Rosario Salas Reyes

Expediente 1042/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1042/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Rosario Salas Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    III Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; en el libro de gobierno háganse las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia, cuyo contenido es: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)." Lo anterior, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal examina si el fallo protector está o no cumplido. Al caso, es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio de amparo se promovió por Rosario Salas Reyes, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Ahora bien, mediante sentencia de treinta de agosto de dos mil diecisiete, se resolvió el presente juicio de amparo en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la unión ampara y protege a Rosario Salas Reyes, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo y tercero, para los efectos expuestos en el considerando último." La concesión del amparo fue para los efectos siguientes: a. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, en los tres días siguientes, dicte el laudo respectivo en el juicio laboral 1146/2015 y remita copia certificada que acreditara dicha circunstancia. Así, mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se requirió al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento al sentencia de amparo. En ese orden, la autoridad responsable, en cumplimiento a dicho requerimiento, mediante oficio J.29/6437/2017, presentado en este juzgado el seis de octubre de dos mil diecisiete, remitió copia certificada del laudo discutido y aprobado el cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Por tanto, del oficio y anexo enviados, se advierte que la autoridad responsable siguió los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se declara cumplida en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia publicada con la clave 2a./J. 201/2009, en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Materia Común, Novena Época, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Y en lo conducente la tesis 1ª./J.8/2003, consultable en la página 144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2003, Tomo XVll, Novena Época cuyos rubro y texto son: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por medio de lista. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    III. Toluca, Estado de México; nueve de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple de las constancias de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    III) Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de agosto del año en curso, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, den cumplimiento al fallo protector, apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Además, se le hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no lo exime de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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