Rosario García Romero

Expediente 1482/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1482/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Rosario García Romero
  • Fiscalia General de la Republica

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo ****86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de ***juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, ***a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1482/2021-l, promovido por ********************, por su propio derecho; y RESULTANDO: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ******************** promovió amparo indirecto contra actos del Coordinador General de Servicios Periciales con residencia en Ciudad de México y otras autoridades, la cual fue turnada y recibida el veinte de septiembre siguiente por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Segundo. Incompetencia por territorio. Previa radicación de la demanda y desahogo de las prevenciones formuladas, mediante auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en funciones de Juez de Distrito se declaró incompetente por territorio para conocer del asunto y declinó competencia al Juez de Distrito en el Estado de Morelos en turno. El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos turnó a este órgano jurisdiccional la demanda de amparo, la cual fue recibida el mismo día. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda promovida por ******************** contra actos del Coordinador General de Servicios Periciales con residencia en la Ciudad de México y otras, se requirieron los informes justificados, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde tiene ejecución el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: El oficio número FGR/AIC/CGSP/0534/2021, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual se comunica a la quejosa el cambio de adscripción. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Morelos y al Fiscal General de la República, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la solicitante de amparo hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia del acto atribuido, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que además se corrobora con copia del oficio FGR/AIC/CGSP/0534/2021, adjuntada por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda y por la autoridad responsable a su informe justificado; prueba valorada conjuntamente con la aceptación de la autoridad responsable, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Quinto. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. En ese sentido, la suscrita juzgadora de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado no le depara afectación alguna a la parte quejosa. La causa de improcedencia invocada establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Dicho precepto, en su primera hipótesis, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley. Ahora, la instancia de parte agraviada es uno de los principios que rige al juicio de amparo, el cual se encuentra previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. En relación con lo expuesto, el artículo 107, fracción I, del Pacto Federal establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, como puede verse en la transcripción siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" En relación con dicho numeral, se citan los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta una afectación a sus intereses jurídicos o legítimos. Conforme a los preceptos citados, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos a los gobernados y las garantías otorgadas por la Constitución, y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Como lo analizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 487/2013, la demostración del interés jurídico o legítimo, que suponen un agravio a la esfera jurídica de la parte quejosa, se erige como un presupuesto procesal, a fin de determinar la naturaleza de las normas generales reclamadas como autoaplicativas o heteroaplicativas, "puesto que sólo con ese análisis se puede identificar si las normas generan o no una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa." En la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10ª), la Segunda Sala del Alto Tribunal precisó los elementos constitutivos del interés jurídico y del interés legítimo, como presupuestos para promover la instancia constitucional. Dicha jurisprudencia es del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Sobre esa base, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que los elementos constitutivos del interés jurídico y del legítimo, presupuestos para la procedencia del juicio de amparo son: Interés jurídico Interés legítimo Demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Demostrar la existencia de una norma constitucional en la cual se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Acreditar que el acto reclamado afecta ese derecho (de donde deriva el agravio correspondiente). Acreditar que el acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Demostrar que el promovente pertenece a esa colectividad. Entonces, para acudir al juicio de amparo podrá acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés legítimo o jurídico. Ahora, debe entenderse por parte agraviada, quien al acudir a este medio de control cumpla con alguna de las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Lo anterior se aprecia del criterio con rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, la quejosa combate el oficio número FGR/AIC/CGSP/0534/2021, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual se comunica su cambio de adscripción de Morelos a Michoacán. De su contenido, se obtiene que la solicitante de amparo fue reasignada en funciones de Perito Técnico Ejecutivo "B" en la especialidad de Balística Forense a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Michoacán, y dentro de la motivación asentada se hace referencia a razones de necesidad en redistribución del personal en función de la estructura y distribución geográfica de los órganos ministeriales, atendiendo a la incidencia delictiva, circunstancias geográficas, características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional y los fenómenos criminógenos. La autoridad funda su actuar en la Ley de la Fiscalía General de la República, en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como en los Lineamientos L/003/19. Bajo esa línea, no se observa que la sola emisión del oficio impugnado irrogue perjuicio en su esfera de derechos, ya que de su lectura no se desprende que se desconozcan o disminuyan sus funciones, condiciones o derechos, como son la antigüedad, prestaciones, salario y que, en su caso, venía desempeñando dentro de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Morelos. Al respecto, es oportuno mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2004 en relación con el cambio de adscripción de los agentes de Seguridad Pública, determinó que la orden de cambiar de adscripción por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del policía readscrito, siempre y cuando en atención a dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo, toda vez que el derecho de la inamovilidad en los funcionarios a que fue destinado no se encuentra reconocido en las normas que le rigen. Dicho criterio fue reiterado por la referida Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 331/2010, de donde derivó la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, de rubro: "POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES." Tal criterio se estima aplicable en el caso en tanto que los agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, al