Rosario Reyes Hernández

Expediente 116/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
116/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Rosario Reyes Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214, interpretado a contrario sentido, en su oportunidad, envíese al archivo....

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 116/2020-I, promovido por ********************por su propio derecho, en contra del acto atribuido a la Cámara de Diputados del Congreso General Depositario del Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco y remitido el mismo día, por razón de turno, a la Oficialía de Partes este Juzgado Federal de este órgano jurisdiccional, ********************por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que enseguida se citan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO GENERAL DEPOSITARIO DEL LEGISLATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2.- CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL, DEPOSITARIO DEL LEGISLATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 3.- PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 4.- SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. 5.- DIRECTOR GENERAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 6.-SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 7.-DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 8.- ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 9.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON RESIDENCIA EN ZIHUATANEJO GUERRERO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- DE CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO GENERAL DEPOSITARIO DEL LEGISLATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 2.- CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL, DEPOSITARIO DEL LEGISLATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE RECLAMA: La aprobación y expedición de la Ley para Determinar el Valor de Unidad de Medida y Actualización, publicada en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2016, mismo que se entró en vigor al día siguiente de su publicación. De las citadas cámaras responsables, se reclama en específico la aprobación y expedición de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los transitorios primero, segundo y tercero, de la referida ley reclamada. 3.- PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE RECLAMA: La sanción, expedición, aprobación, promulgación y publicación de la Ley para Determinar el Valor de Unidad de Medida y Actualización, publicada en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2016, mismo que se entró en vigor al día siguiente de su publicación. De la citada autoridad responsable, se reclama en específico la aprobación y expedición de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los transitorios primero, segundo y tercero, de la referida ley reclamada. 4.- SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, DEL GOBIERNO FEDERAL, SE RECLAMA: El refrendo del decreto de expedición, aprobación, promulgación y publicación de la Ley para Determinar el Valor de Unidad de Medida y Actualización, publicada en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2016, mismo que se entró en vigor al día siguiente de su publicación. De la citada autoridad responsable, se reclama en específico el refrendo del decreto de aprobación, expedición, promulgación, publicación de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los transitorios primero, segundo y tercero, de la referida ley reclamada. 5.- DIRECTOR GENERAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE RECLAMA: La publicación de la Ley para Determinar el Valor de Unidad de Medida y Actualización, publicada en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2016, mismo que se entró en vigor al día siguiente de su publicación. De la citada autoridad responsable, se reclama en específico la publicación del decreto de aprobación, expedición, promulgación, publicación de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los transitorios primero, segundo y tercero, de la referida ley reclamada. 6.-SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, se reclama: La aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los transitorios segundo y tercero, de Ley para Determinar el Valor de Unidad de Medida y Actualización, publicada en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2016, mismo que se entró en vigor al día siguiente de su publicación, mediante su primer acto de aplicación, en la resolución NO. ********************, dictada el 15 de enero de 2020. 7.-DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, se reclama: La aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los transitorios segundo y tercero, de la de Ley para Determinar el Valor de Unidad de Medida y Actualización, publicada en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2016, mismo que se entró en vigor al día siguiente de su publicación, mediante su primer acto de aplicación, en la resolución NO. ********************, dictada el 15 de enero de 2020. 8.- ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO, SE RECLAMA: La aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los transitorios segundo y tercero, de la de Ley para Determinar el Valor de Unidad de Medida y Actualización, publicada en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2016, mismo que se entró en vigor al día siguiente de su publicación, mediante su primer acto de aplicación, en la resolución NO. ********************, dictada el 15 de enero de 2020. 9.