Rosario Joffre Mastachi

Expediente 853/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
853/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Rosario Joffre Mastachi
  • ROSARIO JOFFRE MASTACHI y Otros.

Actuaciones

  1. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 853/2021, promovido por ... por propio derecho y en representación del menor de identidad protegida e iniciales ..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Segundo, ambos Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama la resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca 917/2021, por la Cuarta Familiar de la Ciudad de México que revocó la interlocutoria de dieciocho de mayo anterior, dictada en el incidente de pago retroactivo de pensión alimenticia derivado del expediente 641/2015 por el Juez Décimo Segundo Familiar de esta Ciudad; y en su lugar condenó a ... a pagar $4,604.37 (cuatro mil seiscientos cuatro pesos 37/100), por concepto de pensiones vencidas y adeudadas entre diciembre de dos mil diecinueve y agosto de dos mil veintiuno. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron sus informes previos, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Cuarta Sala y Juez Décimo Segundo, ambos Familiar de la Ciudad de México aceptaron la existencia de los actos reclamados. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. La accionante manifiesta bajo protesta de decir verdad que es parte material en el juicio de origen, como se corrobora de los informes rendidos, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando el acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. De ello se obtiene que la naturaleza del acto es un elemento que prima al estudiar la procedencia de la suspensión de amparo; pues la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, están supeditados a que las características intrínsecas del reclamo permitan que sea suspendible. Así al momento de resolver, debe atenderse a lo siguiente: 1. Expresamente la solicite el quejoso; 2. Haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. El acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; y, 5. Debe llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Al respecto se cita la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1376 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, registro 2011614, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA." El acto reclamado tiene una naturaleza negativa. Se afirma lo anterior, pues al promover la apelación la intención de la quejosa fue modificar lo determinado por el juez responsable en la interlocutoria de dieciocho de mayo del año que transcurre, donde se absolvió al tercero interesado de las prestaciones reclamadas en el incidente de pago retroactivo de pensión alimenticia. En tanto que la sentencia cuestionada revocó lo sentenciado en primera instancia, empero, únicamente condenó a pagar $4,604.37 (cuatro mil seiscientos cuatro pesos 37/100), por concepto de pensiones vencidas y no pagadas, es decir, no se reconoció el deber y/o monto peticionado por la accionante, en la extensión que esta pretendió. Al respecto, se cita la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2347, Décima Época, Materia Común, número de registro 2007358, intitulada: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." No pasa inadvertido para el suscrito el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, la lectura de dicho precedente no ha de ser en el sentido unívoco de que la naturaleza deja de ser un elemento a apreciar en la valoración de la procedencia de la providencia cautelar de amparo, o que en automático sirva para definir su otorgamiento o negación; sino que se tiene que ponderar a la luz de otros factores jurídicos como lo es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Lo anterior, como se aprecia del contenido de la referida jurisprudencia: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Siguiendo los parámetros de dicha jurisprudencia, un análisis sobre la apariencia del buen derecho, hace inviable otorgar la medida cautelar. Ello es así, porque lo anterior implica necesariamente que el estudio superficial del acto ponga de manifiesto que pesa una alta probabilidad de ser declarado contrario a la Constitución. Esto es, para que opere la apariencia del buen derecho, es necesario que la irregularidad del acto reclamado sea perceptible aun con un simple conocimiento somero de su contenido. Situación que en el presente caso no ocurre, pues no puede soslayarse que se trata de una resolución de segunda instancia que combate una interlocutoria, donde el A quo absolvió de las prestaciones reclamadas a la parte contraria de la aquí quejosa. En el fallo reclamado se revisaron a detalle planillas de liquidación, se analizaron diversos antecedentes del proceso, se estudió el alcance de los deberes parentales, el desarrollo de la obligación impuesta conforme a las posibilidades declaradas y comprobadas de las partes, así como la procedencia de la condena solicitada sobre la demostración de los presupuestos necesarios para condenar al demandado. De ahí que las irregularidades de las que pudiera adolecer el acto reclamado, no podrían ser consideradas notorias o perceptibles mediante un estudio superficial de su contenido; para ello se requeriría un análisis más profundo y detallado sobre las cuestiones para