Rosario Velazquez Flores

Expediente 1513/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1513/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2018

Partes del expediente

  • Rosario Velazquez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente de queja Q.A. 165/2018. Dese a conocer a las partes que el recurso de referencia fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto por Rosario Velázquez Flores, contra del auto desechatorio de la demanda que dio origen al juicio e amparo 1513/2018, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal revisor, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al auto de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, remite copia certificada del auto de treinta y uno de julio del año en cita, en el que señaló las diez horas del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo reinstalación de la parte quejosa en su fuente de trabajo; dentro del expediente laboral D-2/748/2010; asimismo, informa que el incidente innominado por el desacato de laudo se encuentra "pendiente de Trámite". En consecuencia, se le tiene haciendo gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Rosario Velázquez Flores, contra actos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1513/2018-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, la promovente del amparo señala como actos reclamado en su escrito de demanda, los siguientes: "La violación directa a la Constitución Federal que se materializa con la falta y/o indebido emplazamiento al procedimiento administrativo expediente número PFPA/4.1/2C.27.5/00013-13. La violación directa a la Constitución Federal que se materializa con la falta de notificación de la orden de inspección PFPA/4.1/2C.27.5/013-13, emitida en el procedimiento administrativo expediente número PFPA/4.1/2C.27.5/00013-13. La violación directa a la Constitución Federal que se materializa con la falta de notificación de la resolución dictada en el procedimiento administrativo expediente número PFPA/4.1/2C.27.5/00013-13. La violación directa a la Constitución Federal que se materializa con la falta de acuerdo y/o respuesta al escrito de fecha 4 de mayo de 2018." Así, de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que Rosario Velázquez Flores se duele esencialmente de la resolución dictada en el expediente administrativo PFPA/4.1/2C.27.5/00013-13 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Sobre el particular, tiene aplicación, la tesis aislada, sin número, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS.- Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." En ese sentido, como ha quedado precisado, Rosario Velázquez Flores acude a esta instancia constitucional a reclamar la resolución dictada en el expediente administrativo PFPA/4.1/2C.27.5/00013-13 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la cual puede ser controvertida a través del juicio de nulidad, tal como se sigue del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.)." Como puede observarse, en términos de la fracción XII del precepto transcrito, contra las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procederá el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sobre ese contexto, como se adelantó, en el caso, se estima que contra el acto reclamado procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en tanto que éste se circunscribe a una determinación que resolvió un expediente conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De tal modo que a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es posible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que la parte peticionaria de amparo en forma previa a la promoción del presente juicio constitucional debió hacer valer el indicado medio de defensa para cumplir con el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Empero, de los antecedentes que la quejosa narró bajo protesta de decir verdad, no se advierte que la parte quejosa haya promovido el referido juicio de nulidad en contra del acto que aquí se analiza, lo que implica que carezca de definitividad para efectos del juicio de derechos. Cierto, aun cuando el artículo 61, fracción XX, de Ley de Amparo vigente, y el numeral 107, fracción IV, Constitucional, señalan diversas excepciones al principio de definitividad, en el caso no se advierte la actualización de alguna de ellas que permita establecer sin lugar a dudas que no existía una obligación legal de observar el principio de que se trata. Ello, pues las aludidas excepciones son las siguientes: Que se establezcan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto cuestionado. Si el acto reclamado carece de fundamentación; Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el presente asunto no se actualiza la excepción marcada con el inciso 1), pues la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, porque un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Conclusión que es posible visualizar en la ejecutoria que generó la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." De igual forma, tampoco se actualiza la excepción prevista en el inciso 2), toda vez que del propio acuse que la impetrante exhibió con su demanda, se advierte que en ese documento, la peticionaria de amparo reconoció por lo menos desde el cuatro de mayo de dos mil dieciocho que el procedimiento PFPA/4.1/2C.27.5/00013-13 se sigue en su contra en términos de lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como el Reglamento de esa Ley, lo que denota ante este juzgador federal que la resolución que puso fin a ese procedimiento y ahora cuestiona, se