Rosario Mendoza Romero
Expediente 1982/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1982/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2019
Partes del expediente
- Rosario Mendoza Romero
Actuaciones
- Principal
4) La autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de quien la representa, realiza lo siguiente: 1. Rinde su informe justificado. 2. Adjunta copias certificadas de diversas constancias con las que justifica su informe. Acuerdo. Se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. *. B.- Terceros interesados. 1.- * 2.- * 3.- * C.- Autoridad responsable. 1. Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje. D.- Acto reclamado. 1. La omisión de dictar laudo en el expediente laboral *, del índice de la autoridad responsable. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable manifiesta y acredita que el 20 de noviembre de 2019 emitió la resolución en forma de laudo en el juicio laboral * de su índice. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues la parte quejosa señaló la omisión de dictar laudo en el expediente laboral *, del índice de la autoridad responsable. No pasa inadvertida la manifestación de la junta responsable, en el sentido de que la resolución en forma de laudo se encuentra pendiente de notificación a las partes, sin embargo, dicha actuación no fue señalada como acto reclamado destacado; máxime que el impetrante de amparo tendrá conocimiento de su contenido con la presente resolución. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las 12 horas del 19 de diciembre de 2019. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
- Principal
L. 3. El Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, remite copia certificada de la diligencia de 22 de noviembre de 2019, del expediente *** de la que se advierte que *** aceptó y protesto el cargo como albacea provisional a bienes de *** Emplazamiento del tercero interesado. Ahora bien, de líneas que antecedente se advierte que *** aceptó y protesto el cargo como albacea provisional a bienes del tercero interesado *** quien tiene su domicilio en *** Por tanto, se ordena el emplazamiento de la sucesión a bienes de *** *** Notifíquese; y personalmente a la sucesión a bienes del tercero interesado ***
- Principal
5) Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de 14 de noviembre de 2019, dictado en el recurso de revisión 2082/2019, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa; asimismo, solicita a este Juzgado de Distrito notifique el citado auto a las autoridades responsables; y una vez practicadas las mismas se le envíen las constancias respectivas. Se toma conocimiento de lo informado. Como lo solicita la Superioridad, se ordena notificar por oficio a las autoridades responsables el auto de 14 de noviembre de 2019, dictado en el recurso de revisión 2082/2019 de su índice, para tal efecto se adjunta copia del auto a notificar. Por tanto, una vez que obren las constancias de notificación respectivas, remítanse de inmediato al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para que obren como corresponda en el recurso de revisión 2082/2019.
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