Rosario Hernández Reséndiz

Expediente 699/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
699/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Rosario Hernández Reséndiz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.

  2. Principal

    Ciudad de México, a trece de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa, por medio del cual desahoga la prevención formulada en proveído de cinco del mes en curso. Ahora, de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se obtiene que la quejosa reclama lo siguiente: a) "LA ORDEN DE APREHENSIÓN, DE PRESENTACIÓN, DETENCIÓN, ORDEN PARA QUE LA QUEJOSA ABANDONE MI DOMICILIO, CUALQUIER MEDIDA PROVISIONAL Y CUALQUIER MEDIDA DE APREMIO DICTADA EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CI-FAO/AO-2/UI-3S/D/02097/07-2019"; y b) ".el 'APERCIBIMIENTO...URGENTE', que fue notificado en el domicilio particular de la Quejosa el día 25 (veinticinco) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve)". Respecto de los cuales, este juzgado considera actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". El artículo 5°, fracción I, de la legislación de la materia, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza de los actos que nos ocupan, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular, de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Así, se considera que en el caso se actualiza la causal invocada respecto de los actos indicados en el inciso a), porque de los antecedentes que precisó la quejosa en el escrito aclaratorio, se obtiene que los mismos los hace derivar de que la autoridad responsable ha omitido llamarla para intervenir en dicha carpeta, por lo que tiene "temor fundado" de que pueda emitirlos. Bajo esas consideraciones, en el caso, es inconcuso que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la peticionaria de amparo, al no existir agravio alguno, pues no existen hechos o razones que permitan inferir que el agente responsable haya emitido tales actos. En el entendido que dichos actos, al menos acorde con el planteamiento de la demanda y escrito aclaratorio, no pueden considerarse futuros e inminentes para la procedencia del juicio. Lo anterior es así, porque el Máximo Tribunal de justicia del país determinó que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el agravio que los actos reclamados causen a la parte quejosa deben ser actuales, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causarán dicha afectación. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º de la ley de la materia, condiciona su promoción a que los actos reclamados perjudiquen a la parte quejosa. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda y del ocurso de desahogo no se infiere la inminencia de tales actos, es evidente que no existe el agravio que refiere la amparista y, por ende, no le causa perjuicio alguno. Por otra parte, se afirma que en relación con el acto reclamado señalado en el inciso b), se actualiza la causal invocada, porque el apercibimiento con que se le conminó no fue precisó, ni concreto, pues en el mismo se estableció: ".MOTIVO POR EL CUAL SE LE APERCIBE A EFECTO DE QUE SE PROHIBE REALIZAR CONDUCTAS DE INTIMIDACION O MOLESTIA A LA VICTIMA U OFENDIDO MANUEL HERNANDEZ RESENDIZ Y/O A PERSONAS RELACIONADOS CON ELLOS. NO SE OMITE MANIFESTAR QUE PARA EL CASO DE QUE INCUMPLA EL APERCIBIMIENTO ORDENADO SE LE IMPONDRA UNA MEDIDA DE APREMIO DE LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 104 DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.". En efecto, el apercibimiento fue decretado en forma genérica, al no especificar cuál o cuáles de los medios de apremio le serían impuestos en caso de desacato, por lo que el mismo no le ocasiona perjuicio alguno. Es aplicable, dado que no se opone a la ley de la materia vigente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del alto tribunal de justicia del país, localizable en la página 3763 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 2, Amparo contra leyes Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Procedencia del amparo indirecto contra leyes, cuyo rubro y texto establecen: "MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de una disposición que establece medidas de apremio de que el juzgador puede hacer uso para que se cumplan sus determinaciones, y de la resolución que se señala como acto de aplicación se advierte que sólo contiene un requerimiento en el que de manera genérica y no específica se indica que, de no darse cumplimiento a lo ordenado en el proveído respectivo, se hará uso de las medidas de apremio a que se refiere la norma reclamada, de ello se deduce que no se ha actualizado, en perjuicio del requerido, alguna de las hipótesis previstas por el precepto legal, por lo que ninguna afectación ocasiona a su interés jurídico y, en tales condiciones, al operar la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en términos del artículo 74, fracción III, del propio ordenamiento legal". Con la precisión que, para el caso de que se impusiera alguna de medida de apremio a la quejosa derivada de su incumplimiento, tiene a salvo su derecho para controvertir tal decisión, que sería la que le ocasionaría una afectación real y actual a su esfera jurídica. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos.

