Rosario Elizabeth Rincón Plata

Expediente 807/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
807/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Rosario Elizabeth Rincón Plata

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que únicamente la parte quejosa formuló manifestaciones respecto de la vista concedida mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, dentro del término concedido para tal efecto, con relación al cumplimiento que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por Ministerio de Ley, dio al fallo protector decretado en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, este Juzgado de Distrito, procede a resolver si de acuerdo a las constancias que obran en autos el fallo protector está o no cumplido. Ahora bien, mediante sentencia de seis de octubre de dos mil veinte, emitida por este Juzgado Federal, se resolvió: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por --------, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada ---------, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a -------------------, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada ------------, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos señalados en el último de esta sentencia. " Dicha resolución fue para el efecto de que la autoridad responsable: (.) ? Dejar insubsistente el emplazamiento realizado a --------------, sociedad anónima de capital variable y las subsecuentes actuaciones seguidas en el juicio laboral J.4BIS/119/2017, incluyendo el laudo dictado en su contra, así como su ejecución, y provea lo que en derecho proceda, únicamente por cuanto hace a la moral quejosa. Concesión de amparo que se hizo extensiva al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, quien deberá de actuar conforme lo determine la Junta ordenadora en cumplimiento a la presente ejecutoria. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, mediante oficio registrado con el número 9639, la Presidenta de dicha Junta, en cumplimiento al fallo protector, remitió copias certificadas de los autos de quince y treinta ambas datas de octubre de dos mil veinte, constancias con las cuales acredita su dicho, de los cuales se desprende lo siguiente: "EXPEDIENTE LABORAL: J.4BIS/119/2017 TOCA DE AMPARO: TAIJ4BIS/85/2019 AMPARO 679/2019-IV QUEJOSO: SOLUCIONES Y APLICACIOBES EN PROCEDIMIENTOS INTRAMUROS, S.A. DE C.V. TERCERO INTERESADO: OSCAR FERNANDO PACHECO ARMAS. TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. VISTOS, los oficios número 13257/2020, 13258/2020, 13259/2020 y 13260/2020, presentados ante la oficialía de partes de esta Junta en fechas ocho de octubre de dos mil veinte, suscritos por el LIC. LUIS DANIEL HERNÁNDEZ ORTIZ, Secretario de Acuerdos del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, atento a su contenido SE PROVEE: I.- En relación a los oficios de cuenta, se toma conocimiento que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan en el juicio de amparo 467/2020, resolvió: "PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por SOLUCIONES Y APLICACIONES EN PROCEDIMIENTOS INTRAMUROS, S.A DE C.V. por conducto de su apoderada María Antonieta Escobedo Iglesias, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege SOLUCIONES Y APLICACIONES EN PROCEDIMIENTOS INTRAMUROS, S.A DE C.V. por conducto de su apoderada María Antonieta Escobedo Iglesias, por los motivos expuestos en el considerando sexto." II.- A efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su resolutivo segundo, se deja insubsistente el emplazamiento realizado a SOLUCIONES Y APLICACIONES EN PROCEDIMIENTOS INTRAMUROS, S.A DE C.V. y las subsecuentes actuaciones seguidas en el juicio laboral J.4BIS/119/2017, incluyendo el laudo dictado en su contra, así como su ejecución, únicamente por cuanto hace a la quejosa. III. En consecuencia, se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo una audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, subsistiendo para las partes los apercibimientos y prevenciones decretados en el auto de radicación de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, para el caso de que no comparezca el día y hora indicados. Se comisiona al C. Actuario de esta Junta para que se constituya en el domicilio de la demandada SOLUCIONES Y APLICACIONES EN PROCEDIMIENTOS INTRAMUROS, S.A DE C.V., ubicado en VÍA GUSTAVO BAZ PRADA, NÚMERO 389, COLONIA EX HACIENDA DE CRISTO, S.P. 53138 NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, y proceda a notificarlos y emplazarlos legalmente a juicio, corriéndoles traslado con copias simples de la demanda, del acuerdo de radicación de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, escrito presentado en fecha seis de junio de dos mil diecisiete, audiencia de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete y del presente acuerdo, debidamente selladas y cotejadas. Lo anterior con fundamento en los artículos 17, 18, 620 fracción II, inciso a), 685, 687, 721, 731 fracción 735, 739 al 744, 746, al 750, 776, 870 al 879 de la Ley Federal del Trabajo. ." En relatadas circunstancias, a juicio de este juzgador, el acatamiento realizado por la autoridad responsable satisface los lineamientos expuestos en la ejecutoria de mérito, puesto que la autoridad responsable, dejó insubsistente el emplazamiento realizado a Soluciones y Aplicaciones en Procedimientos Intramuros, S.A DE C.V., dentro del juicio laboral J.4BIS/119/2017, y las subsecuentes actuaciones, incluyendo el laudo y su ejecución únicamente por lo que hace a la aquí quejosa; asimismo, acordó comisionar al actuario de su adscripción a efecto de que llevara a cabo el emplazamiento al juicio de origen de la ahora quejosa; en consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Sin que la autoridad responsable, haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento al fallo protector, pues como ya se estableció en párrafo que antecede, cumplió con el núcleo esencial de la obligación. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional, llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cumplida, hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo para los efectos del artículo 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a las manifestaciones realizadas por la moral quejosa Soluciones y Aplicaciones en Procedimientos Intramuros, sociedad anónima de capital variable, mediante escrito registrado con número de folio 10014, a través de su apoderado legal, en el sentido de que a la fecha de la presentación de dicho ocurso, no se había llevado a cabo la diligencia correspondiente al emplazamiento de dicha moral al juicio laboral de origen. En esa virtud, se hace del conocimiento que como ya fue precisado en líneas precedentes, los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, únicamente fueron para que dicha responsable dejara sin efectos el emplazamiento ordenado dentro del juicio laboral de original por lo que hace a la aquí quejosa, así como las subsecuentes actuaciones incluyendo el laudo dictado en su contra, y acordara lo conducente; situación que ya fue cumplida por parte de la autoridad responsable, sin que en dichos efectos alcanzara la circunstancia de verificar su llamamiento a juicio. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por ----------, en su carácter de Contralor Interno Municipal del Municipio de Huehuetoca, Estado de México, personalidad que acredita con la copia certificada de su nombramiento expedido por el Presidente Municipal de Huehuetoca, Estado de México, contra actos de la Auditoria Especial de Informes Mensuales y Planeación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 807/2020-VIII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Para ello, se debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una???????parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para determinar en forma contundente la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, indudable significa evidente, lo que no puede ponerse en duda, que al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, Página 1631, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Así como en la de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, Página 803, cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Por lo que ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintitrés causas de improcedencia establecidas en el ordinal 61 de la Ley de Amparo, su última fracción contempla que procede sobreseer el juicio, si la misma deriva de cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, caso en que procede a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, pues a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo la tesis VIII.2o.C.T.1 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, página 1669, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DESDE SU PRESENTACIÓN, NO ESTÁ OBLIGADO A OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL DIVERSO ARTÍCULO 113 DE LA MISMA LEY. Si se trata del juicio de amparo indirecto, la obligación prevista en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, sólo se surte a cargo del Juez de Distrito una vez que se haya tramitado el respectivo juicio de amparo, mas no cuando el juzgador federal advierta la actualización del motivo de improcedencia desde la presentación de la demanda, lo anterior, porque el numeral en cuestión se refiere a que se advierta de oficio la actualización de una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes", lo cual presupone el previo trámite del respectivo juicio constitucional, en tanto que sólo así, dicha causal podría hacerse valer por alguna de las partes pero, además, porque en términos del artículo 113 de la citada ley, el juzgador federal conserva la facultad de desechar de plano la demanda de amparo." En el caso la parte quejosa -atendiendo a la causa de pedirseñala como acto reclamado el siguiente: "PROMOCIÓN DE ACCIONES DE LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL EJERCICIO 2020, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO OSFEM/AEIMP/DPC/DAPPM/1078/2020, EN CUANTO HACE AL PÁRRAFO TERCERO, RENGLÓN TERCERO QUE A LA LETRA DICE: "Al respecto, le comento que dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que reciba la notificación del presente oficio, deberá remitir las acciones que emprenda vinculadas con resultados de la revisión que por esta vía se le remiten, información que deberá entregar de forma completa, correcta y oportuna, anexando el soporte documental que subsane los resultados de la revisión al presupuesto anual del ejercicio 2020, mediante escrito original debidamente firmado, haciendo referencia al número de este oficio, en las oficinas que ocupa este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sito en Calle Mariano Matamoros, número 124, Colonia Centro, Toluca de Lerdo. México, C.P. 50000." Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado en estudio, el suscrito estima que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud que se evidencia la causa de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, con relación al 6º, este a contrario sensu, ambos de la Ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Para establecer la improcedencia del juicio biinstancial, con base en las hipótesis de mérito, es conveniente precisar que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I, del artículo 107 Constitucional, relacionado con el diverso 6º, de la Ley de Amparo, El referido principio se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para el juicio de amparo. Dicho principio consiste en que el acto que se reclame en la vía de amparo, invariablemente debe causar un perjuicio directo a los derechos e intereses de quien solicite la protección constitucional, situación que en el caso, no se materializa. Lo anterior es así ya que si bien es cierto que la parte quejosa reclama de la Auditoria Especial de Informes Mensuales y Planeación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la emisión del oficio OSFEM/AEIMP/DPC/DAPPM/1078/2020, por el cual se requiere a la aquí quejosa para que dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que reciba la notificación del mismo, remita a dicha autoridad el soporte documental que subsane los resultados de la revisión al presupuesto anual del ejercicio dos mil veinte. Sin embargo, debe establecerse que con la emisión de dicho oficio, la ahora quejosa no resiente una afectación directa en sus derechos fundamentales. En efecto, la quejosa acudió a esta instancia constitucional reclamando la emisión del referido oficio por el que 'se le requirió para que dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al en que recibiera la notificación del mismo, remita las acciones que emprendió vinculadas con resultados de la revisión que por esa vía le fueron remitidas, información que deberá entregar de forma completa, correcta y oportuna, anexando el soporte documental que subsane los resultados de la revisión al presupuesto anual del ejercicio 2020 (dos mil veinte), mediante escrito original debidamente firmado, haciendo referencia al número de oficio'; sin embargo es inconcuso que la afectación de que se duele, no se materializa, pues se trata simplemente de un requerimiento y por lo tanto, no existe un agravio personal y directo en donde se determine en su caso que incumplió con el mismo o se le imponga alguna sanción por virtud de su inobservancia, que le inste a emprender los medios de impugnación que estime pertinentes. Se afirma lo anterior porque el hecho de que una autoridad solicite a otra diversa información o soporte documental, no causa una afectación a los derechos de la promovente de amparo, pues en todo caso lo que podría causar un perjuicio será la respuesta que se dé a dicha solicitud, lo que además es un acto futuro e incierto la autoridad requerida podría negarse a proporcionar la información que le fue solicitada. Así, del estudio de la demanda en cuestión no se advierte que exista algún acto que produzca un agravio personal, directo y sobre todo actual a la promovente, esto es, la causa de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la gobernada que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 6, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior porque, se insiste, la sola emisión del oficio reclamado no le causa un agravio personal y directo que lesione su esfera jurídica para demandar el amparo y protección de la justicia federal, pues únicamente se le está solicitando cierta información sobre los resultados de la revisión al presupuesto anual del ejercicio dos mil veinte del ayuntamiento para el cual labora. Entonces, de lo antes expuesto es innegable que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 6º, de la Ley de Amparo, el último a contrario sensu, en relación a la presente demanda de amparo, promovida por Rosario Elizabeth Rincón Plata, en su carácter de Contralor Interno Municipal del Municipio de Huehuetoca, Estado de México, situación que obliga a DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página trescientos dieciséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la solo lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Tesis de artículo 73 fracción IV actos que ya fueron materia de otra ejecutoria de amparo." Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". -------- En diverso aspecto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Plaza Hidalgo, -------------Municipal de Huehuetoca, Estado de México.---- También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Se tienen como autorizados de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones, recoger documentos y valores, quienes podrán gozar de las amplias facultades que le confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, una vez acrediten que su cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 221 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que 1 Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente." de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales2, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Por lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un correo electrónico; así como el número telefónico, para los efectos antes precisados, esto es, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así; ahora, para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita; parámetros que el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos por la parte promovente. En diverso aspecto, se hace del conocimiento del promovente que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. 2 ". CUARTO. Las personas justiciables podrán acceder al micrositio de "Servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda, y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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