Rosario Robles Perea

Expediente 2175/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2175/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Rosario Robles Perea

Actuaciones

  1. Principal

    R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *************************, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y su actuario, por las razones y fundamentos vertidos en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos establecidos en el considerando séptimo de la presente resolución

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible su celebración ya que se encuentra transcurriendo el término legal para que las partes se impongan de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mismo que transcurrirá del treinta de octubre al trece de noviembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional decretada para este día y con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan para su celebración las once horas con cuatro minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 7, publicada en la página 11, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000, Actualización 2001, cuyo epígrafe es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENE CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, trece de octubre de dos mil veintitrés. Admisión. De conformidad con los artículos 6°, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, 5°, fracción I, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por Rosario Robles Perea, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad. Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2175/2023-VII-2. Genérese el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 128 de la Ley de Amparo. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Se señalan las once horas con siete minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, a la que podrán comparecer las partes mediante la presentación de escrito de manera física o electrónica. Requerimientos a la(s) autoridad(es) responsable(s). Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, respecto del acto reclamado. Mismo que deberá rendir dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. Acompañe copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se le reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Apercibimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s). En caso de incumplimiento, se hará acreedora a lo siguiente: Multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo.

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