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON RESIDENCIA EN ZIHUATANEJO GUERRERO, SE RECLAMA: La resolución No. ********************, dictada el 15 de enero de 2020, mediante la cual la citada autoridad responsable realizó su primer acto de aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los transitorios segundo y tercero, de la de Ley para Determinar el Valor de Unidad de Medida y Actualización, publicada en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2016, mismo que se entró en vigor al día siguiente de su publicación." La quejosa narró los antecedentes del caso y señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 1º, 14, 16, 17y 123, apartado A, fracción VI, con relación al 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante acuerdo de once de febrero de dos veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó registrar tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente bajo el número 116/2020-I; asimismo se solicitó el informe justificado a las autoridades responsable y dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue suspendida, con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora bien, el tres de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de labores ordinarias de este órgano jurisdiccional y se reanudaron los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este juzgado, ello atendiendo a lo determinado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, motivo por el cual mediante proveído de siete de agosto de dos mil veinte, se reanudó el trámite del presente juicio, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se suspendió nuevamente. Asimismo, el doce de enero de dos mil veintiuno, se levantó la suspensión de labores ordinarias de este órgano jurisdiccional y se reanudaron los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este juzgado, atendiendo a lo determinado en la circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de enero del presente año, en la que se dieron a conocer las medidas adoptadas para los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, y en las áreas administrativas del propio Consejo, en la que entre otras cosas se determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de este Juzgado Federal a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, era el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Sin embargo, en virtud del incremento de contagios por la emergencia COVID-19 y del estado del semáforo epidemiológico de, entre otros, el Estado de Guerrero, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, a través de las circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, determinó la suspensión de los plazos y términos procesales de todos aquellos asuntos que no hubieran sido calificados como urgentes, por el periodo comprendido del uno de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno. Posteriormente, el cuatro de marzo del año en curso, se levantó la suspensión de labores ordinarias de este órgano jurisdiccional y se reanudaron los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este juzgado, atendiendo a lo determinado en la circular SECNO/13/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de veintisiete de febrero del presente año, en la que se dieron a conocer las medidas adoptadas para los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, y en las áreas administrativas del propio Consejo, en la que entre otras cosas se determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de este Juzgado Federal a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, motivo por el cual mediante acuerdo de cuatro de marzo del año en curso, se reanudó el trámite del presente juicio y se señaló nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó, previo diferimiento, el dieciocho de mayo de la presente anualidad, sin la asistencia de las partes al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, constitucional, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el diverso acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, que reforma el último mencionado, para homologar la jurisdicción territorial de los centros de justicia penal federal, con los circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, publicado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicable al caso por similitud de razón, con número de registro 192097, cuyos rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual manera, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Al efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario del juicio de amparo reclama de las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias: La aprobación, expedición, sanción, promulgación, publicación y refrendo de la Ley para Determinar el Valor de Unidad de Medida y Actualización, publicada en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2016, mismo que se entró en vigor al día siguiente de su publicación. La aprobación, expedición, sanción, promulgación, publicación y refrendo de la de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los transitorios primero, segundo y tercero, de la referida ley reclamada. La aplicación de los preceptos citados en la resolución número ********************, dictada el quince de enero de dos mil veinte, en la que se resolvió otorgarle una pensión por viudez. TERCERO. Inexistencia y Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Tomo 76, del mes de abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese orden de ideas no son ciertos los actos reclamados al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México y el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe justificado así lo adujeron; sin que la parte quejosa haya desvirtuado mediante prueba alguna tal negativa. Ante la inexistencia del acto reclamado atribuible a la citada autoridad, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por su parte, el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Zihuatanejo de la Delegación Estatal Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Zihuatanejo de Azueta, negó los actos que les fueron reclamados; sin embargo, los mismo deben tener por ciertos, ya que de las constancias que aportó la parte quejosa se advierte el original de la resolución reclamada número ********************, signada por dicha autoridad, por lo que se acredita su existencia. Documental a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fueron expedidas por funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Máximo Tribunal, visible en la página 153 del Tomo VI, Materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917/2000, bajo el rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIOS. Tiene ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otro lado, las autoridades responsables, Directora General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Director General de Amparos contra Leyes adscrito a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda y Crédito Público y Directora General de Procedimientos Constitucionales, en representación de la Secretaría de Gobernación, todos con sede en la Ciudad de México, aceptaron los actos que se les atribuye (fojas 96 a 97, 82, 108 a 130 y 94 y 95, respectivamente); por tanto, es procedente tener por ciertos los actos reclamados a dichas autoridades. