Rosario Guadalupe Orozco Castro
Expediente 830/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/08/2023
Partes del expediente
- Rosario Guadalupe Orozco Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d) del mismo ordenamiento legal, en contra del proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Ahora, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es conservable, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/mecs
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar definitiva, es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, atendiendo a la existencia del cuaderno original, en términos del artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. En otro orden, toda vez que dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa, la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 894532, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, valioso por la cantidad de $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos moneda nacional), a fin de que siguiera surtiendo efectos la medida cautelar concedida el ocho de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo provéase lo conducente en relación con su devolución. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 18 del Acuerdo de que se trata, dado que en este juicio se exhibieron documentos originales, se requiere a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles a recuperarlos d, bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en conformidad con los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; autorizadas mediante oficio CCJ/ST/2677/2023, de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/Mhp/nit*
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS: Tijuana, Baja California, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por el quejoso Rosario Guadalupe Orozco Castro y, atento a su solicitud, se le tiene revocando la autorización otorgada a Raúl Andrés Osuna Rivera. En otro contexto, se le tiene autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Leticia Castro Breña; asimismo, se tiene señalando domicilio, para oír y recibir notificaciones; asimismo, señalando cuenta de correo electrónico y número de teléfono, los que podrán ser agotados por las personas Actuarias adscritas a este Juzgado Federal siempre que se ordene una notificación personal dirigida a la parte quejosa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en conformidad con los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; autorizadas mediante oficio CCJ/ST/2677/2023, de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS: Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la copia del oficio firmado electrónicamente por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control y, lo ordenado en el cuaderno incidental, mediante el cual informa-en lo que aquí interesa- que el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, se dejó insubsistente la resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 643/2023 de su índice y previo debate entre las partes, impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, toda vez que hasta el momento no acreditó tener arraigo en esta ciudad, lo que actualizó la hipótesis prevista en la fracción I, del numeral 168, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el quejoso reclama la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en perjuicio de Rosario Guadalupe Orozco Castro en audiencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal 643/2023. En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. Lo anterior es así, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en perjuicio de Rosario Guadalupe Orozco Castro en audiencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal 643/2023; sin embargo, la autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, informó que el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 643/2023 de su índice y previo debate entre las partes, impuso como nueva medida cautelar la prisión preventiva justificada. En ese contexto, dado que posteriormente a la presentación de la demanda, se dejó insubsistente la resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 643/2023 del índice de la autoridad responsable y previo debate entre las partes, impuso como nueva medida cautelar la prisión preventiva justificada; es inconcuso que hubo un cambio de situación jurídica, por lo que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados sin afectar la nueva situación, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del once de agosto de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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