Rosario Serafín Moreno Heras

Expediente 468/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
468/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • Rosario Serafín Moreno Heras

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes. Se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de dieciséis de abril del año en curso, no obstante el aviso dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el mencionado auto, que en lo conducente dice: Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 468/2021, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa en boulevard ***, en esta ciudad, y como autorizados para tal efecto a ***, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde la quejosa es parte trabajadora. Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad: La omisión de fijar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de once de marzo de dos mil veintiuno, dentro de los términos que establece la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral ***. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto, se advierte que en este asunto se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De la disposición constitucional transcrita, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se vaya presentando en el procedimiento natural y que se estime perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese supuesto ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior, se desprende que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo -, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. En efecto, del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que el once de marzo de dos mil veintiuno, se celebró a audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral ***, en la que la junta responsable se reservó acordar al respecto. De manera que esa abstención no puede considerarse como de ejecución irreparable, porque no se trata de una "omisión autónoma" al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, lo que revela el carácter adjetivo de la violación alegada. En efecto, del contenido de la demanda de amparo no se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento, ni su paralización total, por lo que el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, precisamente porque no se afectan derechos sustantivos de la parte promovente, sino que la violación reprochada sólo implica la afectación de derechos adjetivos o procesales, susceptibles de repararse en caso de que obtenga una resolución favorable. Pues conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria. Ahora, conforme al mencionado criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se está en presencia de actos contrarios a la prosecución en tiempo del trámite, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. En ese tenor, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Precisado lo anterior, respecto de los plazos que la Ley Federal del Trabajo establece para la tramitación del juicio ordinario laboral dispone lo siguiente: - La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: (artículo 880). - El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado (artículo 880, fracción I). - Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título (artículo 880, fracciones II y III). - Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. (artículo 880, fracción IV). De lo reseñado se obtiene, que en el juicio laboral, en específico en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, concluido el ofrecimiento por parte del actor y el demandado, en caso de que la junta reserve proveer respecto a su desahogo, tendrá que hacerlo dentro del término de cinco días. De lo anterior, podemos concluir que, después de reservase a proveer sobre las pruebas ofrecidas por las partes, dentro de los cinco días siguientes, deberá resolver sobre dichas probanzas, ya sea las admita o deseche; por lo que, si de lo narrado por la parte quejosa se advierte que la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en donde la junta se reservó proveer al respecto, se celebró el once de marzo de dos mil veintiuno y la responsable a la fecha no ha acordado nada al respecto. En ese tenor, se concluye que el plazo de cinco días que tenía la junta para resolver sobre las pruebas ofertadas por las partes, feneció el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno a la fecha en que se actúa, no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales a que hace alusión el criterio jurisprudencial antes citado. En ese contexto, no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento, ni su paralización total, en virtud de que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales a que hace mención el numeral 772 de la Ley Federal del Trabajo, de lo que se deduce que la Junta responsable no ha incurrido en una dilación excesiva en la tramitación del expediente 8-973/2020, por ende, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, precisamente porque no se afectan derechos sustantivos de la parte promovente, sino que la violación reprochada sólo implica la afectación de derechos adjetivos o procesales, susceptibles de repararse en caso de que obtenga una resolución favorable. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes.

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