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Debiendo precisarse que, las autoridades mencionadas, aceptan su particular participación en la emisión de los actos que se les reclaman, pero solamente en aquéllos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia constitucional en la formación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad la parte quejosa aduce. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de dos mil, página 260, con número de registro digital 191452, de rubro y contenido siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De igual forma, cobra aplicación la tesis V.2o.214 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV-1, Febrero de mil novecientos noventa y cinco, página 205, con número de registro digital 209107, que dispone: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, se examinan las causales de improcedencia por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. En ese contexto, en el presente asunto, este juzgador advierte de oficio que en relación a los actos reclamados, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los transitorios primero, segundo y tercero, de la referida Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Esta hipótesis legal deriva de lo establecido por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la cual, el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intenta en contra de ordenamientos de observancia general, dado que, para que el juicio resulte procedente, aquéllos deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional en comento; dicho perjuicio bien puede provenir de la sola vigencia de la norma o de un acto en el que la misma se aplique. A fin de ilustrar la afirmación precedente debe tenerse en cuenta que los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola vigencia, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Por dicho acto legislativo y por los relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que, desde su entrada en vigor, ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 21 de la ley citada. En conclusión, una norma es heteroaplicativa cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que, para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio de algún gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación; la condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o dicho acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. De tal forma, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), que proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto es de tomar en cuenta el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, que se contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, registro digital 198200, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En ese tenor, cuando se reclama una ley en su carácter de heteroaplicativa, se requiere de la existencia de un acto de aplicación que genere su actualización en detrimento del gobernado. Bajo ese contexto, como el acto reclamado en lo substancial se hace consistir en la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los transitorios primero, segundo y tercero de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, los cuales disponen: "Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización. Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entenderá por: I. Índice Nacional de Precios al Consumidor: El que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía conforme a lo previsto en el artículo 59, fracción III, inciso a de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; II. INEGI: Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y III. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. Artículo 3. Las obligaciones y supuestos denominados en UMA se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. Artículo 4. El valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por el INEGI, de conformidad con el siguiente método: I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la UMA del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la UMA por 30.4. III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la UMA por 12. Artículo 5. El INEGI publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA y entrarán en vigor dichos valores el 1o. de febrero de dicho año. Transitorios Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El valor de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, será el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 28 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, mismo que permanecerá vigente hasta en tanto se emita otra publicación en términos del artículo 5 de la presente Ley. Tercero. El valor a que se refiere el transitorio anterior se actualizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 4 de la presente Ley." Lo anterior, señala, a través de su primer acto de aplicación, el cual la quejosa hace consistir, en la emisión de la resolución número ********************, sin embargo, a fin de poder realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichos normativos, era necesario que dicha determinación contenga un acto concreto de aplicación de la ley reclamada y que en efecto, éste cause una afectación a la esfera de la quejosa. Sin embargo, del análisis de la resolución de concesión de pensión en comento, no se advierte que se trate de un acto concreto de aplicación de la ley que tacha de inconstitucional; se afirma lo anterior, toda vez que en el oficio de mérito quedó establecido lo siguiente: De la imagen anterior, se puede apreciar que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, en la concesión de pensión, no se aplicaron los artículos reclamados de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En efecto, de la resolución en comento, se advierte que el otorgamiento de la pensión, se realizó con fundamento en los artículos 149, 150, 153 y 167 de la Ley del Seguro Social, normativos que a la letra indican: "Artículo 149. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al trabajador o a sus familiares derechohabientes, cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar su salario real o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse las prestaciones consignadas en este capítulo o bien dichas prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía. El Instituto se subrogará en sus derechos y le otorgará las prestaciones que le correspondan. En este caso, el patrón está obligado a enterar al Instituto los capitales constitutivos respectivos. Las disposiciones del artículo 79 de esta Ley y demás relativas para la integración, determinación y cobro de los capitales constitutivos son aplicables al seguro de invalidez y vida. Artículo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses. (.) Artículo 153. El otorgamiento de las prestaciones contenidas en este capítulo requiere del cumplimiento de períodos de espera medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto, conforme se señala en las disposiciones relativas a cada una de los ramos de aseguramiento amparados. Las semanas de cotización amparadas por certificados de incapacidad médica para el trabajo, expedidos o reconocidos por el Instituto, serán consideradas únicamente para el otorgamiento de la pensión garantizada que en su caso corresponda. (.) Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al Instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro." De los artículos transcritos, tenemos que establecen diversas disposiciones, respecto al otorgamiento de pensiones, sin embargo, no se advierte que dentro de los mismos, se establezca que las mismas deban ser conforme a lo establecido en la diversa Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, o algún señalamiento que remita a la misma. Por tanto, es evidente, que en el caso no existe acto de aplicación alguno de los artículos tildados de inconstitucionales. De ahí que se estime, que la citada resolución, no constituye en sí mismo un acto concreto de aplicación de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización y mucho menos que con ello se esté afectando la esfera jurídica de la quejosa, pues dicho oficio no tiene ningún efecto vinculatorio para ésta y por consiguiente con el mismo no se aplica en su perjuicio ley alguna. En ese tenor, es evidente que la quejosa no demuestra su interés jurídico para acudir al presente juicio, en virtud de la concesión de pensión a través de la resolución número ********************, no constituye el primer acto de aplicación de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización en perjuicio de la quejosa. En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia en estudio y, por ende, lo procedente será sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable, el criterio sustentado por el entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 199-204, Primera Parte, página 79, registro digital 232177, cuyo rubro y texto son: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ÉSTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama." Asimismo, apoyo a lo anterior jurisprudencia 1a./J. 4/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, página 103, registro digital 194605, que dice: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así también, sustenta la determinación de este juzgador, el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 76/97, propuesta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, página 374, registro digital 196955, que establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse." Finalmente, apoya lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 45/90, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, página 199, registro digital 207126, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 'INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA' Y DE 'RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA'. Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." Por otro lado, no pasan inadvertidas las diversas causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables; sin embargo, es innecesario abordar el estudio de las mismas, ya que en nada variaría el sentido de esta sentencia, si dichas causales se actualizan o no. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, foja 414, registro digital 195744, cuyo rubro y texto establece: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En este sentido, y ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se hace innecesario emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la quejosa. En invoca en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, registro digital 394465, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XVIII, 63, fracción V y 74, fracciones I, III, IV y VI, de la legislación en cita, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rosario Reyes Hernandez contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que aún no obran los acuses de recibo de los oficios ..., de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, enviados a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambos del Congreso General, así como al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación y Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos con sede en la Ciudad de México; y al Jefe del Departamento de Pensiones, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en Zihuatanejo, Guerrero, relativos al acuerdo de reanudación de esa fecha. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento del presente juicio de amparo, se ordena notificar a las citadas autoridades responsables, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado; por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se señalan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede y atendiendo a lo determinado en la circular SECNO/13/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de veintisiete de febrero del presente año, en la que se dieron a conocer las medidas adoptadas para los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, y en las áreas administrativas del propio Consejo, en la que entre otras cosas se determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de este Juzgado Federal a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021; se reanuda el trámite del presente asunto, así como los términos y plazos legales relativos a la tramitación del mismo. 11/03/23 13:15:43 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7e ANTONIO ESPINOSA RANGEL Por tanto, a fin de dar a oportunidad a que las partes tengan conocimiento que en esta fecha se reanudan los plazos y términos en el presente juicio, la audiencia constitucional se programa para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de abril del presente año, para su celebración. Por otra parte, en relación a las notificaciones por oficio que deben realizarse a las autoridades responsables, en caso de que sus oficinas aun permanezcan cerradas por motivo de la pandemia de covid-19, se deberá suspender la entrega de las comunicaciones oficiales, hasta en tanto aquéllas reanuden sus actividades. Notifíquese personalmente.

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