Rosario García Romero

Expediente 1214/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1214/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
18/11/2021

Partes del expediente

  • Rosario García Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese los presentes autos el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, por el que informa que se avoca al conocimiento del presente asunto y acusa de recibo de los autos que le fueron remitidos. En virtud de lo antes expuesto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General; lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes transcurridos tres años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el tercer párrafo del numeral antes precisado. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. Por otra parte, téngase por realizada la certificación de cuenta en la que teniendo a la vista el presente expediente, se advierte que no obran glosados documentos originales presentados por la parte quejosa. Notifíquese.

  2. Principal

    Comparecencia. Agréguese a los presentes autos, la comparecencia de Rosario García Romero, por la que ratifica la firma del escrito recibido en la Oficialía de Partes de éste Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, registrado con el folio de correspondencia 16660 razón por la cual, se dejan sin efectos los apercibimientos decretados mediante proveído de primero de octubre del año en curso. Escrito de desahogo Ahora bien, visto el escrito inicial de demanda, así como el escrito de desahogo, se procede a acordar lo conducente. Toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por territorio, que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. En la especie, la parte quejosa acudió ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, señalando como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: En el escrito de desahogo la quejosa preciso los actos y autoridades responsables, quedando de la siguiente manera: "(.) (.)" De lo anterior, se advierte que el acto que en esencia se reclama lo es el oficio de seis de septiembre de dos mil veintiuno en el que se ordena el cambio de adscripción de la quejosa a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Michoacán. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierten los siguientes antecedentes: "(.) (.) (.)" De lo anteriormente transcrito, se advierte que la quejosa presta sus servicios para la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos y es ahí en donde se materializará la ejecución del acto reclamado. En razón de lo anterior, se estima que la competencia para conocer y resolver del presente juicio de garantías es a un Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. En primer término, es de destacarse que la regla general de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.". Del precepto anterior, se desprende que la competencia para conocer de la demanda de amparo se fija de acuerdo a la ejecución del acto reclamado, surgiendo diversas hipótesis atendiendo al lugar en donde el acto: a) deba tener ejecución; b) trate de ejecutarse; c) se haya ejecutado; o, d) se ejecute. Ahora bien, "ejecución", conforme al Diccionario de la Lengua Española, significa acción y efecto de ejecutar, mientras que el término "ejecutar" también conforme a dicho diccionario significa "consumar" y "cumplir". En el caso, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa impugna el oficio FGR/AIC/CGSP/0534/2021/, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se determina su cambio de adscripción de Cuernavaca Morelos al Estado de Michoacán, por lo tanto, la ejecución, consumación o cumplimiento del acto reclamado, en su caso, será en el Estado de Morelos, en razón de que es donde se ejecutó el acto y donde desarrolla sus actividades profesionales la quejosa, es en dicho estado, por lo que se concluye que este juzgado no es competente por territorio, toda vez que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado. En consecuencia, el acto que reclama el promovente se encuentra fuera de la esfera competencial que corresponde a este órgano jurisdiccional, en consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, el juicio de amparo 1214/2021, así como las copias de la demanda de amparo, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, pues se estima competente para conocer de la presente demanda de amparo, por los motivos antes expuestos. Debe precisarse que no ha lugar a proveer sobre la suspensión, toda vez que no se está en el supuesto de los actos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Sin que sea óbice a lo anterior, que el numeral 48 de la ley de la materia, señale que cuando un juez de Distrito se declare legalmente incompetente para conocer de un asunto que ante él se haya promovido, comunicará su resolución al Juez o Magistrado que en su concepto deba conocer del mismo, acompañándole copia de la demanda para que decida si acepta conocer del juicio, y que en el presente caso se ha determinado remitir no sólo copia de la demanda, sino el original de la misma junto con sus copias y anexos, supuesto que con tal proceder se tiende a dar celeridad a la substanciación del procedimiento, atento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional que prevé el principio de expedites en la impartición de justicia, por lo que en ese sentido, se insiste, se le remite el original y copias de la demanda de amparo con anexos, asi como del escrito de desahogo (tal como fueron presentados ante este órgano jurisdiccional), a efecto de que si decide aceptar la competencia que se le plantea se avoque a su conocimiento dentro del término que para ello contempla el ordenamiento legal en cita. En prevención a un conflicto competencial, resérvese una copia de la demanda; fórmese cuaderno de antecedentes relativo a este juicio de amparo número 1214/2021. De igual forma, se solicita al juzgado en mención que de no tener inconveniente legal alguno haga del conocimiento de este juzgado la determinación que asuma sobre el particular. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa en atención a la Jurisprudencia P.J. 