Rosario Reyna Gómez
Expediente 750/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rosario Reyna Gómez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído once de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Rosario Reyna Gómez, contra actos de la Juez Segunda de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad y otra autoridad responsable, ha quedado firme. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado como juicio de amparo indirecto número 750/2017-II. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es como sigue: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden lógico, se tiene que la quejosa reclama de la Jueza y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: ".Único.- La dilación procesal y tardía impartición de justicia, toda vez que la responsable en audiencia de fecha 19 de junio de 2017, fija fecha de audiencia a las partes de pruebas y alegatos para las 13:30 horas del día 14 de septiembre de 2017, tres meses después del auto que lo ordena, auto que violenta la esfera jurídica de la suscrita, porque con ello se trasgrede la administración de justicia pronta y expedita; dado que se violenta el contenido del numeral 564 del Código de Procedimientos Civiles del estado, del cual se desprende la audiencia de pruebas y alegatos, que indica que una vez contestada la demanda el juzgador señalara inmediatamente fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; ordenamiento que no está cumpliendo y que es totalmente violatorio al procedimiento del juicio especial de alimentos radicado con el número de expediente 267/2017/II, promovido por la suscrita y que le toco conocer al Juzgado Segundo de Primera instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravos, con residencia en esta capital." Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la peticionaria de amparo, entre otras cosas expresa que: ".1.- EI 21 de marzo de 2017, se promovió juicio especial de alimentos en contra de JOSE ELÍAS GOMEZ CARBAJAL, mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2017, que fue radicado con fecha 27 de marzo de 2017, bajo el número de expediente 267/2017/11,que le toco conocer al Juzgado Segundo de Primera instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravos, con residencia en esta capital. 2.- Con fecha 30 de marzo de 2017, se promovió recurso de reconsideración, contra el auto de fecha 27 de marzo de 2017, ya que la autoridad señaló fecha de audiencia muy lejana, para el día 19 de junio de 2017, casi tres meses después del auto de radicación y no respecto lo señalado en el artículo numeral 564 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, recurso que me fue negado por la autoridad. 3.- Con fecha 19 de junio de 2017, a las 10:30 horas se celebró la audiencia previa y de conciliación, en la cual solo se le tuvo al demandado por contestada la demanda en tiempo y forma y se admitieron pruebas a las partes y nuevamente la responsable volvió a señalar fecha de audiencia de pruebas y alegatos para el día 14 de septiembre de 2017 a las 13:30 horas, tres meses después del auto de fecha 19 de junio de 2017, fecha otra vez muy lejana." Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, la audiencia de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, celebrada por la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 267/2017/II, promovido por la parte quejosa, en la que fijo la audiencia de pruebas y alegatos para las trece horas con treinta minutos del catorce de septiembre de dos mil diecisiete, es decir, tres meses después del auto que lo ordena, puede ser impugnado a través del recurso de reconsideración que para tal efecto prevé el artículo 381, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero. Ello implica, que la impetrante de amparo tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual dicha determinación puede ser modificada, revocada o nulificada, el cual tiene que agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el recurso de reconsideración, previsto en el artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, establece: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad ordinaria, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos y no agoto ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Jurisprudencia 986, Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, página 678, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Apéndice 1917-1995). Es preciso mencionar, que si bien es cierto nuestro más alto tribunal del país ha emitido el criterio relativo a que la posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitir la demanda de amparo, empero cabe indicar que tal criterio es solamente aplicable cuando se infiere la existencia de un recurso y que dicha certeza va a depender de los datos que se arrojen durante el procedimiento de amparo lo que significa en tal supuesto que ya no es manifiesta la causal de improcedencia que para tal efecto se invoque; pero no como acontece en la especie que la existencia del medio de defensa señalado con anterioridad es evidente y no una mera posibilidad, por ello la accionante constitucional debió agotar ese medio de defensa, ya que se insiste, mediante aquel puede obtener la revocación del acto que se reclama en la demanda de cuenta. Es ilustrativa la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia VI.3º.C.J/62, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, pag. 1665, Tomo XXIII, Febrero 2006, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) En suma, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de mérito, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes
- Rosario Navarrete Estudillo703/2023
- Rosario Ortíz Mujica789/2023
- Rosario Ortiz Mujica407/2022
- Rosario Ortíz Mujica329/2023
- Rosario Ortiz Mujica1253/2022
- Rosario Ortíz Mujica1244/2023
- Rosario Serna Gatica684/2023
- Rosario Serrano Morga1094/2022
- Roselia Morales Gaitán206/2023
- Roselia Roldan Esquivias679/2018
- Roselia Silva Leyva605/2018
- Rosendo Ávila Piña963/2017