Rosario Isabel Benítez Flores

Expediente 494/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
494/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
15/09/2015

Partes del expediente

  • Rosario Isabel Benítez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, quince de septiembre de dos mil quince. Se tiene recibido el oficio 5535-C, firmado por la Actuaria adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, del que se desprende que acusa recibo del oficio 50603/2015, al que se anexó el juicio de amparo 494/2015, enviados por este Órgano Jurisdiccional, en virtud de lo ordenado en ejecutoria de veintisiete de agosto del año en curso, dictada en el expediente de queja 81/2015 y se avoca al conocimiento de la demanda que motivó el referido juicio constitucional, en la vía directa. En consecuencia, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el presente cuaderno de antecedentes, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, ocho de septiembre de dos mil quince. Téngase recibido el oficio 3425-A, suscrito por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite copia certificada de la resolución de veintisiete de agosto del año en curso, pronunciada en el recurso de queja civil 81/2015, interpuesta por el quejoso Rosario Isabel Benítez Flores, en contra del auto de treinta de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 494/2015. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, glósense todas las actuaciones recibidas y tramitadas en el cuaderno de antecedentes, con exclusión de las copias que se obtuvieron para formar el citado cuaderno y, acúsese recibo de estilo. De la citada ejecutoria se desprende, lo siguiente: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por Rosario Isabel Benítez Flores, en contra del auto de treinta de junio del año en curso, dictado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 494/2015. SEGUNDO. Se revoca el acuerdo impugnado. TERCERO. Se ordena que la demanda de amparo se tramite en la vía directa, en términos de los que al efecto establecen las disposiciones conducentes." Ahora bien, de la citada resolución se desprende: ".si en el caso la parte quejosa reclamó la sentencia pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia de la Familiar de este Distrito Judicial de Mazatlán, en el juicio especial de divorcio 2050/2014; se estima, se insiste, que el Juez de Distrito no era competente para conocer de la demanda de amparo indirecto que en su contra se promovió, por encuadrar el acto reclamado en el supuesto que prevé el artículo 170 de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal, como en el caso acontece." Por tanto, tal como se aprecia de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, el conocimiento del presente asunto resulta competencia del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con asiento en esta ciudad, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado consistente en la sentencia emitida por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, el ocho de junio de dos mil quince, en el expediente familiar 2050/2014, por tanto en términos de lo dispuesto por las citadas disposiciones legales, la demanda de referencia es materia de amparo directo. En vista de lo anterior, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 494/2015, por lo que en su oportunidad remítase al Tribunal Colegiado en mención, la demanda, para los efectos del artículo 47 de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 6/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 17, abril de dos mil quince, De igual modo, considerando el volumen de las constancias y para facilitar el manejo del presente expediente, fórmese por separado el tomo I de pruebas, el cual se deja a disposición de las partes para su consulta. I, página 95, registro 2008791, de cuyo rubro y textos siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, siete de julio de dos mil quince. Téngase por recibido el escrito firmado por la quejosa Rosario Isabel Benítez Flores, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de treinta de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 100 de la Ley de Amparo, como lo solicita el ocursante, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, el presente juicio de amparo 494/2015; así como el original y copia del escrito de queja, para la substanciación del recurso hecho valer. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, treinta de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Rosario Isabel Benítez Flores. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se advierte que la promovente Rosario Isabel Benítez Flores, reclama lo siguiente: "La resolución consistente en la sentencia de ocho de Junio del año en curso, por la que se declara disuelto el vínculo matrimonial de la quejosa con violación a las formalidades esenciales del procedimiento, dictada en el juicio de tramitación especial de divorcio, seguido bajo el expediente familiar número 2050/2014, del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar de éste Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa." En el caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Por otra parte, los artículos 683, 684, 687, 689 y 695 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por su orden establecen: "Artículo 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme revoque o modifique la resolución impugnada. El tribunal de apelación suplirá la deficiencia de la expresión de agravios, tratándose de menores de edad o mayores incapacitados en cuestiones de orden familiar, cuando se advierta que ha habido en contra del apelante una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. No es susceptible la falta de agravios. Artículo 684. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. Artículo 687. La apelación debe interponerse por escrito ante el Juez que pronunció la resolución, dentro de ocho días si fuere sentencia definitiva, o dentro de cinco si fuere auto de interlocutoria. Artículo 689. Al interponerse la apelación se precisará la parte de la resolución que motiva la inconformidad, se designará domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia, y se expresarán los agravios que en concepto del apelante la irroga la resolución impugnada. Por expresión de agravios se entienden los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una misma o por una interpretación inexacta de ella. Artículo 695. La admisión de la apelación en ambos efectos procederá: fracción II. En contra de la sentencias definitivas, salvo lo que en casos especiales disponga la ley: ." En el caso, la demanda de amparo interpuesta por Rosario Isabel Benítez Flores, es improcedente de conformidad con los artículos 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo siguiente: De los antecedentes del acto reclamado se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia de ocho de junio de dos mil quince, en el expediente 2050/2014, del índice administrativo del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familia de esta ciudad. Así, la interpretación armónica de los dispositivos transcritos, se aprecia que el acto que por esta vía se combate consistente en la sentencia de ocho de junio de dos mil quince, pronunciada en el expediente 2050/2014, donde es parte la aquí quejosa, es una resolución que es recurrible mediante el recurso de apelación que establece el artículo 687 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la sentencia impugnada, por ende, previamente a la interposición del juicio de amparo, la promovente debió impugnar el acto reclamado agotando el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, previamente al promover el presente juicio, se tuvo que haber interpuesto el citado recurso. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 649, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de cuyo rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTARLOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Si bien en términos de los artículos 430 y 432 del Código de Procedimientos Civiles, sólo son apelables los autos que recaigan en asuntos cuyo valor exceda de cincuenta días de salario mínimo vigente en la región o cuyo valor no sea susceptible de valuarse en dinero; sin embargo, el numeral 416 de la propia ley, prevé que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, en cuyas condiciones, si el agraviado no agotó el recurso de revocación, dejando así satisfecho el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Encuentra apoyo lo anterior, la tesis visible en la página 636, Tomo VI, Segunda Parte-2, Octava Época; asimismo, en la Jurisprudencia número 986, consultable en la página 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 1995; de cuyos rubros y textos siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades responsables." "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, de lo anterior se advierte, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y con apoyo en el diverso 113 de la misma Ley, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto, en términos de la parte inicial del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Héctor Mariano Ortíz; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Cristal Antonieta y Betzabeth de Jesús, ambas de apellidos Aquino Benítez. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.

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