Rosario Gil Flores

Expediente 67/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 1 actuación registrada, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
67/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • Rosario Gil Flores

Actuaciones

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 67/2022-XII. ? Genérese el expediente electrónico e impreso, en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen.1 ? La parte quejosa solicitó la apertura del incidente de suspensión; sin embargo, no se atenderá su solicitud, por el sentido que se le dará al siguiente proveído. Juicio en línea Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o., de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos 1 De conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para tal efecto, se requiere desde este momento a las partes, para que, de ser el caso, en el acto de la notificación proporcionen un número telefónico o en su defecto algún correo electrónico en el cual este juzgado se encuentre en posibilidad de efectuar futuras notificaciones en el presente juicio y así estar en condiciones de cumplir a cabalidad con el imperativo del juicio en línea con la utilización de los medios electrónicos para tal fin. Desechamiento Ahora, del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que este juicio es improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. En primer término, es importante analizar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Apoya a lo expuesto, la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 67/2022-XII [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De lo transcrito se deducen tres reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del precepto 61 de la legislación de amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1) Que, en contra del acto reclamado proceda algún juicio o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que, dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; y, 3) Que, la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previsto para 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo, independientemente de que el acto reclamado sea considerado en sí mismo susceptible o no de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se promueva el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 67/2022-XII suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar el juicio o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En el caso que nos ocupa, el quejoso hace consistir los actos reclamados a las responsables en: La resolución administrativa de dos de diciembre del año dos mi veintiuno, la cual, entre otras cosas señala. "Con fecha 02 de Diciembre del año 2021, se dictó la resolución Administrativa y que entre otras cosas se señala: PRIMERO: Se encontró al infractor responsable de las infracciones que se le imputan al infringir los dispuesto por los art.129,.. que son los impuestos en materia de construcción, por lo que la suma arroja la cantidad total a pagar de $ 26, 811.52 (veintiséis mil ochocientos once pesos 53/100 moneda nacional). SEGUNDA: Una vez cubierta la sanción impuesta y realice los trámites correspondientes, se ordena dejar sin efectos el acta de inspección... Sin embargo se concede al infractor un término improrrogable de 15 quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, paraqué cubra la Multa que se impone en Ia misma ante la Autoridad Fiscal correspondiente de este municipio, conforme a lo establecido en el art. 43 del Reglamento del Sistema Municipal de Justicia Administrativa para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en el supuesto que el infractor no cubra la multa dentro del plazo señalado ante la autoridad fiscal correspondiente, remítasele copia certificada de la presente a la misma, para que mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución haga efectiva la sanción impuesta. TERCERA: Se hace del conocimiento que puede impugnar la presente resolución mediante el recurso de inconformidad, según lo estime pertinente en los plazos y términos establecidos en el artículo 71 y 73 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit." Ahora, los artículos 71 y 73, de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establecen: "ARTÍCULO 71.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o iniciar juicio ante la Sala Administrativa del Tribunal. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante la Sala Administrativa del Tribunal, dentro de los quince días siguientes a la presentación del desistimiento. 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ ARTÍCULO 73.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad administrativa que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los quince días siguientes al que surta efectos su notificación, y será resuelto por su superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga de una autoridad que no lo tenga o del titular de una dependencia, casos en los que el recurso será resuelto por el mismo.." De dichos preceptos se advierte que cualquier persona física o moral, pública o privada afectada por los actos o resoluciones definitivos de alguna autoridad administrativa o fiscal como al caso en concreto resultan ser la Juez Administrativa Municipal del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, Jefatura de Inspección, Verificación y Vigilancia del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y Dirección de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, podrá interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, y que el término para interponer dicho recurso será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del acto o resolución que se recurra, se tramitará por escrito, se acordará sobre su admisión, se admitirán o desecharán las pruebas ofertadas por las partes, y una vez desahogadas la autoridad emisora del acto emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándola al interesado, la cual, de ser desfavorable a la parte recurrente, podrá impugnarse mediante juicio que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit. Por tanto, si los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, se ubican en las hipótesis contempladas en los artículos 71, 73 y 74 antes transcritos, ya que tales actos pueden ser impugnados a través del recurso de inconformidad que se promueva ante las propias autoridades que emitieron el acto, ello es así, porque así lo prevé expresamente la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, por tanto, si la parte quejosa considera que, la resolución dictada 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 67/2022-XII por las autoridades aquí señaladas como responsables, originadoras del acto reclamado, afecta su derecho como particular, es evidente que antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar los medios de defensa que establecen las leyes ordinarias aplicables al acto o actos, lo que no ocurrió en el presente caso. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2005717, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.". Además, la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando proceda contra los actos reclamados algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando, conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Al respecto, el artículo 79 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 79.