determinar si es o no una decisión que violenta los parámetros de la Constitución Federal; situación que dista de satisfacer la condición de superficialidad que impone la apariencia del buen derecho. Al respecto, se invoca la jurisprudencia I.8o.C.5 K (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, en Materia(s): Común, Página: 1956, que dispone: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LÍMITES EN EL ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El examen que para los efectos de la suspensión se efectúe en relación con la denominada apariencia del buen derecho, al que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo, debe reducirse a establecer si a primera impresión es o no inconstitucional el acto de que se trate. Por lo mismo, no puede llegarse al extremo de exigir que el análisis de esa cuestión se haga desde todos los puntos de vista posibles, hasta agotar el estudio de los argumentos en pro y en contra, para llegar a una conclusión pues, de ser así, se estaría ya no en el caso de una mera apariencia o probabilidad, sino de fijar con certeza el carácter constitucional o inconstitucional del acto, lo que sólo puede ser materia de la sentencia de fondo." Así, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, no es posible vislumbrar conforme a la apariencia del buen derecho, la afectación a las prerrogativas sustantivas de la quejosa, pues la existencia de una respuesta de la autoridad con razones dadas en ejercicio de su jurisdicción (sin prejuzgar sobre su viabilidad), generan un escenario que dista de poner de manifiesto la existencia de una irregularidad sólo con una mirada superficial al caso. Por tanto, al analizar los requisitos mencionados, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, dada la naturaleza del acto reclamado, y respecto de la cual no es posible acoger una apariencia del buen derecho para la quejosa. Y es así, porque en la especie, otorgar la medida implicaría desconocer la respuesta que ya le dio la sala responsable a la quejosa, lo que iría en contra del 131 y además de conceder la suspensión importaría una nulificación del decreto de la alzada y un efecto restiturio propio de la sentencia. Debe considerarse que en la contradicción de tesis 255/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "66. De lo dicho se aprecia que la suspensión, produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria." De ahí que resulte inviable conceder la medida suspensional para el efecto solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ... por propio derecho y en representación del menor de identidad protegida de iniciales ..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Segundo, ambos Familiar de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Visto lo de cuenta, como se ordena en el cuaderno principal, con la copia certificada del proveído de esta fecha y reproducción simple de la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho y en representación del menor de identidad protegida de iniciales ..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Segundo, ambos Familiar de la Ciudad de México; fórmese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 853/2021. PRIMERO. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, para lo cual se ordena remitirles copia de la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca 917/2021, por la Cuarta Familiar de la Ciudad de México que revocó la interlocutoria de dieciocho de mayo anterior, dictada en el incidente de pago retroactivo de pensión alimenticia derivado del expediente 641/2015 del índice del Juez Décimo Segundo Familiar de esta Ciudad; y en su lugar condenó a ... a pagar $4,604.37 (cuatro mil seiscientos cuatro pesos 37/100), por concepto de pensiones vencidas y adeudadas entre diciembre de dos mil diecinueve y agosto de dos mil veintiuno. TERCERO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO La quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que es parte material en el juicio de origen, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. CUARTO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. De ello se obtiene que la naturaleza del acto es un elemento que prima al estudiar la procedencia de la suspensión de amparo; pues la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, están supeditados a que las características intrínsecas del reclamo permitan que sea suspendible. Así al momento de resolver, debe atenderse a lo siguiente: 1. Expresamente la solicite el quejoso; 2. Haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. El acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; y, 5. Debe llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Al respecto se cita la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1376 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, registro 2011614, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA." En el presente, el acto reclamado tiene una naturaleza negativa. Se afirma lo anterior, pues al promover la apelación la intención de la quejosa fue modificar lo determinado por el juez responsable en la interlocutoria de dieciocho de mayo del año que transcurre, donde se absolvió al tercero interesado de las prestaciones reclamadas en el incidente de pago retroactivo de pensión alimenticia. En tanto que el acto reclamado revocó lo sentenciado en primera