ROSARIO GARCÍA SILVA y Otros.
Expediente 296/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ROSARIO GARCÍA SILVA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA I San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente como concluido Con fundamento en los artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Valor histórico, jurídico y de relevancia documental Este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en los artículos 17, fracción II y 18, fracción I del acuerdo en comento. Directriz establecida en el manual correspondiente En términos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en su punto 7.4, se estableció como lineamiento que los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables", con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Depuración del expediente Con esa base, si bien se desechó la demanda en este juicio de amparo; sin embargo, en auto de quince marzo pasado, emitido por el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien previno, en el juicio de amparo 116/2021 de su índice, origen de este juicio de amparo en que se actúa, concedió la suspensión de plano, por lo cual deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, -área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal-, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado, en relación con el precitado punto 7.4 del referido Manual. Lo anterior es así, en virtud de que el supuesto de marras, no se encuentra contemplado expresamente en el mencionado Acuerdo General. Anotaciones en carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la representante común de las quejosas en el lugar en que se encuentra recluida.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese la boleta de turno con número de registro 002427/2021, de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, a la que adjunta el oficio número 2217/2021 signado por el Actuario Adscrito al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad der México; demanda de amparo promovida por Enrique Guerrero Aviña a favor de "....... ; proveído de quince de marzo del presente año y demás constancias que obran en el juicio de amparo 116/2021, del índice de dicho Juzgado; por estimar que dicho Juzgado carece de competencia legal para conocer del asunto. Ahora bien, del análisis del acuerdo contenido en el mencionado oficio, dictado por la autoridad declinante, se advierte que dicho órgano jurisdiccional estimó carecer de competencia por razón de territorio, con fundamento en el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el numeral 37 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que las agraviadas "...... , se encuentran recluidas en el Centro de Reinserción Social Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado y ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito con residencia en esta población, en consecuencia, este Juzgado acepta seguir conociendo del juicio de amparo de que se trata avocándose a su conocimiento; por lo anterior, acúsese recibo; fórmese expediente y regístrese en el correspondiente libro de este Juzgado bajo el número 296/2021, y continúese el procedimiento respectivo. Solicitud de constancias Toda vez que el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad der México, proveyó respecto de la suspensión de plano; solicítesele tenga a bien remitir las constancias de notificación realizadas a las autoridades responsables respecto de dicha medida, así como los informes que en su caso haya recibido. Acto reclamado y autoridad En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que las quejosas reclaman la orden de traslado, y como consecuencia de ello la incomunicación, a las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Director del Centro de Reinserción Social Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; Subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Estado de Oaxaca; Director del Centro de Reinserción Social número 1 El Altiplano; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 4 Noreste; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 5 Oriente ; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 6 Sureste; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 7 Nor-Noreste; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 8 Nor-Poniente; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 9 Norte; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 10 Nor-Noreste; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 11 CPS Sonora; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 12 CPS Guanajuato; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 13 CPS Oaxaca; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 14 CPS Durango; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 15 CPS Chiapas; Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 CPS Morelos; Director del Centro Federal de Reinserción Psicosocial CEFEREPSI. Desechamiento En ese tenor, contra el citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no agotó el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se podía revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo -principio de definitividad-. Dicho principio consiste en que el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa, que son aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, y que tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto. De esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos. Cabe destacar que del citado numeral se desprende como excepciones al principio de definitividad; es decir, que se puede acudir al juicio constitucional sin necesidad de agotar previamente lo medios de defensa ordinarios: Cuando las leyes ordinarias no suspendan los efectos del acto reclamado, y se oficiosamente o a través de los juicios, recursos o medios de defensa que en las mismas establecen; los alcances de esa suspensión, no sean los mismos que prevé la Ley de Amparo, o exija mayores requisitos que los que se consignan en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, o un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto reclamado en sí mismo, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Y Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; se aleguen violaciones directas a la Constitución; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la Ley aplicable contemple su existencia. En el caso, se toma en consideración que no existe constancia de que las quejosas hubieran agotado algún medio ordinario de defensa en contra del traslado aducido, sino que acudieron directamente al juicio de amparo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, explicó que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como al citado artículo 18 y 1º Constitucional, publicada el diez de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Tales modificaciones introdujeron un verdadero control judicial en el sistema penitenciario, pues se delimitó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones, mientras que al Poder Judicial se le confirió la potestad de ejecutar lo juzgado a través de los "jueces de ejecución de sentencias". De esta forma, con el nuevo sistema penitenciario, corresponde a las autoridades