Rosario Flores Jaime

Expediente 2344/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2344/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Rosario Flores Jaime

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, en el que se determinó sobreseer el juicio que nos ocupa fuera de audiencia, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Valoración del expediente. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo. En estos momentos, la secretaria certifica que: de la revisión acuciosa que se realiza a las constancias que integran el presente juicio, se tiene que no existen pruebas pendientes de desahogar o que se hubiera reservado proveer respecto su admisión o desechamiento; asimismo, que se señaló con el carácter de responsable al Titular de la Oficina Concentradora de Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Ahora, la secretaria certifica: que en el expediente electrónico en que se actúa se observa que no existe recurso pendiente de resolver por la superioridad que implique que no sea factible la celebración de la presente audiencia constitucional, certificación y autos que integran el expediente electrónico con lo que se da cuenta a la secretaria encargada del despacho. Además, la secretaria hace una relación oral de todas y cada una de las constancias que obran en este juicio. En ese orden, el Juez declara abierto el periodo de pruebas, por tanto, téngase por hecha la relación de constancias que de manera verbal efectuó la secretaria; la que atendiendo al principio de economía procesal no habrá de transcribirse, ya que no existe precepto legal alguno que obligue a ello, merced de que han quedado debidamente relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario hacer referencia a cada una de ellas. En apoyo de la anterior consideración, tiene aplicación por analogía el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL"2. La secretaria hace constar las pruebas ofrecidas por las partes que así lo hicieron. Asimismo, la secretaria certifica: que no existen pruebas pendientes de desahogar o que se hubiera reservado proveer respecto su admisión o desechamiento. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes durante la tramitación de este juicio, las cuales serán tomadas en cuenta al resolver en definitiva el presente juicio. Al no existir más pruebas pendientes por recibir o desahogar, se cierra la etapa probatoria. Enseguida, el Juez declara abierto el período de alegatos y la secretaria hace constar ninguna de las partes los formuló. Al respecto, el Juez acuerda: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la ley de la materia, al no haber manifestaciones hechas por las partes ni pendientes por recibir, se da por concluida la presente etapa. El Juez provee: Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se cierra la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2344/2021, promovido por Rosario Flores Jaime, por derecho propio contra actos del Titular de la Oficina Concentradora de Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito de demanda presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; Rosario Flores Jaime, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos ahí precisados, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno; previa prevención cumplida; se admitió la demanda de amparo; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a una autoridad asignada a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: Al Titular de la Oficina Concentradora de Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, le reclama: La omisión de emplazar y notificar a la parte demandada -Fuente de trabajo y Rafael Preciado González-, en el juicio laboral 664/2020-A. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Es cierto el acto reclamado al Titular de la Oficina Concentradora de Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistente en la omisión de emplazar y notificar a la parte demandada -Fuente de trabajo y Rafael Preciado González-, en el juicio laboral 664/2020-A; ello, toda vez que no obstante que al rendir su informe con justificación, ni negó o acepto, el acto reclamado, sin embargo de las manifestaciones y documentales anexas a su informe con justificación se evidencia la certeza del acto reclamado; ello, toda vez que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable había sido omisa en emplazar a la parte demandada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sin número, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, con número de registro electrónico 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206346, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 3/94, página 15), del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Asimismo, es aplicable la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 207528, Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia(s): Común, página 273, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Lo que se corrobora con las constancias que agrega a su informe en copias certificadas, las cuales gozan de valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de sus facultades legales, de conformidad con los artículos 79, 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese sentido, con relación acto reclamado consistente en la omisión de emplazar y notificar a la parte demandada -Fuente de trabajo y Rafael Preciado González-, en el juicio laboral 664/2020-A; del análisis del informe de ley y de las constancias remitidas a éste juicio de amparo, el suscrito estima se encuentra actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Dicho precepto legal, establece la figura jurídica de cesación de efectos del acto reclamado, la cual se actualiza cuando ante la existencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o han sido destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Ahora bien, de una interpretación sistemática