Rosario Guadalupe Ruiz Camargo
Expediente 649/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rosario Guadalupe Ruiz Camargo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
PRIMERO:- La justicia de la unión ampara y protege a la parte quejosa ROSARIO GUADALUPE RUIZ CAMARGO.- SEGUNDO:- como se determinó en el considerando sétimo de esta resolución públiquese integramente la presente sentencia, así como el nombre y datos personales de la parte impetrante. En Los Mochis, Sinaloa, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, el licenciado José Francisco Pérez Mier, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, quien actúa en unión de Armando Silva Hernández, secretario que autoriza y da, procedió a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 649/2019-6A, sin la asistencia personal de las partes. A continuación, el secretario efectúa relación de las constancias de autos y se hace constar que no existen promociones pendientes de acordar y que obra en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Secretario acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación respecto de lo señalado en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, hágase saber al personal correspondiente que la sentencia deberá publicarse con la inclusión de los datos personales de la parte agraviada conforme a la ley invocada. No habiendo pruebas pendientes de desahogo, se pasa al periodo de alegatos, donde se hace constar que no fueron formulados por las partes y sin pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, procede dictar la siguiente resolución: El Juez. Lic. José Francisco Pérez Mier. El Secretario. Armando Silva Hernández. Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 649/2019-6A, promovido por ROSARIO GUADALUPE RUIZ CAMARGO, en contra de los actos y la autoridad que más adelante se hará referencia, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal Federal, mismo que fue recibido en la oficialía de partes de este juzgado, en la misma fecha, en el que compareció ROSARIO GUADALUPE RUIZ CAMARGO, a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el cual hizo consistir en: "La negativa a otorgarme mi derecho constitucional de gozar al derecho de petición, siendo esto dentro del Expediente J.E.No. 155/2015, al no dar cumplimiento con la obligación de recaer un acuerdo a la solicitud hecha por escrito de manera pacífica y respetuosa presentada el día 24 de mayo del año 2019 y haber transcurrido más de 143 sin que haya realizado el acuerdo correspondiente a dicha solicitud cuando constitucionalmente tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionado." SEGUNDO. En proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, previa prevención hecha a la parte quejosa, se admitió la demanda de garantías, registrándose bajo el número 649/2019-6A, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer del presente asunto de conformidad con los artículos 103 fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. La autoridad responsable: 1 Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. Ciudad. Al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado (fojas 49 a 51); sin embargo, en dicho informe la referida autoridad argumentó que de la secuela del expediente laboral J.E.No.2-03-155/2015, se desprende lo siguiente: a).- Que en virtud del cúmulo de trabajo que existe en la oficialía de partes de ese Tribunal, por un error involuntario se extravió el escrito de promoción del cual el quejoso se adolece la falta de acuerdo; b).- Que en constancia del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la Licenciada Minerva Alicia Armenta Valenzuela, Jefe de Archivo y correspondencia de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el cual manifestó haber revisado el libro de Gobierno de registro de promociones, presentadas ante esa Junta, se certificó e hizo constar de la existencia del escrito de promoción número 826, que corresponde al presentado el actor Rosario Guadalupe Ruiz Camargo el veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, misma que a fecha del informe se encontraba extraviada. c).- Que como consecuencia de la referida constancia recayó el auto del cinco de noviembre del dos mil diecinueve, en el cual con fundamento en los artículos 735 y 738 de la Ley Federal del Trabajo se concedió a la parte actora un término de tres días a fin de que exhibiera e hiciera entrega del acuse original del escrito de promoción de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, que obra en su poder, con el ánimo de no retrasar la administración de justicia y estar en posibilidades de acordar a la petición hecha de su parte. d).- Que el auto del cinco de noviembre del dos mil diecinueve, que se menciona en el párrafo anterior, fue notificado a la parte actora el catorce de noviembre del dos mil diecinueve, y a la fecha del informe estaba en espera de la respuesta a lo solicitado a la parte actora. Documental pública que reviste valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al numeral 2°, de ésta. Sustenta lo considerado, en lo conducente, la tesis 749, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2011, con el registro 1002815, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la tesis número XX. 303 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 227, tomo XV de enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él." TERCERO. Por ser de estudio preferente en el juicio de amparo, y de orden público, en el caso se analizará si se actualiza alguna causal de improcedencia por así disponerlo expresamente el artículo 62, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito localizable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que a la letra, títu "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". No se advierte ninguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ni las partes señalan que se actualice alguna, como lo prevé el artículo 62, de la Ley de Amparo, por lo que se procederá al estudio de los motivos de disenso formulados por el impetrante de garantías. CUARTO. En sus conceptos de violación el promovente argumenta que los actos reclamados violan en su perjuicio, derechos previstos en el artículo 8° constitucionales que invoca, por los razonamientos que se tienen por reproducidos en este apartado para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, atento a la jurisprudencia por contradicción de tesis consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son fundados los conceptos de violación. En efecto, el agraviado reclama del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, la omisión de dictar el acuerdo a la solicitud mediante escrito presentado en el juicio laboral J.E.No. 155/2015, promovido por Rosario Guadalupe Ruiz Camargo, contra Omar Orlando Sandoval López, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. En ese sentido cabe recordar que la junta responsable en su informe justificado, precisó que de la secuela del expediente laboral J.E.No.2-03-155/2015, se obtenía que: a).- Que en virtud del cúmulo de trabajo que existe en la oficialía de partes de ese Tribunal, por un error involuntario se extravió el escrito de promoción del cual el quejoso se adolece la falta de acuerdo; b).