judiciales en materia penal y en especial a los jueces de ejecución ?tanto en el ámbito federal como local?, supervisar, conocer y resolver todas las cuestiones de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, las controversias que se produzcan en los centros de reinserción social, así como controlar las decisiones que adopte la administración penitenciaria sobre la ejecución. Lo anterior, para velar que en todo momento se garanticen y efectivicen los derechos humanos. Precisamente, dichas atribuciones contribuyen para lograr los objetivos de las reformas constitucionales de referencia, consistentes en: terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en la ejecución de las sanciones, que el Poder Judicial vigile el cumplimiento estricto de la pena, evitar el rompimiento de la secuencia derivada de la propia sentencia, así como la consolidación de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario nacional ?el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte?. En ese orden de ideas, la Primera Sala consideró que para lograr la consolidación del nuevo sistema, se hizo patente la necesidad de crear una ley única y de aplicación en toda la República, que unificara los procedimientos y criterios correspondientes. Esto, para dotar de certeza y seguridad jurídica en condiciones de igualdad a los justiciables, así como para garantizar un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente. En adición a que la ley debía contribuir: i) al cumplimiento de las medidas dictadas por un juez calificado; ii) a que los centros de reclusión contaran con medios de prevención, seguridad y de adecuado funcionamiento; y iii) a la necesidad de que el Estado respetara y cumpliera los medios de reinserción social en beneficio de las personas privadas de su libertad, evitando que vuelvan a delinquir. Metas que solo se lograrían con una normativa que auxiliara a concretar la figura del juez de ejecución al señalar expresamente las cuestiones que serían competencia exclusiva de la autoridad judicial ?como la imposición de las penas, su modificación, su duración, entre otras?, y que de igual forma delimitara las funciones de las autoridades que intervienen en la ejecución de las sanciones y el internamiento preventivo. Entonces, se propuso la creación de una ley que reglamentara los derechos establecidos en los preceptos constitucionales 18 y 21, en la parte relativa a la judicialización de la ejecución penal y al régimen de reinserción social, siendo una de sus bases la protección de los derechos humanos de los internos. Así, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entró en vigor al día siguiente. Por lo que a partir de su vigencia y de acuerdo a su artículo 2, la norma aludida es de observancia general en todo el territorio nacional ?en el fuero federal o local?, respecto de los actos relativos a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias privativas de la libertad, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Aunado a que el transitorio tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estableció que con su entrada en vigor, quedarían abrogadas las normas que regularan la ejecución de las sanciones penales en las entidades federativas y la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Sumado a que los procedimientos que aún se encontraran en trámite, debían sustanciarse conforme a la legislación aplicable a su inicio, pero con la aplicación de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la nueva ley, de acuerdo con el principio pro persona. En ese contexto, según el artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, su objeto es establecer las normas e implementar los mecanismos para resolver las controversias que se susciten, en relación con el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en un marco irrestricto de derechos humanos. De modo que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que: 97. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. 98. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. [Lo destacado es propio] En el caso, la parte quejosa reclamó una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a una autoridad administrativa y señaló que no siguieron las formalidades de ley, ya dicha actuación no se comunicó al juez de Ejecución a disposición de quien se encuentran. Actualmente, conforme al régimen penitenciario las autoridades administrativas ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciaria, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal también se desprende una facultad legal y expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No obstante ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las específicas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Empero, en ese caso, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa pueda ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que proceda de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Ahora, en el caso se infiere que las quejosas reclaman la orden de traslado a diverso Centro Penitenciario del que actualmente se encuentran (Centro de Reinserción Social Femenil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca), y con motivo de ello el ataque a la liberta personal fuera de procedimiento y la incomunicación. Como se dijo el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé el traslado urgente, el cual establece: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." El traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de las persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Respecto a esa determinación administrativa, como se adelantó, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida: el recurso de apelación o la controversia judicial, cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que la calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, cuando se presenten casos, como el que reclama el quejoso, en el que no se tiene certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados, en términos del artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además, a través del aludido medio de defensa, la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, puede acceder a la suspensión de la orden de traslado emitida por una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, sin que para ello se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni se establezca un plazo mayor que el previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional como lo requiere la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se puede advertir de los artículos 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por lo que se concluye, que la orden de traslado urgente o excepcional, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. De ahí que previamente a la promoción del juicio del amparo indirecto, las quejosas deben agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Al no haberlo hecho así, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad. IGUAL CRITERIO SOSTUVO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJAS 36/2020 Y 46/2020.En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata.
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