instancia, empero, únicamente condenó a pagar $4,604.37 (cuatro mil seiscientos cuatro pesos 37/100), por concepto de pensiones vencidas y no pagadas, es decir, no se reconoció el deber y/o monto peticionado por la accionante, en la extensión que esta pretendió. Al respecto, se cita la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2347, Décima Época, Materia Común, número de registro 2007358, intitulada: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." No pasa inadvertido para el suscrito el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, la lectura de dicho precedente no ha de ser en el sentido unívoco de que la naturaleza deja de ser un elemento a apreciar en la valoración de la procedencia de la providencia cautelar de amparo, o que en automático sirva para definir su otorgamiento o negación; sino que se tiene que ponderar a la luz de otros factores jurídicos como lo es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Lo anterior, como se aprecia del contenido de la referida jurisprudencia: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Siguiendo los parámetros de dicho criterio de jurisprudencia, un análisis sobre la apariencia del buen derecho, hace inviable otorgar la medida cautelar. Ello es así, porque lo anterior implica necesariamente que el estudio superficial del acto ponga de manifiesto que pesa una alta probabilidad de ser declarado contrario a la Constitución. Esto es, para que opere la apariencia del buen derecho, es necesario que la irregularidad del acto reclamado sea perceptible aun con un simple conocimiento somero de su contenido. Situación que en el presente caso no ocurre, pues no puede soslayarse que se trata de una resolución de segunda instancia que combate una interlocutoria, donde el A quo absolvió de las prestaciones reclamadas a la parte contraria de la aquí quejosa. En el fallo reclamado se revisaron a detalle planillas de liquidación, se analizaron diversos antecedentes del proceso, se estudió el alcance de los deberes parentales, el desarrollo de la obligación impuesta conforme a las posibilidades declaradas y comprobadas de las partes, así como la procedencia de la condena solicitada sobre la demostración de los presupuestos necesarios para condenar al demandado. De ahí que las irregularidades de las que pudiera adolecer el acto reclamado, no podrían ser consideradas notorias o perceptibles mediante un estudio superficial de su contenido; para ello se requeriría un análisis más profundo y detallado sobre las cuestiones para determinar si es o no una decisión que violenta los parámetros de la Constitución Federal; situación que dista de satisfacer la condición de superficialidad que impone la apariencia del buen derecho. Al respecto, se invoca la jurisprudencia I.8o.C.5 K (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, en Materia(s): Común, Página: 1956, que dispone: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LÍMITES EN EL ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El examen que para los efectos de la suspensión se efectúe en relación con la denominada apariencia del buen derecho, al que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo, debe reducirse a establecer si a primera impresión es o no inconstitucional el acto de que se trate. Por lo mismo, no puede llegarse al extremo de exigir que el análisis de esa cuestión se haga desde todos los puntos de vista posibles, hasta agotar el estudio de los argumentos en pro y en contra, para llegar a una conclusión pues, de ser así, se estaría ya no en el caso de una mera apariencia o probabilidad, sino de fijar con certeza el carácter constitucional o inconstitucional del acto, lo que sólo puede ser materia de la sentencia de fondo." Así, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, no es posible vislumbrar conforme a la apariencia del buen derecho, la afectación a las prerrogativas sustantivas de la quejosa, pues la existencia de una respuesta de la autoridad con razones dadas en ejercicio de su jurisdicción (sin prejuzgar sobre su viabilidad), generan un escenario que dista de poner de manifiesto la existencia de una irregularidad sólo con una mirada superficial al caso. Por tanto, al analizar los requisitos mencionados, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, dada la naturaleza del acto reclamado, y respecto de la cual no es posible acoger una apariencia del buen derecho para la quejosa. Y es así, porque en la especie, otorgar la medida implicaría desconocer la respuesta que ya le dio la sala responsable a la quejosa, lo que iría en contra del 131 y además de conceder la suspensión importaría una nulificación del decreto de la alzada y un efecto restiturio propio de la sentencia. Debe considerarse que en la contradicción de tesis 255/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "66. De lo dicho se aprecia que la suspensión, produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria." De ahí que resulte inviable conceder la medida suspensional para el efecto solicitado. QUINTO. DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga lugar la audiencia incidental; fecha que se fija con apoyo en lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE ACUMULA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 853/2021 AL DIVERSO 816/2021, AMBOS JUZGADO.

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