emitió con apoyo en diversas normas jurídicas, tales como artículos legales y reglamentarios, de ahí que no carece de fundamentación. En el mismo sentido, tampoco se actualiza la excepción prevista en el inciso 3), pues la operatividad de dicha excepción requiere que únicamente se hagan valer violaciones directas, sin que se encuentren mezcladas con argumentos de legalidad. Lo anterior, se corrobora con el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, de rubro "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.". Hipótesis que en el caso no se actualiza, pues la lectura integral de la demanda de amparo con relación al anexo que se adjuntó a aquélla, permite advertir que la parte peticionaria de amparo no sólo hace valer violaciones a la Constitución General de la República, sino que también relaciona cuestiones de legalidad, ya que refiere que se dictó la resolución definitiva del procedimiento de origen sin que previamente la autoridad responsable analizara los argumentos que le hizo valer de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 167 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como su Reglamento, en el sentido de que se había actualizado la figura de la caducidad e incluso, la autoridad que realizó la inspección carecía de competencia. De tal modo que no puede estimarse actualizada la excepción a la causa de improcedencia en comento, pues para ello era necesario que únicamente se invocaran cuestiones de constitucionalidad, sin hacer depender éstas de violaciones legales, lo que en el caso no sucede, en tanto que conforme a lo expuesto, la parte impetrante sí formula argumentos para evidenciar la ilegalidad del acto que cuestiona. No es contrario a lo anterior el hecho de que la parte quejosa reclame diversas violaciones intraprocesales como lo es el emplazamiento al procedimiento de origen, pues en primer término, conforme a lo expuesto, la propia quejosa compareció ante la autoridad para solicitar se declarara la caducidad del procedimiento y se determinara que la autoridad que inició aquél carecía de competencia, lo que denota que no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación y tampoco hace valer únicamente una violación directa a la constitución, sino que también controvierte cuestiones de legalidad. Consecuentemente, a consideración de este juzgador federal, la parte quejosa debió preservar el principio de definitividad en forma previa a la presentación de la demanda de amparo, pues incluso en términos de la fracción III del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las violaciones procedimentales que estima se cometieron durante el procedimiento natural, las puede impugnar a través del juicio de nulidad, en el que precisamente se encuentra en posibilidad de cuestionar la forma en la que se llevó a cabo su llamamiento al procedimiento natural, así como el actuar de la responsable al dictar la resolución que puso fin a ese procedimiento sin tomar en cuenta el escrito que le presentó con anterioridad en el que le manifestó que debía declarar la caducidad de ese procedimiento y que la orden de inspección no había sido emitida por una autoridad competente. Asimismo, el inciso 4) consistente en eximir al promovente de agotar el recurso ante la autoridad emisora, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, toda vez que el juicio de nulidad está debidamente contemplado en el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo con relación al diverso 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En tales condiciones, al no haberse agotado el juicio de nulidad, tal como lo establecen los preceptos citados en último término ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ser el competente para conocer del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, por lo que lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal. Cabe destacar que en una porción del capítulo de actos reclamados, la parte quejosa indicó que también cuestionaba la omisión de la autoridad responsable de contestar el escrito de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el que solicitó se declarara la caducidad del procedimiento natural y se hicieron valer diversos argumentos de competencia; sin embargo, el análisis integral de la demanda de amparo permite advertir que, en realidad, el único acto que se reclama es la resolución que puso fin al procedimiento de origen, contra la cual, como se precisó, procede el juicio de nulidad, en el que precisamente la impetrante puede hacer valer las violaciones procesales que estima se realizaron durante ese procedimiento. Por tanto, no podría estimarse procedente el presente juicio constitucional únicamente respecto de la omisión de contestar el ocurso invocado, pues en primer término, aquélla no se combate de forma autónoma, sino como parte de los argumentos formulados para evidenciar la inconstitucionalidad de la resolución que puso fin al procedimiento de origen y además, al haberse realizado dicha omisión dentro del procedimiento natural, debe estimarse que únicamente constituye una cuestión adjetiva contra la cual no procede el juicio de amparo biinstancial. Por las razones que la integran, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizada en términos restringidos del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a la persona que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del citado acuerdo 1/2015, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Karla Villalba Rojas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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