- Que en constancia del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la Licenciada Minerva Alicia Armenta Valenzuela, Jefe de Archivo y correspondencia de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el cual manifestó haber revisado el libro de Gobierno de registro de promociones, presentadas ante esa Junta, se certificó e hizo constar de la existencia del escrito de promoción número 826, que corresponde al presentado el actor Rosario Guadalupe Ruiz Camargo el veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, misma que a fecha del informe se encontraba extraviada. c).- Que como consecuencia de la referida constancia recayó el auto del cinco de noviembre del dos mil diecinueve, en el cual con fundamento en los artículos 735 y 738 de la Ley Federal del Trabajo se concedió a la parte actora un término de tres días a fin de que exhibiera e hiciera entrega del acuse original del escrito de promoción de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, que obra en su poder, con el ánimo de no retrasar la administración de justicia y estar en posibilidades de acordar a la petición hecha de su parte. d).- Que el auto del cinco de noviembre del dos mil diecinueve, que se menciona en el párrafo anterior, fue notificado a la parte actora el catorce de noviembre del dos mil diecinueve, y a la fecha del informe estaba en espera de la respuesta a lo solicitado a la parte actora. En ese sentido este juzgado constata que al momento de solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, con el oficio 7478/2019, de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve le fue entregada copia de la promoción dirigido a la autoridad responsable con acuse de recibido del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve y además con el oficio 8860/2019, de nueve de diciembre de dos mil once le fue entregada copia certificada de la promoción en cita, de modo que a la fecha ya tiene conocimiento de lo solicitad por la parte quejosa en el procedimiento laboral de que deriva el presente asunto. Así, lo que se constata es que la autoridad responsable ha sido en emitir el acuerdo recaído a la promoción presentada por la aquí quejosa, dentro del juicio laboral mencionado con anterioridad, y de la cual ya tiene conocimiento debido a que este propio órgano Jurisdiccional le ha remitido copia de la misma, y con su actuar omisivo, vulnera en perjuicio del peticionario lo plasmado en el artículo 8º, Constitucional, en virtud de que es necesario y obligatorio que la autoridad responsable se pronuncie con motivo de las peticiones formuladas por la quejoso y se le haga saber el contenido del mismo, a fin de cumplir con la garantía consagrada por el citado artículo 8º constitucional. El numeral mencionado dispone: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En consonancia con el contenido del numeral transcrito, resulta incontrovertible que la autoridad responsable en primer lugar desde el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, y luego a partir de la fecha en que recibió diversos oficio de este órgano Jurisdiccional tiene conocimiento de la solicitud de la quejosa y así, transgrede el precepto en mención, pues en tratándose del derecho de petición, pueden destacarse dos vertientes que sin excusa deben acatar la autoridad, a saber: a). Dictar el acuerdo correspondiente y. b). Que se comunique en breve término ese proveído a los interesados conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Por tanto, no puede considerarse satisfecha la exigencia constitucional de referencia, cuando como en el caso, la autoridad responsable en cita no ha cumplido con ninguno de los elementos señalados, además de que al rendir su informe justificado manifestó por una parte que no era cierto el acto reclamado en el presente juicio de garantías; y por otra, admite haber extraviado la promoción presentada por la quejosa; si embargo a la fecha ya tiene conocimiento de la solicitud de la parte quejosa, esto es, dicha autoridad responsable no ha dado respuesta a la petición formulada por la quejosa, y por consiguiente, tampoco se patentiza que hubiere notificado el mismo, luego, con la actuación omisa de emitir el acuerdo en el juicio laboral, y la falta de notificación del mismo, la autoridad responsable transgrede en perjuicio del quejoso lo dispuesto en el artículo 8º Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 127, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 87, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, que literalmente expresa: " PETICION, DERECHO DE. ACUERDO POR ESCRITO. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud, sin que valga el argumento de que el cúmulo de solicitudes similares impide que puedan resolverse todos los casos con la prontitud que los interesados desean, pues, ante esta situación, la oficina respectiva debe proveer a la solución de la falta de personal adecuado, de manera que su función administrativa se cumpla con toda eficacia". Por identidad jurídica sustancial, es aplicable también al caso, la tesis Jurisprudencial número 77, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, cuyo rubro y contenido son: "PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación". En consecuencia, al hacerse manifiesta la violación al artículo 8º constitucional que consagra el derecho de petición que todo gobernado tiene, lo procedente es con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, conceder el amparo y la protección de la justicia Federal. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo, para el efecto de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad: 1). Dicte el acuerdo correspondiente que recaiga a la promoción presentada por la quejosa ROSARIO GUADALUPE RUIZ CAMARGO, el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en el juicio laboral J.E.No. 155/2015. SÉPTIMO. Por último, de autos se advierte que la parte quejosa, no manifestó su inconformidad para que se publiquen sus datos personales en relación con terceros, de conformidad con los artículos 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 1°, 3, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, y del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; por tanto, publíquese íntegramente la sentencia dictada en el presente asunto, así como el nombre y demás datos personales del parte impetrante de garantías. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la Unión ampara y protege a ROSARIO GUADALUPE RUIZ CAMARGO, respecto del acto y por la autoridad precisada en el considerando segundo, para los efectos indicados en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. Como se determinó en el considerando séptimo de esta resolución, publíquese íntegramente la presente sentencia, así como el nombre y datos personales de la parte impetrante de garantías. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firmó el licenciado José Francisco Pérez Mier, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el Licenciado Armando Silva Hernández, Secretario que autoriza y da fe. Hasta el día de hoy veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en que se terminó de engrosar la presente resolución, por así haberlo permitido las labores de este juzgado Doy fe.
- Principal
Se agrega el oficio enviado por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en atención a lo anterior, se remite la copia certificada del escrito de promoción de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda.
- Principal
Se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.
- Principal
Se agrega informe justificado, dese vista con su contenido a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, sin perjuicio de que sea tomada en consideración en su momento procesal oportuno.
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