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primero, página cincuenta y cinco, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese el escrito presuntamente signado por la quejosa Rosario García Romero, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de veintiuno de septiembre del año en curso. Ahora bien, toda vez que la firma que calza el escrito de mérito, difiere del escrito inicial de demanda, circunstancia que es advertida por este órgano jurisdiccional, pues a simple vista no existe identidad entre las mismas, y si bien es cierto que el Juzgador de amparo no es perito en grafoscopía, también lo es que, ante la evidente, notoria e indudable diferencia de esas firmas, se puede concluir que no se requiere de tales conocimientos para advertir esa circunstancia. Tal situación se advierte de la siguiente reproducción: FIRMA DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA FIRMA ESCRITO DE DESAHOGO En ese sentido y previo a acordar lo que en derecho proceda, con el fin de que este órgano jurisdiccional se cerciore de que el escrito en mención que ahora se provee fue efectivamente promovido por Rosario García Romero; requiérase para que se presente ante este Juzgado de Distrito, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 1950, Ala Norte, segundo piso, colonia Tlacopac, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01049, en esta Ciudad de México, con identificación oficial y vigente y, copia de la misma a fin de que ratifique el contenido y firma de su escrito de mérito, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, reconozca si es suya la firma que calza el escrito de mérito que ahora se provee, manifestando si corresponde a su puño y letra, advertido de los delitos en que incurre quien declara con falsedad ante la autoridad judicial. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Tiene aplicación al caso por analogía, la Jurisprudencia 202, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, consultable en la página 165, que en su rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Igualmente, en lo conducente, la tesis número III.1o.T.Aux2K, del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en la página 1945, tomo XXXI, de mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA ASENTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LA CONSTITUYE LA QUE A SIMPLE VISTA PRESENTA RASGOS GRAFOLÓGICOS SIMILARES A AQUÉLLA Y, EN CONSECUENCIA, EL JUZGADOR DEBE DICTAR EL ACUERDO QUE EN DERECHO PROCEDA." Asimismo, se le informa que el reconocimiento de firma constituye un acto de carácter personalísimo que sólo ella puede realizar, debido a que la persona que faltare a la verdad en declaraciones judiciales puede incurrir en la comisión del delito previsto en el artículo 247, fracción IV, párrafo primero, del Código Penal Federal, que es del tenor siguiente: "Artículo 247.- Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa: IV.- Al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirmando un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales." Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VII.1o.C.12K (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página 1716, libro I, tomo 3, de octubre de dos mil once, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro expresa: "RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ATRIBUIDA AL QUEJOSO. AL SER UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO ÉSTE PUEDE REALIZAR, SU RATIFICACIÓN NO PUEDE EFECTUARSE POR SU APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL." Asimismo, se informa al ocursante que la determinación tomada es con el objetivo de darle protección en contra de la práctica de que cualquier persona no autorizada promueva a su nombre. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Asimismo, se hace del conocimiento de los justiciables el contenido del artículo 231, fracción IV, del Código Penal Federal, que prevé: "231. Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los abogados, a los patronos, o a los litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando cometan algunos de los delitos siguientes: (.) IV. Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley". En vista de lo anterior, se ordena generar la cita correspondiente en el Módulo de Registro de Visita a Órgano Jurisdiccional para que el promovente se encuentre en condiciones de ingresar a este recinto judicial en la hora y fecha propuestas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades responsables el embargo trabado sobre diversas cuentas bancarias administradas su nombre, derivado de un procedimiento administrativo de ejecución que a su consideración, debió suspenderse con motivo del medio ordinario interpuesto en sede administrativa. Corrobora lo anterior, lo plasmado en el escrito inicial de demanda, del que se advierte en lo que interesa que el catorce de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa fue notificada de las cédulas de liquidación relativas a los créditos fiscales 203005315 y 208005315 periodo 03/2020. Al efecto, interpuso recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual fue registrado bajo el expediente 00800/2020, sin que en autos obren las constancias relativas ni se conozca su estado procesal. En mérito de lo anterior, toda vez que los actos reclamados derivan de los créditos previamente impugnados; con fundamento en los artículos 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase al Consejo Consultivo de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en plazo de tres días contado a partir de la notificación respectiva, remita copia certificada de las actuaciones relevantes del expediente 00800/2020; asimismo, informe el estado procesal que guarda; o en su defecto, manifieste la imposibilidad para cumplir con lo requerido. Apercibido que en caso de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, será sancionada con multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Para dar tiempo a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada en este fecha y en su lugar se fijan las trece horas con diecinueve minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Cabe aclarar que la fecha de audiencia constitucional en este juicio de amparo se fija en razón a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, por lo que no es posible programar su celebración con fecha anterior a la señalada. Apoya lo anterior la jurisprudencia 92, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, del Tomo VI, del apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de la Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394048, del contenido siguiente: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL. No obstante la terminante disposición del párrafo primero del artículo 147 de la Ley de Amparo, que manda fijar la audiencia, a más tardar, dentro del término de treinta días, contados a partir del en que se dicta el auto en que se admite la demanda, debe declararse infundada la queja que se haga valer contra la resolución por la cual el juez de Distrito señala como fecha para la celebración de la audiencia, una posterior a la prescrita por la Ley, si consta que el juzgado se encuentra materialmente imposibilitado para acatar el citado artículo 147, en virtud del gran número de asuntos de que debe conocer, que ocupan todos los días anteriores al señalado para la audiencia del quejoso." Notifíquese.

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