  3. Principal

    Ciudad de México, a cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Rosario Hernández Resendiz, contra actos del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Álvaro Obregón, Agencia Investigadora AO-2, Unidad de Investigación 3 Sin Detenido, Tercer Turno de esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 699/2019. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda y, si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la amparista esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase a la promovente de amparo para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, subsane la irregularidad en que incurrió, esto es, deberá: 1. Precisar si además del acto que indica en el capítulo respectivo consistente en: ".el 'APERCIBIMIENTO...URGENTE' que fue notificado en el domicilio particular de la Quejosa el día 25 (veinticinco) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve).", también es su deseo señalar como actos reclamados ".ORDEN DE APREHENSIÓN, DE PRESENTACIÓN, DETENCIÓN, ORDEN PARA QUE LA QUEJOSA ABANDONE MI DOMICILIO.", que refiere en diverso apartado de su escrito de demanda. Aspecto que es necesario aclare, ya que la autoridad señalada como responsable, al rendir su informe justificado, debe pronunciarse respecto del acto o actos en los términos en que se le reclaman, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio, en términos del artículo 117 de la ley reglamentaria, lo que no acontecería si dicho acto no es claro y preciso. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional que si bien, la demanda de amparo debe ser analizada como un todo, lo cierto es que el acto que se analice debe precisarse con claridad, pues sin pretender obviar la causa de pedir, resulta en este momento legalmente imposible admitir a trámite la demanda planteada por la parte quejosa. En efecto, la causa de pedir no puede llegar al extremo de tener como acto reclamado el que no fue propuesto por el promovente del amparo; tampoco puede acusarse una denegación de justicia, pues no es que se esté rehusando a dar trámite a una demanda de amparo, sino que se está ante una obscuridad que no permite divisar lo que la impetrante quiere acusar; considerar lo contrario, podría llevar al extremo de conjeturar en relación con los señalamientos, que se traducen en el acto reclamado. Sin que se soslaye que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el precepto 79 de la Ley de Amparo, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la parte quejosa señaló, como lo es la indicación del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". 2. Para el caso de que señale como actos reclamados las órdenes que indica, mediante escrito y bajo protesta de decir verdad, deberá precisar los motivos por los que considera que la agente responsable emitió tales órdenes, pues de los antecedentes que proporciona y del anexo que adjuntó a su escrito de demanda, sólo se obtiene que se le notificó la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia. Para ello, se considera necesario que realice una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo que resultan relevantes para conocer la verdad legal, pues dados los términos en que se encuentra redactada la demanda, no se cuenta con mayores elementos para acordar lo que en derecho corresponda. Y es que para la admisión de la demanda de amparo indirecto, es necesario que se reúnan los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, entre los que se encuentra el precisado en la fracción V, que dice: "...Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación...". Sirve de apoyo además, la tesis aislada emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, del rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo la justiciable, no así sus autorizados, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Con la precisión de que al desahogar dicho requerimiento deberá exhibir tantas copias sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes, en términos del numeral 110 de la ley reglamentaria citada. Apercibida que de no cumplir, se proveerá únicamente respecto del acto que no fue materia de la presente prevención. En otro contexto, como se solicita, todas las notificaciones deberán realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud que se señalaron para tal efecto los estrados. Asimismo, téngase por autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de que pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. De conformidad con el precepto 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, como lo prevé el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo.

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