a la norma legal citada, se deduce que dicha causa de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber: i. Por revocación; o, ii. Por sustitución procesal. La primera de las hipótesis -revocación- se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, por la autoridad responsable, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la segunda -sustitución procesal-, se materializa cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Sirve apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que, en constancias actuariales de veintiocho de enero de dos mil veintidós el Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalajara, Jalisco, asentó que no le fue posible cumplimentar lo ordenado en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, al no encontrar calle señalada para emplazar a los demandados -calle loma larga-, con lo que corrió traslado el Presidente Auxiliar de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. De lo anterior se colige que, en la especie, no persiste la omisión reclamada en la demanda de amparo, sino que actualmente existe imposibilidad para emplazar a los demandados, pues, no obstante de ser la autoridad encargada de realizar las notificaciones en un juicio laboral conforme lo dispuesto en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones, o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." De las constancias anexas al informe justificado rendido por la responsable, queda de manifiesto que el Actuario notificador, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, desplegó acciones dirigidas al emplazamiento y notificación de la parte demandada -Fuente de trabajo y Rafael Preciado González-, en el juicio laboral 664/2020-A; sin que le fuera posible, por razones ajenas a este, concretar las diligencias encomendadas. Lo que motivó, que este procediera a suspender la diligencia ordenada, levantara la constancia respectiva y procediera a correr traslado con la misma al Presidente Auxiliar de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. En ese tenor, como se señaló, de lo expuesto se advierte que la cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza en el presente asunto, toda vez que, la conducta omisiva atribuida, fue sustituida por las razones de imposibilidad levantadas en veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, en las que la "nueva situación" vigente es la imposibilidad del actuario responsable para cumplir con lo encomendado en veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en relación al emplazamiento de las demandadas, con lo que dio cuenta a la Junta de conocimiento, de ahí que, se sostenga que, en la especie, han cesado los efectos de lo reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia en Materia Común de la Novena Época con registro digital 193758, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa tesis aislada en Materia Común de la Novena Época con registro digital 176744, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 845, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Además, no debe pasarse por alto que en el caso de los juicios de amparo, en los que se reclama una omisión o dilación en el juicio laboral, en caso de conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, esa concesión se delimita en función del acto reclamado, no ha subsecuentes actuaciones. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, por este acto aquí referido. En esa virtud, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el impetrante de garantías, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto analizado en párrafos anteriores, procede decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosario Flores Jaime, contra los actos reclamados al Titular de la Oficina Concentradora de Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el comunicado signado por el Juez Segundo de lo Civil de Chapala, Jalisco, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el Despacho 1/2022, Orden 1/2022 del índice de este juzgado, que fue remitido a fin de notificar a la tercera interesada ****, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, el requerimiento contenido en auto de tres de enero pasado; en consecuencia, se tiene por recibida la citada comunicación oficial para los efectos legales conducentes, la que se ordena agregar para que obre como constancia y surta los efectos legales correspondientes. Acuse de estilo. Dese de baja, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes (SISE) y acúsese recibo. Se toma nota. Finalmente, se toma nota que el dos de febrero de la presente anualidad, se interrumpió la conexión de red en el inmueble de Ciudad Judicial Federal, lugar donde se encuentra ubicado este órgano jurisdiccional, afectando así las labores presenciales y remotas del personal adscrito, lo que ocasionó que la promoción de cuenta no se acordara en el término establecido por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y, por oficio al Juez despachado.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Certificación. Vista la certificación que antecede, se tiene que a la fecha no obra la constancia de notificación por oficio a la autoridad responsable, así como la diversa dirigida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno -auto admisorio-. Determinación. En ese orden, se instruye al actuario judicial adscrito para que de manera inmediata, de no haber realizado lo conducente, cumpla con lo acordado en la fecha antedicha y, de ya haberlo hecho, anexe la constancia que así lo acredite a este expediente. Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las trece horas con cincuenta y tres minutos del siete de marzo de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese; y cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Karla Raquel Pedroza Coronado, que autoriza y da fe. RAAG/KRPC/Maa

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