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso y la autoridad administrativa acuerde procedente la suspensión; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable.". En ese sentido, los artículos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establecen la figura de la suspensión del acto impugnado, mismos que disponen: "Artículo 139. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que, de llegar a consumarse, harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado instructor, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado instructor que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Si el promovente aportó el correo electrónico de la autoridad demandada, el magistrado instructor constatará su autenticidad y por ese medio comunicará la suspensión concedida, precisando que sus efectos se retrotraen a la fecha en que se concedió, aunque se notifique con posterioridad.". "Artículo 143. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión, puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado instructor que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 67/2022-XII mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en el caso de que éste obtuviere sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la que hubiere otorgado el actor.". De lo antes transcrito se advierte que tratándose del juicio contencioso administrativo, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establece en los numerales del 139 al 146, la figura de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, misma que aun cuando exige iguales requisitos que los previstos en los numerales 128, 132 y 135, todos de la Ley de Amparo vigente, para el mismo fin, esa otorga mayores beneficios, al tener efectos restitutorios la suspensión que se conceda; máxime que en tratándose del plazo que tiene la autoridad administrativa para el otorgamiento de la suspensión provisional, no se advierte que sea mayor al de la Ley de Amparo. Del examen comparativo de los citados preceptos, con los artículos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes, pero a diferencia de la Ley de la materia, aquella ley otorga efectos restitutorios a la suspensión que se conceda, cuando: 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ a) Se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos. b) Se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa; c) Que esos actos impidan al particular el acceso a su domicilio; y, d) Cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgar estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. De lo antes citado queda acreditado, que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 1945, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 2196, Tomo II del Apéndice de 2011, Novena Época, con registro electrónico 1003824, que establece: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 67/2022-XII surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados.". A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J19/2015, (10a), determinó que los conceptos jurídicos que se utilizan en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal y en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud"; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J19/2015, (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 783, libro XVII, tomo I, abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 67/2022-XII EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado.". Ahora, si bien es cierto que dicho criterio se refiere al procedimiento contencioso administrativo de la ley federal relativa y no a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit que aquí interesa; también es verídico que contiene una redacción similar a ésta, puesto que mientras aquélla en el artículo 28, fracción III, inciso b), refiere que el Magistrado instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, la ley citada en último término en los numerales 128 y 139 que dispone que el acuerdo sobre la admisión de la demanda se dictará a más tardar al día siguiente de su presentación, siendo que la suspensión podrá solicitarse en el escrito de demanda o en cualquier momento. Bajo esas circunstancias, es evidente que el acto reclamado a las autoridades administrativas originan la improcedencia del juicio de amparo, ya que debe ser impugnado en los términos de la ley que rige el acto reclamado, máxime que la misma, prevé la suspensión de los actos que se reclaman. Tiene aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).- Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 67/2022-XII acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo.". En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por la quejosa Rosario Gil Flores, por conducto de su apoderada legal, por su manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio del quejoso y autorizados Ahora, toda vez que del contenido de la demanda, se advierte que la parte quejosa no señaló en el lugar de residencia de este juzgado un domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, indicó el correo electrónico liccarlosagarcia@gmail.com, y el número telefónico 311 230 6504 proporcionado por la parte quejosa para esos efectos, por tanto, se tiene dicho medio para recibir notificaciones procesales. Asimismo, por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Alfonso García Rodríguez toda vez que de 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que cuenta con cédula profesional debidamente registrada. Mientras que respecto a Ashli Jarumy Salazar Virgen, Emma Beatriz Romero García y Kimberly Denisse García Ríos solo se les tiene por autorizados en términos del artículo 24 de la ley de la materia, por no contar con dicho requisito. Ahora bien, de conformidad con el artículo 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se habilita a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que realicen la notificación personal del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones, por lo que en todo momento deberá extremar las precauciones necesarias a fin de salvaguardar su salud y de las demás personas con las que interactúe; en la inteligencia que, de no ser voluntad de la parte quejosa firmar la constancia de notificación respectiva, deberá levantar constancia de ello, en la que asiente si se hizo o no sabedor del auto a notificar. Uso de medios electrónicos y obtención de copias. Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas, previa acreditación 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Juicio de Amparo Indirecto 67/2022-XII de la personalidad del solicitante en autos; siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo, reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 28 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de la adscripción para que haga entrega del oficio dirigido a la autoridad responsable en el domicilio donde ésta resida, asimismo se habilitan días y horas inhábiles a fin de que realice las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6o., fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 2o., 5o., fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa en el correo electrónico liccarlosagarcia@gmail.com. 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Julio César Sarmiento Hernández, Secretario que autoriza y da fe

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