Rosario del Carmen González Ortega y Otros.

Expediente 685/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
685/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Rosario del Carmen González Ortega
  • Rosario del Carmen González Ortega y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Promoción. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del laudo de veinticuatro de septiembre del año en curso, dictado en el expediente laboral J/O/505/2017, de su índice. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que exhibe la autoridad responsable en cita. Acto reclamado. En el caso, se advierte, que la peticionaria de amparo reclama: la omisión de dictar laudo en el expediente laboral J/O/505/2017. Cesación de acto. En ese contexto, contra el acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.". "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del análisis de la constancia que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, consistente en copia certificada del laudo de veinticuatro de septiembre del año en curso, derivado del juicio laboral J/O/505/2017, de su índice, se advierte que la junta responsable antes mencionada dictó el laudo respectivo, omisión que constituía el acto reclamado. En consecuencia, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos del acto reclamado; el que quedó sin efecto al emitirse el laudo de veinticuatro de septiembre del año en curso, por lo que la afectación que se dolía la peticionaria de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la quejosa en el goce de la garantía violada. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Época: Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página: 38). Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que para esta fecha está prevista la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedidos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que rinda su informe justificado, toda vez que se notificó el treinta de agosto del año en curso, como se aprecia en el acuse de recibo que obra en autos. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional de esta fecha y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo que promueve Rosario del Carmen González Ortega a través de su apoderado legal Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, personalidad que acredita con carta poder de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 685/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Incidente de suspensión. En el presente caso la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado, razón por la que se tramitara sin incidente de suspensión. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la Privada de la Cuarta sur Poniente 536, Planta Alta entre 18 y 19 Poniente Colonia Penipak, de esta ciudad. Ténganse por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Buenrostro Silva, Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, Jonathan Gómez Arce e Ingrid Paulette Díaz Borraz, y en restringidos términos del citado numeral a Francisca Borraz González y Roger Gamboa Buenrostro, por así haber sido solicitado por el promovente. Ministerio Público. En términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo, exhórtese a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de doscientos días de salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. De igual manera, informe sí es procedente algún recurso o medio de impugnación en contra del acto reclamado. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar los oficios de emplazamiento respectivos, se ordenará que la peticionaria de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibida que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. Requerimiento. Requiérase a la autoridad para que informe si el quejoso ha promovido diverso juicio contra el mismo acto reclamado, o bien, si dentro del expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, se han promovido diversos juicios de amparo y en su caso, remita las constancias relativas; lo anterior, de acuerdo con la facultad de recabar oficiosamente las pruebas que se estimen necesarias para mejor proveer, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplir lo ordenado, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Habilitación actuarial. En términos del precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Pruebas. La parte quejosa ofrece pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. La Secretaría deberá hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Reproducción electrónica y entrega de copias. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Usuario. De igual forma, en atención a que la parte quejosa solicita el acceso y notificación mediante el expediente electrónico, con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza el acceso y las notificaciones en la vía que solicita, para lo cual refiere que su nombre de usuario es "miguel_fbr", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Instrucción al Secretario encargado del trámite. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule el usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Correo electrónico. Por otro lado, respecto al número telefónico y correo electrónico que proporciona, como lo establece el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, será únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Tercero interesado. En cuanto al tercero interesado se determina que no le recae tal carácter, porque el acto reclamado incide solamente en los derechos procesales de la parte quejosa; por consiguiente, no se tendrá en este juicio con tal calidad al mencionado. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el expediente se tramitará con supresión de los datos personales que resulten sensibles para el sistema electrónico dispuesto al respecto, salvo oposición que se presente por escrito, en que se haga manifestación indubitable que es deseo de alguna de las partes la publicación de su datos personales. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE SETIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].

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