Rosario Ramiro Guerrero
Expediente 1334/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1334/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rosario Ramiro Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Puebla, Puebla, tres de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe testimonio de queja. Se agrega al expediente el oficio y anexo de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Mediante ese oficio, remite copia certificada de la ejecutoria emitida el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el recurso de queja Q-5/2023, interpuesto por la quejosa XXXXXXXXXXXXX, contra el proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en cuyo punto resolutivo establece: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por XXXXXXXX, en contra del auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, dictado por la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto 1334/2022-VI, de su índice, en el que se desechó de plano la demanda de amparo.". Además, devuelve la copia certificada del presente juicio que se remitió para la sustanciación del recurso. En consecuencia, glósese a este juicio el testimonio adjunto al oficio de cuenta y las copias certificadas devueltas, destrúyanse1 . 1 En el proceso de destrucción de expedientes de este juzgado, más próximo Asimismo, se ordena acusar recibo a la superioridad (vía interconexión) respecto de los anexos recibidos. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, veinte de enero de dos mil veintitrés. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; a través del cual comunica que, en acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por XXXXXX. El cual quedó radicado en el expediente 5/2023. De lo que este órgano judicial toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1334/2022. Puebla, Puebla, cinco de enero de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se agrega al expediente el ocurso de la quejosa ********, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios contra el acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Por otra parte, toda vez que en el punto segundo del capítulo de petitorios la quejosa solicita se remita el presente expediente, así como el escrito de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación; se provee: Informe de este juzgado. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se emitió un proveído, en el que fue desechada de plano la demanda de amparo por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin embargo, se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar al oficio que se dirija al tribunal colegiado, un legajo de copias certificadas de todo este juicio. Se ordena envío del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío de una copia certificada del recurso de queja, y las copias certificadas de este juicio para su resolución, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno. Ello implicará que el envío se haga por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, se instruye a la Oficial Judicial "A" responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que la superioridad esté en oportunidad de consultar este expediente de manera íntegra. Indicación a la actuaria. Se ordena a la actuaria encargada del presente asunto, que el oficio de remisión, copia certificada del recurso de queja, una copia de la misma, y las copias certificadas de este juicio, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1334/2022-IV. Desahogo de prevención. Se agrega al expediente el ocurso signado por la quejosa ****** por derecho propio, en el que da cumplimiento a la prevención formulada en el proveído inicial de este juicio, como sigue: 1. Manifiesta que no ha intervenido con el carácter de imputada, en la carpeta de investigación citada en la demanda; 2. Expresa que tampoco ha sido entrevistada por el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de marras; 3. Afirma haber sido citada a medios alternativos (sic), donde fueron sus abogados (sic) y estos le informaron sobre la existencia de la carpeta de investigación que precisó en la demanda; y 4. Exhibe una copia del acuse relativo al escrito que presentó en la carpeta de investigación citada en la demanda, para solicitar el estudio de la prescripción. Por tanto, se declara cumplida la prevención formulada en el citado proveído. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa y que aclaró con el escrito recibido en líneas anteriores, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que el único acto combatido en la demanda de protección, fue delimitado por la quejosa de la forma siguiente: ".la omisión de no dar (sic) respuesta a mi petición que por escrito de fecha veintinueve de agosto del año dos mil veintidós, presente (sic) a la Autoridad Responsable Agente del Ministerio Público en actuaciones de la carpeta de investigación *******, a través del cual solicite (sic) que estudiara de manera oficiosa que se encuentra prescrita la acción penal persecutoria ejercida en mi contra por la supuesta comisión de hechos constitutivos del delito de Fraude.". Sin embargo, esa omisión encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia, porque la quejosa no tiene reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, tampoco ha sido objeto del acto de molestia que le permitiría reclamar actos relacionados con esa carpeta, y no se encuentra detenida ante el fiscal encargado de la investigación. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis que se invoca enseguida. Tesis jurisprudencial 1a./J. 95/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que emergió de la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 2/2022-, de la Undécima Época, que se encuentra con registro digital 2025272, como sigue: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. HECHOS: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. JUSTIFICACIÓN. Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta en tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa. De la tesis jurisprudencial transcrita, se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclama la omisión de un agente del Ministerio Público de responderle un escrito mediante el cual pretende que se estudie la prescripción, cuando aquél no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la invocada tesis jurisprudencial, dado que esta determina que una persona tendrá derecho para acceder a la carpeta de investigación y solicitar respuestas a sus escritos, cuando sea objeto de un acto de molestia concreto. Ese acto de molestia puede ser: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente y encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Al presentarse cualquiera de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación, es decir, acceder a esta y por ende, presentar escritos en los que solicite copias o el estudio de la prescripción, por citar algunos ejemplos. Lo cual se entiende al revisar el contenido del artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales.3 Entonces, el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le responda escritos relacionados con los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la omisión o negativa del Ministerio Público, de responderle un escrito con el cual pretende tener acceso a la carpeta de investigación mediante el estudio de la prescripción, donde no ha sido llamada con el carácter de imputada y de la cual tampoco ha surgido un acto de molestia en su contra, se actualizará la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada. De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta o todavía no haya sido objeto de un acto de molestia y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría tener acceso a la carpeta, incluso para recabarle entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, tenemos una demanda signada por la quejosa en la cual pretende reclamar como único acto, el siguiente: ".la omisión de no dar (sic) respuesta a mi petición que por escrito de fecha veintinueve de agosto del año dos mil veintidós, presente (sic) a la Autoridad Responsable Agente del Ministerio Público en actuaciones de la carpeta de investigación *******, a través del cual solicite (sic) que estudiara de manera oficiosa que se encuentra prescrita la acción penal persecutoria ejercida en mi contra por la supuesta comisión de hechos constitutivos del delito de Fraude.". Pero el escrito aclaratorio que presentó la quejosa, informa lo siguiente: No ha intervenido con el carácter de imputada en la referida carpeta; Tampoco ha sido entrevistada por el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de marras; y Recibió una cita para medios alternativos (sic), fueron sus abogados (sic) y estos le informaron sobre la existencia de la mencionada carpeta. Lo anterior revela un escenario relevante para la falta de respuesta al escrito que presentó la quejosa: no tiene reconocido el carácter de imputada en la mencionada carpeta. Más aún, los antecedentes de la demanda y el escrito aclaratorio, tampoco revelan actos de molestia que se pretendan realizar o se hayan realizado a la fecha contra la quejosa, derivados de la referida carpeta. Entonces, si la quejosa no tiene reconocido el carácter de imputada en la carpeta mencionada y sólo existe la supuesta información de que se ubica en esa posición (de imputada), como se desprende del escrito aclaratorio, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar que la quejosa tenga reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, y la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra esta, determinan la actualización de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial invocada. Ello, porque no se ha generado el supuesto que permitiría a la quejosa instaurar el juicio de amparo indirecto: tener reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta o haber sido objeto de un acto de molestia, emitido en esta. Luego, es válido afirmar que a la fecha sólo existe una supuesta información de que la quejosa es imputada en la referida carpeta de investigación; y el hecho de que la autoridad ministerial tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de que la falta de respuesta a un escrito donde se pide el estudio de la prescripción, sea reclamada por un gobernado reconocido con el carácter de imputado o bien que sea objeto de un acto de molestia en la carpeta. Supuestos en los cuales no se encuentra la quejosa, conforme a su escrito aclaratorio. Incluso se advierte que ningún documento exhibió para demostrar actos de molestia dirigidos en su contra, o alguno que haya sido realizado con anterioridad a la presentación de la demanda, relacionados con la mencionada carpeta. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían a la quejosa, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramita la autoridad ministerial señalada como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente al acto delimitado en la demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que la quejosa no tiene reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como la quejosa sin tener reconocida la calidad de imputada, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para la quejosa, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se declara que la omisión combatida en la demanda, encuentra la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada, motivo por el cual procede aplicar la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Asimismo, es conveniente indicar que si en el futuro se llegara a reconocer a la quejosa el carácter de imputada, o bien se presentara alguno de los supuestos delimitados en la tesis jurisprudencial invocada, estará en condiciones de solicitar el estudio de la prescripción conforme a los datos de prueba de la carpeta de investigación. Pero de momento no tiene reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, tampoco está detenida ante el Ministerio Público que la tramita, no ha sido citada para recabarle entrevista ni se le ha dirigido un acto de molestia. Entonces, debe imponerse la causal de improcedencia examinada con antelación, respecto del único combatido en la demanda, por las razones expuestas. Lo anterior, en términos de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa, porque el acto que reclamó al fiscal señalado como responsable, encontró la causal examinada con antelación, con las características de indudable y manifiesta. Desechamiento que se apoya en los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en el inmueble que señaló como domicilio procesal); y cúmplase.
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