en conocer una demanda de amparo en la que se reclama todo lo actuado en un procedimiento, incluyendo actos de ejecución. Siendo los anteriores razonamiento, los motivos por los que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la ley de la materia, el suscrito no aceptó el conocimiento del juicio, por estimar que carece de competencia, para conocer de la demanda de amparo promovida por Rosario Yáñez Hernández, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, y otra autoridad. Finalmente, se ordena remitir vía interconexión el informe respectivo al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en relación al conflicto competencial 2/2018 de su índice, con transcripción del presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Se tiene a la Oficina de Correspondencia Comun de los Juzgado de Distrito remitiendo el diverso oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de DIstrito en el Estado de Baja California, en el que adjunta las constancias originales del emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada, diligencia que fue ordenada por el ciato órgano en los autos del juicio de amparo 753/2017-5. En atención a las documentales que remite la autoridad oficiante resulta procedente devolver a su lugar de origen las mismas vía mensajería rápida.

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