Rosario Rosas Arellano

Expediente 2015/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2015/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
28/02/2017

Partes del expediente

  • Rosario Rosas Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de garantías. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. a fecha se generar Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de enero de dos mil diecisiete. AUDIENCIA PÚBLICA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, estando en audiencia pública el licenciado Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 2015/2016, promovido por Rosario Rosas Arellano; sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido, se declara abierto el periodo probatorio.- Abierto el mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que allegó el quejoso como anexo a su demanda, la autoridad responsable, todas relacionadas con la queja contenida en la causa penal JCJ/466/2016, y la carpeta de investigación JO-UEDD/908/2016-5. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el periodo de alegatos, en el cual la Secretaria hace constar que la quejosa no los formuló; asimismo se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Por consiguiente, con lo anterior se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por terminada la presente audiencia, levantándose la presente acta, por lo que, se procede a dictar la resolución correspondiente: V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo número 2015/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda de amparo presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, por Rosario Rosas Arellano, turnado el día hábil siguiente, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos, de la Zona Sur Poniente, Fiscal de la Unidad Especial de Delitos Diversos Ramón Alejandro Guadarrama García, y Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, todos con residencia en Jojutla, Morelos, los que hizo consistir: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De los Fiscales se atribuye la negativa de resolver la carpeta de investigación JO-UEDD/908/16, para ejercitar la acción penal ante el juez de control. Al Juez de Control se le atribuye el retraso o dilación injustificado del proceso de queja JCJ/466/2016, relacionada con la carpeta de investigación JO-UEDD/908/16." SEGUNDO. Actos que estima violatorios en su perjuicio de la garantía consagrada en los artículos 8, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó registrar el juicio de amparo con el número de expediente 2015/2016, y se admitió a trámite la demanda de garantías promovida por Rosario Rosas Arellano; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con el artículo 5º de la Ley de Amparo. Por otra parte, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberán ser publicadas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, así como en el caso de ofrecer documentales, podrán precisar si contiene información reservada o confidencial. En ese tenor, una vez que las partes se notificaron de lo anterior, solo el tercero interesado manifestó oposición a la publicación de sus datos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la Audiencia Constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, misma que forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo y de conformidad con los Acuerdos Generales 03/2013, 15/2013 y 32/2014, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de actos llevados a cabo por autoridades con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Antes de analizar la certeza de los actos reclamados y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Tiene aplicación al caso la tesis 741, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, página 499, bajo la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ORDENACIÓN. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, y la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación, deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo destacado correspondiente, ya que aunque se acostumbre señalar cada elemento en un lugar destacado, no hay precepto alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". Así como la jurisprudencia número 2a./J. 55/98, visible a fojas 227, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir: * A los Fiscales: La negativa de resolver la carpeta de investigación JO-UEDD/908/16, para ejercitar la acción penal ante el juez de control. Al Juez de Control: el retraso injustificado del proceso de queja JCJ/466/2016, interpuesto en contra de la omisión de determinar la carpeta de investigación JO-UEDD/908/16." TERCERO. Al respecto, la autoridad responsable Fiscal Regional Sur Poniente (nombre correcto), con residencia en Jojutla, Morelos, al rendir su respectivo informe justificado negó categóricamente la existencia del acto de molestia; sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En las condiciones expuestas, ante la negativa de las responsables del acto que se les reclamó, procede sobreseer el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 53, publicada en la página 90, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". CUARTO. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Diversos, de la Fiscalía Regional Sur Poniente, Ramón Alejandro Guadarrama García, al rendir su informe con justificación, manifestó que es no es cierto el acto reclamado. Sin embargo, adujo que lo anterior se debía a que, el quince de diciembre de dos mil dieciséis, se había resulto la carpeta de JO-UEDD/908/16, determinando el no ejercicio de la acción penal, lo que resulta suficiente para tener por cierto el acto que se le atribuyó, pues la demanda de amparo fue interpuesta el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, y como ya se vio, el acuerdo de no ejercicio fue dictado con fecha posterior. El Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que no existía retraso en la administración de justicia, y solicitó el sobreseimiento de este juicio de amparo. QUINTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente a la cuestión de fondo, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, en el presente juicio de garantías se procede a analizar las causales de improcedencia. No es óbice a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con las causales de improcedencia que se adviertan de oficio, que este hecho constituya una obligación para el juez de distrito, de notificar a la parte quejosa la actualización de una causa de improcedencia, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, ya que sólo existe esa obligación en tratándose en los juicio de amparo en revisión o segunda instancia. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia identificada como I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 2660, en la que por rubro y texto, se dice: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita. En ese sentido, este juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse, en particular por actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. [.] [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". En efecto, de un análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que como acto reclamado se precisó: * A los Fiscales: La negativa de resolver la carpeta de investigación JO-UEDD/908/16, para ejercitar la acción penal ante el juez de control. Al Juez de Control: el retraso injustificado del proceso de queja JCJ/466/2016, interpuesta en contra de la omisión de determinar la carpeta de investigación JO-UEDD/908/16. En estas condiciones, si tal como lo informaron el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Diversos, de la Fiscalía Regional Sur Poniente, Ramón Alejandro Guadarrama García, y el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado, ambos con sede en Jojutla, Morelos, el quince de diciembre de dos mil dieciseises fue dictado el auto de no ejercicio de la acción penal, y notificado a la quejosa en la propia fecha; y la queja JCJ/466/2016, fue resuelta el veintiocho de noviembre del año retropróximo, por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado, y notificado a la justiciable en la propia fecha, todo de lo cual se allegaron constancias a estos autos, documentos a los que se les concede pleno valor probatorio, por constituir documentales públicas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al emitirse en el ejercicio de las funciones de autoridad competente para ello, de ahí que quien ahora resuelve, considere que se surte plenamente la causal de improcedencia indicada en párrafos precedentes. En ese orden, es incuestionable que al dictar el auto de no ejercicio de la acción penal, se determinó la carpeta de investigación, y de igual manera al resolverse la queja interpuesta por la impetrante de amparo, hace cesar los efectos de los actos reclamados. En las condiciones relatadas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Pleno, Tomo XV, visible en la página 1288, que al rubro dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Procede sobreseer en el juicio de amparo, cuando aparezca que han cesado los efectos del acto reclamado". De igual forma se cita el criterio jurisprudencial número 2a./J. 9/98, de la Novena Época, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Febrero de 1998, página: 210, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rosario Rosas Arellano, contra el acto y la autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución, en términos del considerando tercero y quinto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mi dieciséis, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Sur Poniente; con su contenido y anexo, dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 9°, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables antes mencionadas; a las personas que indican en su respectivo informe justificado y por señalado el domicilio que refiere, siempre y cuando sea el de su residencia oficial. Asimismo, se ordena agregar el oficio sin número enviado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Sur Poniente, a través del cual remite copia certificada de la carpeta de investigación número JO-UEDD/908/2016; con su contenido y anexo, dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. En consecuencia, para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del informe justificado antes indicado, así como de las constancias que remite la autoridad oficiante, a fin de no violentar el procedimiento en esta contienda constitucional y proteger la equidad procesal de las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Fiscal Regional Sur Poniente; con su contenido, dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 9°, de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la autoridad responsable a las personas que indican en su informe de cuenta y por señalado el domicilio que señala la última, siempre y cuando sea el de su residencia oficial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

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