Rosario Ramos Villalobos

Expediente 555/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
555/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Rosario Ramos Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el treinta de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    Abierta la audiencia de ley. La Secretaria procede a hacer una relación oral de las constancias que integran el juicio de amparo. A lo anterior la Secretaria encargada del despacho acuerda. Se tiene por hecha la relación secretarial de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio. La Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable. La Secretaria encargada del despacho acuerda. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, mismas que podrán ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Cerrado el periodo probatorio y abierto el de alegatos. La Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos y que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito no presentó pedimento. A lo anterior el Juez acuerda. Con fundamento en lo establecido en el dispositivo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y el del representante social adscrito para presentar pedimento. Al no existir escrito pendiente por acordar, ni diligencia que practicar, se procede al dictado de la resolución correspondiente. Visto para resolver en el juicio de amparo 555/2021, promovido por Rosario Ramos Villalobos, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Presidente Ejecutor; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. **********, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Séptimo de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra de la autoridad y por los actos que precisa en su escrito de demanda. SEGUNDO. Este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud que el acto reclamado carece de ejecución al ser de naturaleza omisiva y, por tanto, es competente el órgano jurisdiccional que ejerza jurisdicción en el lugar donde el quejoso haya presentado la demanda. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el juicio, el acto reclamado atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ***************, mediante el cual la responsable determinó que no había lugar a acordar de conformidad la petición de la parte actora, relativa a que se realizara la sesión de pleno para el efecto de aplicar y hacer efectivo el apercibimiento estipulado en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, decretado en auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados porque así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con la copia certificada de algunas constancias del expediente laboral ************, que anexó a su informe justificado, documental que goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgado federal de manera oficiosa advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". El primero de los preceptos reseñados refiere que no procede el juicio de amparo en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia; por su parte, el diverso dispositivo legal establece que el juicio biinstancial procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, precisando que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De lo expuesto se obtiene que el juicio de amparo de que se trata es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de ejecución de sentencia que no reúnan las características apuntadas. Es claro que la intención del legislador, al instaurar la regla de procedencia del juicio de amparo analizada, fue evitar, entre otras cosas, el abuso de la promoción de la acción constitucional, con el propósito de facilitar y hacer más rápida la tramitación de las controversias jurisdiccionales, por eso, en el caso de las sentencias definitivas, privilegió su ejecución en observancia a la existencia de la cosa Juzgada, cuyo cumplimiento es de orden público, ya que estableció que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en esa fase. Se debe precisar que el criterio reseñado parte del estudio del artículo 114 de la legislación de la materia abrogada; empero, aun así es orientador en este caso dado que en la Ley de Amparo vigente, en específico en la fracción IV del artículo 107, el legislador de igual manera condicionó la procedencia de la acción constitucional hasta el dictado del último acto de ejecución, precisamente, con el objetivo de evitar abusos en la tramitación de la acción constitucional y mantener la disposición de orden público en el cumplimiento de las sentencias. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 01/863/15, mediante el cual la responsable determinó que no había lugar a acordar de conformidad la petición de la parte actora, relativa a que se realizara la sesión de pleno para el efecto de aplicar y hacer efectivo el apercibimiento estipulado en el artículo 124, fracción I (multa), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, decretado en auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Ahora bien, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia, debe de entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo que el acto combatido en este juicio constitucional no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, por no ser las que determina, aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o aquella que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de una actuación que forma parte de la ejecución de una sentencia, contra la cual sólo procede el amparo ante un juzgador constitucional una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. De tal manera que el acto reclamado no es autónomo del laudo emitido dentro del procedimiento laboral, pues el acuerdo que se reclama está directamente relacionado con la ejecución del fallo, ya que se trata de un proveído de mero trámite que no afecta materialmente derecho sustantivo alguno del quejoso para que sea considerado de imposible reparación; como consecuencia, sólo se trata de una resolución intermedia dictada dentro del periodo de ejecución que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. De tal manera que el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio laboral *********, del índice Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el que, en atención al escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual la responsable determinó que no había lugar a acordar de conformidad la petición de la parte actora, relativa a que se realizara la sesión de pleno para el efecto de aplicar y hacer efectivo el apercibimiento estipulado en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, decretado en auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en virtud del cambio de administración de los municipios del Estado de Morelos derivado del proceso electoral local 2017-2018, lo que consideró que implicaba la sustitución de funcionarios adscritos al cabildo, a las unidades administrativas y dependencias del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino, por el contrario, es una actuación tendente directamente a la ejecución del laudo. De ahí que el acto mencionado no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente. Se debe precisar que, en el presente caso, no se actualiza la excepción de procedencia del amparo indirecto, si se considera que para calificarse como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos. Además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, el acuerdo reclamado no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Criterio que resulta de aplicación obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que fue emitido por el Pleno del Decimoctavo Circuito, con residencia, Cuernavaca, Morelos, Entidad Federativa en la que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. Asimismo, se debe precisar que de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis de donde derivó el criterio jurisprudencial, se desprende que los asuntos analizados fueron promovidos en vía de amparo por la parte actora del juicio laboral de origen, en los que en uno, se señaló como acto reclamado el retardo injustificado en el cumplimiento del laudo dictado en el juicio natural, y en el otro, la omisión de decretar apercibimientos en contra de la parte demandada para dar cumplimiento al laudo respectivo. Por lo anterior, al actualizarse en el presente asunto la misma hipótesis, ya que fue la parte actora la que promovió el juicio de amparo en contra del acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio laboral ***********, del índice Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el que, en atención al escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, la responsable determinó que no había lugar a acordar de conformidad la petición de la parte actora, relativa a que se realizara la sesión de pleno para el efecto de aplicar y hacer efectivo el apercibimiento estipulado en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, decretado en auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho; de ahí que este órgano jurisdiccional resuelva el presente asunto en los términos precisados en párrafos anteriores. En las relacionadas condiciones es evidente que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa IV, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo. Así, resulta innecesario analizar la diversa causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable pues en nada cambiaría el sentido del fallo. Asimismo, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no procede analizar los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. QUINTO. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 73, 74, 75, 119 y 124 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, contra el acto de las autoridades precisado en el considerando segundo, para los efectos expuestos en el último considerando de este fallo. SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió Isela Jayme Salas, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, con fundamento en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión de doce de julio de dos mil veintiuno, de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, como lo refiere el oficio CCJ/ST/2585/2021 del Secretario Técnico de la Citada Comisión; ante Norma Deyanira Aréchiga Carrillo Reyes, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. La licenciada Norma Deyanira Aréchiga Carrillo Reyes, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, hago constar que la presente foja corresponde a la parte final de la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil veintiuno, en autos del juicio de amparo 555/2021, y que en cumplimiento al oficio STCCNNO/1255/2018, de tres de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en esta fecha revisé y constaté personalmente la captura de los datos aquí contenidos, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Conste.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el informe justificado que rinde la Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional programada en autos, y en su lugar, se fijan de nueva cuenta las trece horas con catorce minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    PERS X LISTA A LA TERCERO INTERESADA SENTENCIA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.- SENTENCIA PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****, por conducto de su apoderado legal, *****, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas.

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