igual que el personal sustantivo y de transición con funciones administrativas adscritos a las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República, guardan una relación de naturaleza administrativa con el Estado y, por tanto, no tienen derecho a la inamovilidad en el empleo. En este contexto, tomando en consideración los criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, la suscrita juzgadora estima que el oficio combatido, se traduce en un cambio de adscripción de la promovente de amparo, sin que en el mismo se indique la modificación de su jerarquía, nivel y derechos laborales, ni de las percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. Lo anterior, al no existir medio de prueba en contrario, tendiente a demostrar que con la ejecución del oficio reclamado se asigne a la quejosa un cargo diverso al desempeñado en la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Morelos, o bien, se imponga una reducción en el salario percibido; pues en todo momento y por necesidades del servicio o para el mejor desempeño de su cargo en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignada a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin implicar pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.6 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO." Ahora bien, de la revisión a las constancias que integran el juicio de amparo, así como de las manifestaciones expuestas por la solicitante, se aprecia que -considera- el cambio de adscripción afecta su esfera jurídica, debido a que no se le proporcionaron los recursos económicos necesarios para trasladarse a su nuevo lugar de trabajo, ni vivienda, lo cual conlleva a realizar diversas erogaciones impactando su salario. Sin embargo, partiendo de que las disposiciones administrativas aplicables a la relación de la quejosa con la Fiscalía General de la República no prevén tales prestaciones a favor del personal transferido, es que la decisión reclamada no repercute en su esfera de derechos. Por otro lado, el hecho de que la decisión combatida pudiera dificultar el cumplimiento de sus deberes para con su hijo adolescente o con los cuidados a su madre, no constituye una razón jurídica para la procedencia del juicio, pues únicamente se traduce en una manifestación por la cual pretende evidenciar un inconveniente a consecuencia de cambiar su residencia actual. Además, si bien la causa de improcedencia en estudio implica imponerse del contenido del acto reclamado, de la legislación de la materia y demás constancias que obran en autos, ese análisis no conlleva a considerar que se vincule forzosamente el fondo del asunto y, por ende, que se deba efectuar el examen propuesto en el escrito de demanda, dado que tal estudio se realiza para verificar si el particular encuadra al criterio sostenido por el alto tribunal, lo que en el caso no acontece. En ese sentido, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Apoya al razonamiento anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". Resulta ilustrativo el criterio sustentado en sesión de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 343/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, toda vez que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de ********************, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías. Sexto. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos y razones expuestos en las consideraciones tercera y quinta de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron, ante el Secretario Edgar Martín Peña López, que da fe.Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1482/2021-l, promovido por ********************, por su propio derecho; y RESULTANDO: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ******************** promovió amparo indirecto contra actos del Coordinador General de Servicios Periciales con residencia en Ciudad de México y otras autoridades, la cual fue turnada y recibida el veinte de septiembre siguiente por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Segundo. Incompetencia por territorio. Previa radicación de la demanda y desahogo de las prevenciones formuladas, mediante auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en funciones de Juez de Distrito se declaró incompetente por territorio para conocer del asunto y declinó competencia al Juez de Distrito en el Estado de Morelos en turno. El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos turnó a este órgano jurisdiccional la demanda de amparo, la cual fue recibida el mismo día. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda promovida por ******************** contra actos del Coordinador General de Servicios Periciales con residencia en la Ciudad de México y otras, se requirieron los informes justificados, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde tiene ejecución el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: El oficio número FGR/AIC/CGSP/0534/2021, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual se comunica a la quejosa el cambio de adscripción. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Morelos y al Fiscal General de la República, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la solicitante de amparo hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia del acto atribuido, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que además se corrobora con copia del oficio FGR/AIC/CGSP/0534/2021, adjuntada por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda y por la autoridad responsable a su informe justificado; prueba valorada conjuntamente con la aceptación de la autoridad responsable, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Quinto. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. En ese sentido, la suscrita juzgadora de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado no le depara afectación alguna a la parte quejosa. La causa de improcedencia invocada establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Dicho precepto, en su primera hipótesis, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley. Ahora, la instancia de parte agraviada es uno de los principios que rige al juicio de amparo, el cual se encuentra previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. En relación con lo expuesto, el artículo 107, fracción I, del Pacto Federal establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, como puede verse en la transcripción siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" En relación con dicho numeral, se citan los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta una afectación a sus intereses jurídicos o legítimos. Conforme a los preceptos citados, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos a los gobernados y las garantías otorgadas por la Constitución, y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Como lo analizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 487/2013, la demostración del interés jurídico o legítimo, que suponen un agravio a la esfera jurídica de la parte quejosa, se erige como un presupuesto procesal, a fin de determinar la naturaleza de las normas generales reclamadas como autoaplicativas o heteroaplicativas, "puesto que sólo con ese análisis se puede identificar si las normas generan o no una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa." En la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10ª), la Segunda Sala del Alto Tribunal precisó los elementos constitutivos del interés jurídico y del interés legítimo, como presupuestos para promover la instancia constitucional. Dicha jurisprudencia es del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Sobre esa base, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que los elementos constitutivos del interés jurídico y del legítimo, presupuestos para la procedencia del juicio de amparo son: Interés jurídico Interés legítimo Demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Demostrar la existencia de una norma constitucional en la cual se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Acreditar que el acto reclamado afecta ese derecho (de donde deriva el agravio correspondiente). Acreditar que el acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Demostrar que el promovente pertenece a esa colectividad. Entonces, para acudir al juicio de amparo podrá acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés legítimo o jurídico. Ahora, debe entenderse por parte agraviada, quien al acudir a este medio de control cumpla con alguna de las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Lo anterior se aprecia del criterio con rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, la quejosa combate el oficio número FGR/AIC/CGSP/0534/2021, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual se comunica su cambio de adscripción de Morelos a Michoacán. De su contenido, se obtiene que la solicitante de amparo fue reasignada en funciones de Perito Técnico Ejecutivo "B" en la especialidad de Balística Forense a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Michoacán, y dentro de la motivación asentada se hace referencia a razones de necesidad en redistribución del personal en función de la estructura y distribución geográfica de los órganos ministeriales, atendiendo a la incidencia delictiva, circunstancias geográficas, características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional y los fenómenos criminógenos. La autoridad funda su actuar en la Ley de la Fiscalía General de la República, en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como en los Lineamientos L/003/19. Bajo esa línea, no se observa que la sola emisión del oficio impugnado irrogue perjuicio en su esfera de derechos, ya que de su lectura no se desprende que se desconozcan o disminuyan sus funciones, condiciones o derechos, como son la antigüedad, prestaciones, salario y que, en su caso, venía desempeñando dentro de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Morelos. Al respecto, es oportuno mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2004 en relación con el cambio de adscripción de los agentes de Seguridad Pública, determinó que la orden de cambiar de adscripción por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del policía readscrito, siempre y cuando en atención a dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo, toda vez que el derecho de la inamovilidad en los funcionarios a que fue destinado no se encuentra reconocido en las normas que le rigen. Dicho criterio fue reiterado por la referida Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 331/2010, de donde derivó la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, de rubro: "POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES." Tal criterio se estima aplicable en el caso en tanto que los agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, al igual que el personal sustantivo y de transición con funciones administrativas adscritos a las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República, guardan una relación de naturaleza administrativa con el Estado y, por tanto, no tienen derecho a la inamovilidad en el empleo. En este contexto, tomando en consideración los criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, la suscrita juzgadora estima que el oficio combatido, se traduce en un cambio de adscripción de la promovente de amparo, sin que en el mismo se indique la modificación de su jerarquía, nivel y derechos laborales, ni de las percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. Lo anterior, al no existir medio de prueba en contrario, tendiente a demostrar que con la ejecución del oficio reclamado se asigne a la quejosa un cargo diverso al desempeñado en la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Morelos, o bien, se imponga una reducción en el salario percibido; pues en todo momento y por necesidades del servicio o para el mejor desempeño de su cargo en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignada a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin implicar pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.6 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO." Ahora bien, de la revisión a las constancias que integran el juicio de amparo, así como de las manifestaciones expuestas por la solicitante, se aprecia que -considera- el cambio de adscripción afecta su esfera jurídica, debido a que no se le proporcionaron los recursos económicos necesarios para trasladarse a su nuevo lugar de trabajo, ni vivienda, lo cual conlleva a realizar diversas erogaciones impactando su salario. Sin embargo, partiendo de que las disposiciones administrativas aplicables a la relación de la quejosa con la Fiscalía General de la República no prevén tales prestaciones a favor del personal transferido, es que la decisión reclamada no repercute en su esfera de derechos. Por otro lado, el hecho de que la decisión combatida pudiera dificultar el cumplimiento de sus deberes para con su hijo adolescente o con los cuidados a su madre, no constituye una razón jurídica para la procedencia del juicio, pues únicamente se traduce en una manifestación por la cual pretende evidenciar un inconveniente a consecuencia de cambiar su residencia actual. Además, si bien la causa de improcedencia en estudio implica imponerse del contenido del acto reclamado, de la legislación de la materia y demás constancias que obran en autos, ese análisis no conlleva a considerar que se vincule forzosamente el fondo del asunto y, por ende, que se deba efectuar el examen propuesto en el escrito de demanda, dado que tal estudio se realiza para verificar si el particular encuadra al criterio sostenido por el alto tribunal, lo que en el caso no acontece. En ese sentido, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Apoya al razonamiento anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". Resulta ilustrativo el criterio sustentado en sesión de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 343/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, toda vez que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de ********************, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías. Sexto. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos y razones expuestos en las consideraciones tercera y quinta de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron, ante el Secretario Edgar Martín Peña López, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República, con residencia en Ciudad de México, mediante el cual remite las constancias solicitadas en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós; en su atención, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto; lo anterior, toda vez que mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se acordó lo conducente respecto a su contenido. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguense para que obren como legalmente correspondan los oficios provenientes de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República, con residencia en Ciudad de México, mediante el cual remite las constancias solicitadas en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós. En virtud de lo anterior, dese vista a las partes, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, que autoriza y da fe.

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