Rosario Saaraim Cruz Gómez

Expediente 492/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
492/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Rosario Saaraim Cruz Gómez
  • Rosario Saaraim Cruz Gómez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA-II-B. "...se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días para que la promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de amparo...se ordena archivar el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Vista la demanda de amparo promovida por Rosario Saaraim Cruz Gómez, contra actos del Juez Sexto Civil de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, y otra autoridad regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 492/2018-II-B. Antes de proveer sobre su admisión, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 748, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 504, tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1995, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, que este motivo sea: Manifiesto; e Indudable. Lo manifiesto es aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, la parte demandada señala como acto reclamado: El auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario civil 1216/2018, en el que ordena una medida provisional de convivencia entre el progenitor y su menor hijo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su orden dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; En primer término, es pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen este medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a), y IV, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Al respecto, conviene invocar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXVII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. Siendo el amparo un remedio constitucional extraordinario, es conforme a su esencia y naturaleza, que sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico, no puede acudirse a 'l, cuando en el orden común exista todavía un remedio legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando al perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, (y este es el caso del artículo 10 de la Ley Agraria), o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede; y si el perjuicio se consiente por no usar de los medios legales que establece el estatuto del acto, tampoco se está ya capacitado para pedir el amparo, puesto que el consentimiento del perjuicio purga el acto del vicio legal, y al que lo consintió no se le priva de derecho alguno; no obsta a lo dicho, que la Constitución General y la Ley de Amparo, hayan adoptado ese criterio expresamente para asuntos judiciales, porque de ello no se deduce que prohiba adoptarlo para asuntos administrativos, pues donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, tanto más, cuanto que en ningún texto de la Constitución, consta que se haya establecido esa excepción." Ahora bien, es necesario precisar que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños a juicio, esto es, en estricto sentido y por equiparación. Por tercero extraño a juicio en estricto sentido es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Y por tercero extraño a juicio por equiparación es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio o por haber sido citada en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. A lo anterior es aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página setecientos veinte, tomo I, segunda parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: TERCERO EXTRAÑO, CONCEPTO DE. En opinión de este Tribunal Colegiado, si bien la persona extraña a juicio es aquélla que no es parte en ningún procedimiento judicial, también se equipara a ella, la que siendo demandada, alegue no haber sido emplazada legalmente. En el caso se precisa que la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña ya que es la promovente del juicio ordinario civil 1216/2018 del índice del Juzgado responsable, de donde emanan los actos reclamados. Tomando en consideración lo anterior, de donde se desprende que la quejosa es parte formal en el expediente 1216/2018, válidamente se concluye que antes de instar la vía constitucional, dicha parte se encontraba en aptitud de combatir la resolución reclamada a través de la reclamación previo a la acción de amparo, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, es necesario traer a colación el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Veracruz aplicables, que disponen: "Artículo 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso. Del precepto transcrito se colige que contra la medida provisional de convivencia, se podrá inconformar la parte contraria en litigio, a través de la reclamación; el juzgador podrá levantar la referida medida provisional, cuando así sea procedente, de acuerdo a lo considerado en la tramitación de la reclamación de referencia; asimismo, el juez tendrá la facultad de levantar la providencia decretada provisionalmente y volver las cosas al estado en que se encontraban. Es importante destacar que al resolver el recurso de reclamación que la ley prevé, la autoridad judicial está constreñida a atender a la totalidad de medios de prueba que las partes hayan aportado hasta ese momento procesal, habida cuenta que ese actuar permitirá decidir sobre lo pedido a la luz de lo argumentado y probado por los contendientes, garantizando un fallo completo e integral, de modo que cuando se vean involucrados derechos de menores, se garantice la protección al interés superior del infante. Lo que de suyo hace que con tal recurso ordinario, se hubiere podido modificar la determinación de convivencia provisional reclamada, y si bien es cierto que del artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no se advierta término para interponer dicho recurso, lo cierto es que debe de ser aplicable el término de tres días contenido en el artículo 98, fracción IV, del mismo código adjetivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: DEPOSITO DE PERSONAS, TERMINO PARA RECLAMAR LA MEDIDA PRECAUTORIA FIJADA EN EL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). De lo dispuesto por el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles de Veracruz salta a la vista que éste es omiso en especificar expresamente término judicial para interponer reclamación, por lo que, deviene aplicable la regla genérica contenida en el artículo 98, fracción IV, del mismo código adjetivo, que dice: "Cuando este código no señale términos para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: (...) IV. Tres días para todos los demás casos", por ende, el recurso debe interponerse dentro de los tres días siguientes al en que surtió efectos la notificación de la providencia. Así, si el acto que se impugna pudo tener algún remedio ante la autoridad responsable mediante la interposición de recurso ordinario y ese medio de defensa no fue seguido por la ahora promovente, es inconcuso que el juicio de amparo promovido resulta improcedente, al no respetarse el principio de definitividad. Del precepto legal antes aludido, así como de la lectura íntegra del escrito de demanda, se desprende que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el acto reclamado debió ser impugnado mediante la reclamación, en términos de lo previsto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Veracruz; y al no agotar dicho medio ordinario de defensa, es evidente que el juicio de amparo deviene improcedente. En esas condiciones, si la promovente es parte formal en el juicio de origen, es inconcuso que antes de acudir al juicio de amparo tuvo que agotar la reclamación y de esa manera estar en posibilidad de obtener una modificación, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad, y si no lo hizo así, hace improcedente el presente juicio de amparo. Además, en el caso particular no opera excepción alguna al principio de definitividad, pues el asunto que nos ocupa no se refiere a ningún acto de autoridad que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni tener la quejosa el carácter de persona extraña al juicio pues es parte del mismo. Asimismo, el acto reclamado tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. En esa tesitura, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la interposición del medio de defensa legal correspondiente, por parte del quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Aunado al hecho de que aun cuando el acto reclamado se considere de imposible reparación al emanar de un juicio civil la quejosa está obligada a agotar el procedimiento de definitividad que rige al juicio de amparo. Sirve de apoyo a la consideración expuesta la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de dos mil doce, Tomo 1, página setecientos veintinueve, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada..."

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